Por Emilio Grande (h.).- El máximo tribunal resolvió que el gobierno nacional violó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, establecida en la reforma de la Constitucional Nacional en 1994 en Santa Fe, con el decreto que había dispuesto el cese de las clases presenciales.
El fallo fue unánime con las firmas de su presidente Carlos Rosenkrantz, Juan Maqueda y los santafesinos Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti; en tanto, Elena Highton de Nolasco se abstuvo, entendiendo que el caso no era de competencia del tribunal.
Los jueces criticaron la falta de fundamentación del decreto de Alberto Fernández, advirtieron que la emergencia tiene límites y el gobierno nacional solo puede “regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las provincias”.
Hay que recordar que tanto Maqueda como Rosatti fueron convencionales constituyentes en la reforma del 94, en la que se le dio autonomía a la Capital Federal, estableciendo la elección popular de sus gobernantes. Así, tiene la jerarquía de una provincia dentro del sistema federal. La Constitución Nacional es clara en el artículo 1º: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal”.
La iracundia del oficialismo no se hizo esperar: es patética y lamentable. La vicepresidente Cristina de Kirchner comparó el fallo con un “golpe institucional” y Alberto Fernández arremetió, expresando: “dicten las sentencias que quieran, vamos a seguir haciendo lo que debemos”.
El Presidente extremó sus críticas al fallo, acusando a los magistrados de usar las sentencias para “favorecer a candidatos” y sumó a los medios en sus diatribas: “nada nos va a hacer cambiar de idea, ni el fallo de un tribunal ni la tapa de un diario. Escriban lo que les plazca”.
¿Cuando habla Alberto lo hace a título personal o en nombre de Cristina, quien reniega de la división de poderes? A decir verdad, con el cuestionado decreto, se extralimitó en sus funciones como jefe de Ejecutivo.
La Carta Magna es sabia en materia de división de poderes, con atribuciones específicas para el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, buscando un sano equilibrio para que no haya primacía de uno sobre otros. En esta oportunidad, el derecho a la educación no puede ser afectado.
En este contexto, el colectivo de “padres organizados” evalúa interponer amparos en provincias que tienen suspendidas las clases, esgrimiendo los argumentos del máximo tribunal. En la provincia de Buenos Aires no hay clases en el Gran Buenos Aires y la medida restrictiva del gobernador Axel Kicillof alcanza a un total de 47 municipios bonaerenses, recibiendo fuertes quejas con protestas por parte de la comunidad educativa.
Por su parte, el gobernador Omar Perotti se volvió a equivocar con la suspensión de clases en los departamentos Rosario y San Lorenzo, cosechando movilizaciones y cacerolazos de muchos ciudadanos en el centro de la ciudad de Rosario. Se dejó manejar por el Ministerio de Salud de la Nación por una supuesta “alarma epidemiológica y sanitaria” por el coronavirus.
Al respecto, el diputado nacional Federico Angelini presentó este viernes un recurso de amparo para que regresen las clases en los departamentos mencionados. Lamentables fueron las declaraciones de la ministra de Educación Adriana Cantero, expresando que «judicializar la vuelta de la presencialidad atenta contra la democracia».
En 2020 fue casi un año perdido en materia educativa porque las clases virtuales no suplanta la presencialidad de la enseñanza ni del aprendizaje, tampoco reemplaza la socialización, marginando a muchos que no tienen internet o deben compartir un solo dispositivo existente en la casa. Hay que reiterarlo, además de que es un servicio esencial para la sociedad, la escuela no constituye un espacio de transmisión del virus.
Concluyó con una opinión de la psicóloga y escritora Maritchu Seitún en el diario La Nación: “Hoy la situación es muy distinta: no tenemos resto emocional ni económico-financiero, ya sabemos de qué se trata y lo que ocurre cuando nos quedamos en casa durante tanto tiempo. Tememos que se repita ese encierro que resultó innecesariamente largo y no cumplió con los objetivos”.