Investigación y análisis de la ley de servicios de comunicación audiovisual 26.522

Universidad Católica de Santiago del Estero Departamento Académico Rafaela Tecnicatura en Periodismo Cátedra: Periodismo Radiofónico Profesor: Emilio Grande

Investigación realizada por los alumnos de tercer año Marianela Petitte y Lucas Pignoni. 2009

Al inicio de este trabajo, las pautas que regían el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina eran establecidas por un decreto-ley denominado Ley Nacional de Radiodifusión Nº 22.285. Esta ley había sido promulgada durante la dictadura militar presidida por Jorge Rafael Videla, el 15 de septiembre de 1980. Como todo vestigio de aquella época de Argentina, el decreto-ley 22.285 ha generado controversia desde hace ya muchos años (al punto de haber sido modificada reiteradas veces) y nadie duda el hecho de que cualquier ley promulgada por un gobierno de facto debe ser reemplazada eventualmente. Entre otras cuestiones, y como es frecuente en temas relacionados a las dictaduras de Latinoamérica, los artículos de la ley 22.285 respetaban la facultad de libertad de expresión e información, siempre y cuando esto no afecte cuestiones de Seguridad Nacional. Además, esta ley no concebía el otorgamiento de licencias a organizaciones sin fines de lucro, y permitía (mediante una modificación efectuada por el gobierno menemista) el surgimiento de monopolios informativos como los que presenciamos hoy en día. Otro factor que reforzaba la necesidad de reemplazar este decreto por otra ley, es el gran avance tecnológico que han atravesado durante las últimas décadas los servicios relacionados a la comunicación audiovisual. En este sentido, el decreto-ley resultaba obsoleto, ya que el mismo se refería como “nuevas tecnologías” a las radios FM, lo cual evidencia la falta de actualidad de este decreto y, en consecuencia, la imposibilidad de adecuación de las pautas establecidas en el mismo a las condiciones del contexto actual. Desde el regreso de la democracia con el gobierno de Alfonsín, varios proyectos han sido planteados para reemplazar este decreto, pero solo uno tuvo tratamiento en el congreso: el proyecto de “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” presentado por la presidente Cristina Fernández en el año 2009. El proyecto fue impulsado bajo la bandera de terminar con los monopolios informativos y crear pluralidad de voces a partir de la división del mapa de medios de manera equitativa entre las organizaciones comerciales, el Estado y las organizaciones sin fines de lucro. De todas maneras, este proyecto generó más polémica que aquel decreto 22.285, y ha logrado, por un lado, que la sociedad se muestre por primera vez interesada en asuntos de legislación periodística, y por otro, dividirla en dos grupos antagónicos: quienes apoyan el proyecto y quienes no.

En medio de este gran debate nacional, consideramos necesario que tanto los agentes involucrados en el conflicto como la sociedad en su conjunto puedan estar correctamente informados sobre los principales aspectos que componen la nueva ley. Consideramos obligatorio, a su vez, que todos los ciudadanos puedan adquirir los elementos para poder forjarse una opinión respecto a esta situación actual que concierne a todos los sectores de la sociedad. Por estas razones, hemos decidido realizar esta investigación, que tiene como principal objetivo abarcar la ley en su totalidad con finalidad tanto informativa como interpretativa, a partir de la exposición y análisis de información relevante en el tema e interpretaciones y argumentos de profesionales involucrados en el debate desde sus respectivas áreas u oficios. Para lograr este fin, hemos consultado a periodistas, investigadores, políticos y abogados involucrados en el particular, tanto a nivel nacional como local. El objetivo primordial de esta investigación será mostrar los avances, retrocesos e interrogantes que genera este nuevo marco regulatorio.

El 15 de septiembre de 1980, durante la dictadura militar presidida por Jorge Rafael Videla (el denominado “Proceso de Reorganización nacional”) fue promulgada, y sancionada como decreto, la ley 22.285. Esta ley, que deja de estar vigente con la aprobación de la nueva ley, estaba fundada bajo la bandera de libertad de expresión y respeto hacia los derechos humanos. Sin embargo, poseía artículos que legitiman la existencia de límites a la libertad de expresión e información en los casos que fuera necesario . Pero independientemente del contenido de sus artículos, se trata de una ley perteneciente a una dictadura y que, por tanto, no posee sanción del congreso. Pertenece a una etapa de Argentina en la cual los derechos humanos fueron socavados y la libertad (de cualquier índole) era inexistente para muchos, en especial para periodistas, artistas y militantes de partidos políticos y gremiales. Es, efectivamente, un decreto que resulta obsoleto en nuestros tiempos y que debía ser reemplazado eventualmente por otra ley: una que surgiera de un Estado en democracia y que partiera del consenso con el pueblo y de la búsqueda del bien común. Los presidentes Raúl Alfonsín en 1988, Carlos Saúl Menem en 1993 y Fernando de la Rúa en 2001, habían presentado proyectos de ley para reemplazar la citada norma militar, pero ninguno de estos llegó a ser tratado, al igual que varios otros presentados por legisladores. Por esta razón, a fines del año 2003 surge la “Coalición por una Radiodifusión Democrática”, compuesta por diferentes organizaciones populares con un mismo objetivo: generar el planteo de una ley que reemplace el decreto de la dictadura. De esta manera a principios del año 2004, la coalición redactó 21 puntos que consideraban indispensables para la constitución del nuevo marco legal, y que fueron retomados por Cristina Fernández para la redacción del proyecto de la ley actual. Entre otras cuestiones, los “21 puntos por el Derecho a la Comunicación” plantean que es necesario descentralizar y democratizar los medios de comunicación, a partir de limitar la cantidad de licencias que un mismo grupo puede adquirir (logrando así la desintegración de los monopolios informativos) y brindar a las organizaciones sin fines de lucro la posibilidad de obtener licencias. Plantearon así la necesidad de “reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro” .

El sábado 10 de octubre de 2009, fue sancionada, tras casi 20 horas de debate en el Senado, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Hubo, sin embargo, grandes debates en torno a esta propuesta que dividió al país en dos grupos antagónicos: quienes apoyaban la ley y quienes no. Estos grupos, a diferencia de otros casos, no incluyen únicamente a políticos y periodistas o trabajadores del sector afectados por la ley, sino que se componen también por parte de la sociedad que, sin estar involucrada directamente en el tema, ha mostrado un interés y compromiso en el debate sin antecedentes. Es decir, por primera vez se ha logrado que el pueblo se interese, se informe y debata sobre un tema de legislación periodística audiovisual, lo cual es altamente positivo independientemente del contenido de la ley.

Por un lado, se encuentran aquellos que defienden e impulsaron la ley basados principalmente en la necesidad de desmonopolizar el acceso a la información y las emisiones de la misma. Sus fundamentos se enmarcan en los artículos que aseguran la disponibilidad de un 33% de frecuencias de todas las bandas para el sector privado, 33% para el sector público (estatal no gubernamental) y 33% para organizaciones privadas sin fines de lucro; y también en aquellos que establecen parámetros a partir de los cuales se podrá evaluar la moral de los contenidos emitidos. Otro punto que ha sido defendido y que ha condicionado la opinión de muchos es la promoción que esta ley brinda a la producción local, a partir del establecimiento de límites cuantitativos a la emisión de contenidos extranjeros o de Buenos Aires (para los medios del interior), y de un mínimo obligatorio de producción local que debe ser respetado. Para los servicios de radiodifusión sonora se establece un mínimo de 50% de producción propia y local para los privados y no estatales, y 60% de producción local y propia para los estatales. Para los servicios de radiodifusión televisiva abierta, el mínimo es de 30% de producción propia . Según la diputada nacional Elda Jerez de Juan, “esta es la oportunidad para que los medios regionales puedan difundir sus voces y los habitantes no solamente deban informarse desde los medios de las grandes ciudades”. Para entender el cambio que esto implica en relación al panorama actual, es necesario aclarar que hoy en día aproximadamente el 93% de los medios audiovisuales de comunicación pertenecen al sector comercial privado, principalmente a cuatro grandes grupos económicos. En la entrevista que le realizamos, el concejal Atilio José Pignoni nos responde: “Los monopolios coartan la libertad de los hombres. Cada persona conforma sus

propios pensamientos. Si no tiene posibilidades de escuchar muchas ideas, tendrá una formación limitada”. Resulta indiscutible, entonces, la existencia de monopolios informativos, que es necesario eliminar por varios motivos: – Como es conocido, la producción, tratamiento, selección y jerarquización de la información que se emite en un medio dependen de la “línea editorial” del mismo. Por línea editorial se entiende el resultado de ideologías políticas, económicas, culturales y sociales que determinan todo grado de subjetividad a la hora de elaborar la programación de un medio. La línea editorial depende, en gran parte, del propietario del medio en cuestión. Cuando hablamos de monopolios informativos, hablamos de una gran cantidad de medios que pertenecen a un mismo propietario, por lo cual poseen líneas editoriales similares (cuando no idénticas). Esto disminuye la pluralidad de voces en la medida en que la mayoría de los medios a los que accedemos pertenecen a un mismo grupo de personas, responden por lo tanto a una misma línea editorial, y nos brindan una sola versión fragmentada de la realidad. El periodista Fernando Quaglia expresa al respecto que “siempre la concentración de la prensa en pocas manos es perjudicial. Cuantas más voces haya, mejor. Mucho más en un país como el nuestro en el que una raíz autoritaria determina cada tanto que se intente amordazar al periodismo libre”. – Los monopolios, independientemente del rubro al que pertenezcan, provocan la acumulación de capital para unos pocos e indisponibilidad de mercado de trabajo para otros, que no pueden competir en presupuestos, calidad de producción y cantidad de frecuencias.

  • Los monopolios informativos pueden generar desempleo, teniendo en cuenta que al pertenecer la mayoría de los medios a una misma persona o grupo, cuando un empleado pierde su trabajo en uno de estos medios es posible que se le cierren muchas otras puertas, situación que no sucedería si la pertenencia de los medios fuera plural. “Si veinte canales están en las mismas manos, hay veinte canales donde uno, si no concuerda ideológicamente con los propietarios, no puede trabajar. En cambio, si hay veinte canales en distintas manos, hay veinte posibilidades de trabajar en distintas empresas”, confirma el locutor y periodista Víctor Hugo Morales. Estos grupos que poseen gran parte de los medios de comunicación audiovisual nacionales tienen, a partir del día que la ley entró en vigencia, un año para desprenderse de aquellas frecuencias que excedan la cantidad de licencias a las que permite acceder el nuevo marco regulatorio. Según el periodista y político Carlos Borgna, “el 33% para lo público, lo privado y lo comunitario es la base desde donde se sustenta la pluralidad. Toda mi vida he considerado que no deben existir monopolios, no solo en las comunicaciones, sino en ningún sector estratégico del desarrollo del país”. Pero, aunque la gran mayoría de personas que ha opinado coincide en la positividad de los puntos recién mencionados, algunos no creen que la promoción de la producción local y la democratización del espectro de frecuencias sea suficiente para sancionar una ley. Por esta razón, y probablemente a causa de la paulatina decadencia que ha sufrido estos últimos dos años la imagen del gobierno nacional actual, algunos consideran que bajo la bandera de la libertad de información y la pluralidad de voces, se esconde el verdadero motivo por el cual (sospechan) la ley fue impulsada en primera instancia: por un lado la guerra

personal (casi infantil) con el grupo Clarín, y por otro, la supuesta intención de controlar lo que se dice en los medios en pos de favorecer la imagen propia. Fernando Quaglia dejó en claro su disconformidad: “La ley deja muchas dudas. Mucho más cuando las formas utilizadas por el gobierno nacional para aprobarlas dejan entrever cuestiones relacionadas con las disputas del poder y no con el servicio social de los medios de comunicación”. Es evidente que el hecho de que una ley sea “mejor” a su predecesora no es suficiente para que sea sancionada, independientemente de la ley en cuestión. Una ley en camino a la sanción debe ser perfecta, o en su defecto acercarse lo más que se pueda a la perfección a través de tantas modificaciones al proyecto inicial como sean necesarias. En este sentido se entiende por perfección lograr que la ley surja del consenso general y que sea formulada en representación de los intereses y el bienestar de los ciudadanos. Los argumentos que se plantean en contra de la nueva regulación se fundamentan en dos pilares principales: la inconstitucionalidad de la ley (por no respetar los derechos adquiridos y de propiedad privada al obligar a los propietarios de los medios a desprenderse de los mismos) e intencionalidad de controlar los contenidos emitidos. Para hacer entendible el cuestionamiento sobre la materia constitucional, consultamos al abogado Enrique José Marchiaro, quien considera válidos los argumentos que acusan a esta ley de ser inconstitucional: “Sin duda el plazo de un año afecta derechos adquiridos de actuales operadores que cuentan con licencias otorgadas. La excesiva discrecionalidad que tendrá la autoridad de aplicación también puede ser inconstitucional, dependiendo de cómo se aplique”.

El periodista Luis Majul coincide: “Tampoco creo que sea justo sacarle de un zarpazo la propiedad de los medios a quienes se los dieron hace cinco minutos, porque eso es una aberración jurídica que va a terminar en cientos de juicios millonarios contra el Estado que los vamos a terminar pagando todos los argentinos. Eso debería modificarse si o si”. Sostienen que la división del espectro radiofónico y televisivo en un 33% para cada sector es engañosa ya que el gobierno (que posee alta presencia en la constitución de la autoridad de aplicación) podría otorgar las frecuencias reservadas a organizaciones sin fines de lucro a aquellas que sean afines a la gestión actual. A su vez, existen temores de que el alto porcentaje que adquieren los medios públicos se utilizará con fines gubernamentales (de propaganda y promoción de actividades políticas). La discutida autoridad de aplicación de la presente ley es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que será ejercida por un directorio compuesto por siete miembros nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional. De los siete miembros, dos (un presidente y un director) serán elegidos por el Ejecutivo de turno, tres directores serán propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual (uno por la mayoría o primer minoría, uno por la segunda minoría y uno por la tercera minoría parlamentarias), y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual . En el proyecto originario, la autoridad de aplicación estaba compuesta de cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional, dos de ellos a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual (uno en representación de la segunda minoría y uno por la tercera minoría). Teniendo en cuenta que las votaciones se dan por simple mayoría, surgieron muchas objeciones a este artículo por la gran influencia que le concede al Ejecutivo de turno, ya que tres de los cinco miembros son a su elección. Por esta razón, el artículo que define la naturaleza de la autoridad de aplicación debió ser modificado, aumentando el número de miembros a siete. Esta reforma no logró, sin embargo, convencer a quienes se oponen, principalmente porque se mantiene la posibilidad de que el Ejecutivo ejerza influencia sobre la composición del directorio, debido a las reglas de juego ya mencionadas. Otra modificación que se debió efectuar es el Artículo 10, que en un principio definía a la autoridad como un organismo directamente dependiente de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Luego de la modificación, la creación de la autoridad será en carácter de “organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional” . La discusión no abarca solo los artículos que componen esta nueva legislación. Desde el inicio han surgido dudas sobre la razón por la cual el Gobierno decidió impulsar la ley: ¿Es casual que la misma gestión que en 2005 renovó las licencias otorgadas por Menem a los multimedios quiera ahora desintegrarlos a toda costa? Cuando Néstor Kirchner llega al poder en el año 2003, el grupo Clarín mostró su apoyo al nuevo gobernante. Pero durante la segunda gestión de la pareja (esta vez con Cristina Fernández como cara visible) la situación cambió: Clarín retira su apoyo al matrimonio y opta por denunciar. Es recién en este momento que el Gobierno comienza a mostrar interés por desarmar los monopolios en las comunicaciones, iniciando un gran enfrentamiento que llega a su auge con la presentación del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Ya dos meses antes de la aprobación de la ley, en una operación resuelta en apenas una semana, el Gobierno había logrado que la AFA rompiera su contrato por la televisación del futbol con el multimedio (Clarín). Esta situación tuvo dos principales consecuencias: por un lado, la ruptura del gran negocio del futbol y la estatización del mismo, y por otro, pérdidas económicas para Clarín de 1.500 millones de pesos anuales. El locutor y periodista Daniel López se refiere a este tema: “Kirchner no soporta las críticas, y esto quedó evidenciado por un manejo de los medios que ya venía desde Santa Cruz y se reitera en el ámbito nacional, y eso es lo preocupante, que se tome a los medios como la verdadera oposición y se los quiera acallar o que se quiera tener un enorme porcentaje de la prensa oficialista y vayan quedando muy pocas voces que puedan señalar errores oficiales o denuncien casos de corrupción como ya ha ocurrido y que tanto molestan al gobierno”. El 28 de junio de 2009, se llevaron a cabo en Argentina las elecciones legislativas, cuyo resultado modificó completamente la composición del congreso por la derrota del oficialismo. Los nuevos diputados y senadores asumirán sus cargos el 10 de diciembre de 2009, lo cual generó un nuevo debate ya que existen quienes piensan que, para que la aprobación de la ley sea completamente legítima, se debería haber esperado hasta esa fecha para tratar este proyecto en el Congreso. En respuesta a la urgencia que evidenció el oficialismo por lograr que la ley sea aprobada antes de que se modifique la estructura del Congreso, han surgido voces que discuten la legitimidad de la aprobación. Consideran que el debate fue “lamentable, violándose disposiciones del derecho parlamentario que inciden sobre la validez de la norma y sin duda afectan su legitimidad. Aunque el debate previo al parlamento fue importante, no lo sustituye. Es un tema trascendente que merece un debate que no se dio” . Daniel López explica que “el debate hay que hacerlo con seriedad, sin ese espíritu confrontador, como se está haciendo, porque es una Ley demasiado importante como para sacarla, modificarla o resolverla como si fuera un Boca – River. Hemos esperado décadas para que se perfeccione, y para perfeccionarla hay que hacerlo con seriedad y tranquilidad”. En respuesta a quienes utilizan estos argumentos para desautorizar la ley, Carlos Borgna sostiene: “Es una vergüenza que se utilice este elemento. Hay instituciones, radios comunitarias y organizaciones sociales que vienen desde hace años trabajando este tema. Gestaron los 21 puntos. La verdad es que quienes sustentan ese elemento son los que nunca creyeron que el Gobierno iba a mandar la ley al Congreso y ahora no saben cómo explicar la cuestión”. Un hecho que llamó la atención con respecto a la aprobación de la ley el 10 de octubre de 2009, fue que varios legisladores que en un principio se habían pronunciado en contra del proyecto, finalmente votaron a favor. Tal es el caso de la senadora de la provincia de Corrientes Dora Sánchez quien, luego de haber calificado a la ley como un “mamarracho” y como un riesgo a la libertad de prensa, terminó votando positivamente. Cuando Radio Mitre la entrevistó para pedir explicaciones del cambio de opinión, la senadora admitió haber votado bajo presión, debido a que el voto positivo le permitiría a su provincia suavizar las relaciones con el Gobierno Nacional: “A mi provincia le deben aproximadamente mil millones de pesos. Nosotros estamos en la Corte con un juicio porque el Gobierno nos debe. Se acaban de perder las elecciones del 4 de octubre y pretendemos la transición ordenada que necesita la provincia antes del 10 de diciembre. Hay muchos legisladores que votan presionados”. Efectivamente, fueron varios los legisladores que modificaron su opinión a último momento, y no sería extraño que se trate de algún intercambio en el cual las provincias “regalan” sus votos a cambio de beneficios por parte del Gobierno Nacional. La teoría se hace más factible si se tiene en cuenta la actual crisis económica en la que se encuentran la mayoría de las provincias, a las cuales no les viene nada mal obtener apoyo económico del Gobierno, o al menos cobrar lo que les corresponde. Indudablemente, nos encontramos ante una Ley de características complejas, lo cual complejiza a su vez el debate que la rodea. Se trata del nuevo marco regulatorio de los medios de comunicación audiovisual. Por un lado, las ventajas o desventajas que acarrearía su implementación. Por el otro, un debate parlamentario insuficiente, o al menos dudoso y realizado en tiempo récord. Y por último, la incertidumbre acerca de la intención del Gobierno al impulsarla, pues toda ley, independiente de lo que establezcan sus artículos, puede ser usada para el bien común, o para el bien de pocos. Lamentablemente, habrá que esperar para averiguarlo.

El conjunto de leyes que rigen la vida de una nación en general superan ampliamente a los Gobiernos. Es decir, una ley será positiva o negativa, eficaz o no, independientemente del Gobierno que la impulse. Pero este caso es particularmente distinto. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha recibido muchos nombres determinados por las diferentes posturas: desde “Ley de democratización de medios” hasta “Ley de control K”. La principal razón por la cual este marco regulatorio no puede considerarse por fuera del Gobierno que lo impulsa tiene que ver, principalmente, con las características de dicha gestión. Cristina Fernández de Kirchner siempre ha sido una líder personalista, desde su constante aparición en discursos públicos, inauguraciones y presentaciones de toda índole (y por lo tanto en los medios) hasta su gusto por la confrontación. Es costumbre que ante desacuerdos con algún sector económico (como fue el campo en su momento y hoy es grupo Clarín) Cristina Fernández se incline por no ceder ni habilitar ningún tipo de diálogo, y por efectuar discursos con la intención de que el pueblo tome partido entre ella y sus oponentes. “Divide y reinarás”, proponía Nicolás Maquiavelo al descubrir que un pueblo es más fácil de gobernar si se encuentra dividido, y Cristina lo escuchó. Es por esto que hoy en el pueblo argentino casi no hay intermedios: o se ama o se odia al Gobierno, y lo mismo sucede con la presente ley. Sin dudas se trata de una legislación con algunos puntos altamente positivos. La división equitativa del mapa de medios, el fomento de la producción local y los límites a la cantidad de licencias, son consideraciones imprescindibles si se quiere modificar la situación actual. Pero, ¿son suficientes? Debido a que la ley ya ha sido aprobada, se podría decir que sí. Sin embargo, la cantidad de incertidumbres que surgen, incluso de las votaciones de los legisladores, permiten señalar lo contrario. La pobreza de argumentos con la que los miembros parlamentarios sostuvieron sus votos despierta sospechas sobre la verdadera razón de sus decisiones, y refuerza la teoría de que muchos de ellos votaron presionados por la crisis económica, con la esperanza de que apoyando al oficialismo en esta disputa, sus provincias se podrían ver beneficiadas. Por otro lado, la modificación realizada a la autoridad de aplicación no modifica sustancialmente nada: el oficialismo sigue teniendo gran posibilidad de influencia sobre ésta. En contraposición con el discurso introductor del proyecto, que habla de libertad de expresión y derecho a la información, este último punto parece determinar otra cosa: una vez que comience a implementarse, el gobierno tendrá un poder sobre los medios que nunca tuvo por vía constitucional. Ahora, teniendo en cuenta que la historia de la prensa en Argentina y el resto de Latinoamérica es una historia de censuras, y teniendo en cuenta a la vez la incertidumbre del futuro, debemos preguntarnos hasta qué punto es prudente de parte de los ciudadanos apoyar una ley que otorga tan grande poder a los gobiernos. ¿Hasta qué punto tendrán los medios la capacidad y posibilidad de denunciar las irregularidades de, por ejemplo, un gobierno, sabiendo que el ejecutivo puede quitarles su licencia a gusto y “piacere”? ¿No nos llevaría esto a enfrentar actos masivos de autocensura? Pero sobre todo, es necesario preguntarse hasta que punto será casual que el mismo gobierno que renovó las licencias que Menem había otorgado a los multimedios, promulgue una ley con el objetivo de eliminarlos, en el momento justo en que dejan de hablar a su favor.

Es necesario dejar de lado por un segundo los artículos que la ley contiene, y pensar en las razones por las cuales fue impulsada. Porque no parece probable que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 haya sido promulgada en virtud del bien común, la libre expresión y otros valores dignos de respeto. Por el contrario, cada vez se hace más evidente que este nuevo marco legal no es más que una política reaccionaria de un gobierno confrontador por excelencia, cuya finalidad se relaciona más con proteger el orgullo ganando la batalla contra Clarín que con otra cosa.

Las siguientes entrevistas fueron realizadas a partir de un mismo cuestionario:

  1. ¿Cuál es su postura con respecto al Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?
  2. ¿Cree que, de ser aprobado, propiciará un mapa de medios con más pluralidad?
  3. ¿Cuál es su opinión acerca de los monopolios en las comunicaciones?
  4. ¿Piensa que es válida la postura de aquellos que consideran que la intención del gobierno es controlar la opinión de los medios a partir de esta ley?
  5. ¿Modificaría algún aspecto del proyecto si le fuese posible? ¿Cuál?
  6. ¿Cómo repercutirá en las radios y cables del interior?
  7. Con el resultado electoral del 28 de junio, ¿cree que éste es el momento adecuado para impulsar esta ley?

Fernando Quaglia, periodista y docente:

  1. Si hablamos de los fundamentos del proyecto, es difícil no coincidir con ellos. Si nos referimos a los instrumentos de su implementación, la ley deja muchas dudas. Mucho más cuando las formas utilizadas por el Gobierno Nacional para aprobarla dejan entrever cuestiones relacionadas con las disputas del poder y no con el servicio social de los medios de comunicación.
  2. Ojalá sea así. Que cooperativas y entidades intermedias puedan acceder a licencias de radio y TV es un paso adelante. Ahora bien, ¿cuáles cooperativas, cuáles entidades intermedias? ¿Sólo las afines al gobierno? En otro orden, considero que la pluralidad de los medios no se relaciona directamente con una determinada legislación. Los intentos autoritarios de gobierno siempre han comenzado por vulnerar los principios más elementales de la libre expresión de las ideas. En este caso, luego de la derrota electoral, creo que vamos hacia una radicalización del gobierno que se podrá llevar adelante o no de acuerdo a lo que ocurra con el nuevo parlamento que asumirá el 10 de diciembre.
  3. Siempre la concentración de la prensa en pocas manos es perjudicial. Cuantas más voces haya, mejor. Mucho más en un país como el nuestro en el que una raíz autoritaria determina cada tanto que se intente amordazar al periodismo libre.
  4. Conociendo la raigambre autoritaria de los máximos dirigentes del país, no me cabe ninguna duda.
  5. Modificaría lo referente a la autoridad de aplicación y la revisión de las licencias. Además, pienso que no es posible legislar con efecto retroactivo por lo que la venta compulsiva de medios será motivo de pleitos judiciales muy prolongados y mediáticos. Creo también que la ley avanza sobre las autonomías provinciales, hoy absolutamente menoscabadas por el poder central.
  6. No tengo elementos contundentes para avizorar cómo repercutirá. Es una falacia esto de que se abrirán nuevas fuentes de trabajo para los periodistas con la instrumentación de la ley y la imposibilidad de las cadenas de transmitir más del 30% de sus emisiones en las radios subsidiarias. El mercado laboral de la prensa, como cualquier mercado laboral, está sujeto a condiciones económicas que se alejan de cualquier intención legislativa.
  7. Momento más inoportuno no podían haber elegido. Pero las apuestas políticas de este gobierno siempre sorprenden y eso debe reconocérsele como un mérito, ante la diáspora opositora.

Marina Bertone, periodista: 1. Estamos absolutamente de acuerdo que la ley es obsoleta y que hay que cambiarla, pero esto es más de lo mismo. Es más, hay artículos que se respetaron cosa que contradice con lo que hablan desde el oficialismo. Además me resulta sugestivo que en seis años de gobierno K les desespere hacerlo ya. ¿Por qué no lo hicieron antes? 2. En absoluto. Serán otorgadas las licencias a los amigos del poder. 3. Estoy en contra de los monopolios, creo que debe existir diversidad de posturas y pensamientos. 4. No tengo dudas, se están destapando muchísimos hechos de corrupción y eso les asusta. 5. En primera instancia cambiaria los artículos que tal cual quedaron desde el proceso, le hubiese dado algunas leídas para que no se note que están algunos artículos cortados y pegados sin leerlos de otras leyes de otros países, le daría autonomía al ISER y presupuesto, controlaría mucho más las truchas. 6. Esta ley perjudica al interior. 7. La ley hay que modificarla, pero no a las apuradas, hay que hacer una buena ley. “Tenemos que terminar con la eterna guerra del hombre contra el hombre, e iniciar todos juntos la única guerra que vale la pena, la única en que todos ganan, la guerra del hombre contra el hambre”. Dr. Abel Albino.

Las siguientes entrevistas fueron realizadas a partir de un mismo cuestionario:

  1. ¿Cuál es su postura con respecto al Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?
  2. ¿Cree que, de ser aprobado, propiciará un mapa de medios con más pluralidad?
  3. ¿Cuál es su opinión acerca de los monopolios en las comunicaciones?
  4. ¿Piensa que es válida la postura de aquellos que consideran que la intención del gobierno es controlar la opinión de los medios a partir de esta ley?
  5. ¿Modificaría algún aspecto del proyecto si le fuese posible? ¿Cuál?
  6. ¿Cómo repercutirá en las radios y cables del interior?
  7. Con el resultado electoral del 28 de junio, ¿cree que éste es el momento adecuado para impulsar esta ley?
  8. ¿Considera que son válidos los argumentos que acusan a esta ley de ser inconstitucional?
  9. Con respecto a la autoridad de aplicación que propone esta ley, ¿Piensa que tiene la intención de generar una mayoría a favor de los intereses del gobierno?
  10. ¿Desea hacer algún otro comentario acerca de la legalidad de este proyecto?

Carlos Borgna, político y periodista: 1. Estoy de acuerdo con la aprobación del Proyecto de Ley de Comunicación de Servicios Audiovisuales. 2. Totalmente. Pues el 33% para lo público, lo privado y lo comunitario (ONG) es la base desde donde se sustenta la pluralidad. 3. No sólo lo de las comunicaciones. Toda mi vida he considerado que no deben existir monopolios en sectores estratégicos del desarrollo del país (telecomunicaciones, petróleo, etc.) 4. No es válida. No tiene fundamentos. 5. Sustancialmente no. Tengo la impresión que algunas cuestiones deberán revisarse sobre la marcha o verse en la reglamentación. Significa un cambio importante, y como todo proceso de transformación tendrá que recibir correcciones. 6. Hay radios que están acostumbradas a pagar un canon a una radio de Buenos Aires y después cobrar publicidad y espacios. Hay negocios que deberán revisarse. El tema de cables es uno de esos en donde habrá que verificar cómo se desarrolla la actividad, por ejemplo: si entrarán a participar las cooperativas. El mercado se va a diversificar, no hay dudas. 7. Es una vergüenza que se utilice este elemento. Hay instituciones, radios comunitarias y organizaciones sociales que vienen desde hace años trabajando este tema. Gestaron los 21 puntos. La verdad es que quienes sustentan ese elemento son los que nunca creyeron que el Gobierno iba a mandar la ley al Congreso y ahora no saben cómo explicar la cuestión. Por otro lado, el Parlamento no se renueva en un 100%. Si este Parlamento era bueno si derogaba los “superpoderes”, ¿por qué ahora es malo o no está legitimado para votar este proyecto? 8. El proyecto no es inconstitucional; es más, los que se preocupan por eso se deberían haber preocupado antes por presentar alguna propuesta para superar un decreto ley de la dictadura. 9. Existe una opinión en algunos sectores interesados y en otros por desconocimiento, pues se confunde estado con gobierno. Esta ley más que otras, excederá en su aplicación, alcances y modificaciones al gobierno de Cristina Kirchner; es más, en virtud a que se tendrá que incorporar la digitalización es muy probable que se deba modificar la misma pasados los 2 años. 10. Que la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas considera que el proceso de gestación de esta ley con la participación de la sociedad civil, no sólo es único en el mundo, sino que será elevado como recomendación para todos los países del mundo que todavía no hayan legislado concretamente en la materia.

Elda Jerez de Juan, diputada nacional: 1. Creo que es una ley que debía sancionarse ya que reemplaza a la impuesta por la última dictadura militar. 2. Con este espíritu es que acompañamos este proyecto. Es una herramienta legislativa para evitar la concentración de las fuentes de información. 3. Cualquier monopolio atenta contra las libertades individuales, especialmente el de las comunicaciones. 4. No puedo abrir juicio sobre la postura de los que piensan distintos que yo. 5. Si. Modificaría el tiempo en que se deban adecuar las licencias. El plazo de 1 año favorece la discrecionalidad del poder ejecutivo por lo que propusimos el término de 3 (tres) años. Los pliegos de bases y condiciones para la adjudicación de licencias deberían ser aprobados por el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. El consejo federal debe quedar integrado dentro del plazo de 90 días de la entrada en vigencia de la ley. La autoridad de aplicación debería tener una mayor representación federal y participación efectiva de las asociaciones y actores vinculados con la actividad de medios audiovisuales. La defensoría del público debería ser elegida por audiencias públicas que consideren las oposiciones y antecedentes presentados por las/os candidatos. 6. Creo que esta es la oportunidad para que los medios regionales puedan difundir sus voces y los habitantes no solamente deban informarse desde los medios de las grandes ciudades.

  1. Este Congreso ha sido elegido por voluntad popular, por lo tanto está habilitado y con capacidad para impulsar cualquier tipo de norma que crea necesaria.
  2. Hay otros argumentos que estiman que no es inconstitucional esta ley.
  3. Desde el bloque socialista propusimos una mayor representación federal como ya lo dije antes. No olvidemos que los gobiernos en democracia aumentan su poder solamente con el consenso de los ciudadanos y nuestra sociedad ya ha marcado límites importantes el 28 de junio pasado.
  4. Es un extenso proyecto, muchos de sus artículos nacieron de discusiones de ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, etc, de todo el país. Sin dudas, este es un proyecto perfectible y una de las críticas que me surgen no solamente de este proyecto sino de otros muy importantes es la falta de tiempo para debate parlamentario.

Enrique Marchiaro, abogado: 1. Era y es necesaria una nueva ley en la materia. El debate parlamentario fue lamentable, violándose disposiciones del derecho parlamentario que inciden sobre la validez de la norma y sin duda afectan su legitimidad (el debate previo al parlamento fue importante pero no lo sustituye. Es un tema trascendente que merece un consenso que no se dio). 2. Depende de cómo se la instrumente. Por cómo se manejó el Gobierno nacional en estos temas hay presunciones objetivas que indican que pueden desvirtuarse los objetivos que la misma ley indica. 3. Es un problema complicado porque hay cuestiones de “escala técnica y económica” que requieren grandes grupos en áreas de la comunicación. Guste o no, ello es así en el mundo. Ello luego puede degenerar en monopolios, los que por nuestra ley nacional de defensa de la competencia deben ser controlados y en ocasiones desarticulados. No tengo claro cuáles son los niveles para determinar un monopolio en esta materia en Argentina, tema fundamental para no ideologizar el análisis. 4. Me remito a la 2. 5. El plazo de un año para que se adapten los operadores que violen el máximo de concentración. La revisión de 2 años. La conformación y la estructura de la autoridad de aplicación. La división en tres tercios del espacio radioeléctrico no parece adecuada (excesiva presencia del estado). Es un error mezclar espacio radioeléctrico con cable. También la imposibilidad de cadenas privadas. Y nada se plantea sobre que la TV y la radio pasan cada vez más por internet, entonces puede ser una ley que quede desajustada muy rápido.
6. No puedo opinar, es un tema ajeno a mis conocimientos. 7. Me remito a la 1. 8. Sin duda el plazo de un año afecta derechos adquiridos de actuales operadores que cuentan con licencias otorgadas. La excesiva discrecionalidad que tendrá la autoridad de aplicación también puede ser inconstitucional (depende de cómo se aplique).

Atilio Pignoni, concejal:

  1. Las leyes, no ésta en particular, deben estar al servicio del desarrollo social y el crecimiento individual de los ciudadanos. Esta ley en particular no puede ser pensada de otro modo, ni hablar de ser hecha a medida de un Gobierno.
  2. La pluralidad de ideas dependerá de muchos factores. La ley, esta nueva ley puede contribuir. La implementación de la misma tendrá una injerencia fuerte sobre su funcionamiento.
  3. El monopolio coarta la libertad de los hombres. Cada persona conforma sus propios pensamientos. Si no tiene posibilidades de escuchar muchas ideas, tendrá una formación limitada.
  4. Este gobierno ha perdido la confianza de la gente. Cuando esto ocurre el equilibrio se rompe y es muy difícil recuperarlo.
  5. Modificaría todo lo que cercene la libertad, el respeto y la armonía que debe reinar en una sociedad justa, inclusiva y desarrollada.
  6. Desconozco.
  7. No sé si es el momento adecuado, pero legalmente se puede hacer.
  8. Si el congreso la aprobó, no creo que sea inconstitucional.
  9. El gobierno tratará de “influir” en el control lo que es muy malo.
  10. La implementación brindará claridad sobre sus aciertos y errores.

INFORME ESPECIAL: ¿QUÉ OPINAN LOS PERIODISTAS DE LA NUEVA LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES? Por Pablo Dócimo Seguramente, desde el advenimiento de la democracia, no ha habido debate parlamentario más álgido que el de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, junto con el de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Por absolutamente todos los medios se pueden ver, leer y escuchar posturas y opiniones de todo tipo. Sin embargo, es difícil encontrar, tanto de un lado, como del otro, a quienes estén totalmente a favor o totalmente en contra de esta nueva Ley. Por tal motivo, hemos entrevistado, a título de muestra, a personalidades de los medios, como Víctor Hugo Morales, Luís Majul, Liliana López Foresi y Daniel López, quienes están muy comprometidos con el tema, para que nos cuenten su postura en relación a cuatro puntos específicos: 1) ¿Cuáles son, concretamente, los artículos que se deben cambiar de la llamada Ley de la Dictadura? 2) ¿Que considera que está bien y que está mal del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo? 2) ¿Qué puntos cambiaría o modificaría del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo? 4) El Poder Ejecutivo, ¿Presenta este proyecto porque realmente cree que hay que cambiar la ley, por conveniencia o para perjudicar a los periodistas y/o grupos periodísticos que no sean afines con el gobierno, especialmente el Grupo Clarín? Para finalizar, consultamos a un especialista en leyes de medios, el Dr. Guillermo Herrera, docente del Instituto Superior de Comunicación Social – COSAL, titular de la cátedra Régimen Legal.

Víctor Hugo Morales, locutor, periodista, Radio Continental. 1) En primer lugar, la Ley de la dictadura inspira la sensación de control que querían ejercer permanentemente sobre los medios, pero de los aspectos más controversiales, y creo, además, que está el del paso del tiempo. Es una ley de la dictadura, lo que no la hacía totalmente mala en los términos técnicos, no es que por ser de la dictadura sea totalmente mala, en consecuencia, de lo que se trata es de aggiornar a los medios de comunicación a esta otra época, independientemente de los aspectos que tienen que ver con el manejo que ellos autoritariamente impusieron con el manejo de los medios. 2) He hecho una especie de punteo sobre cada uno de los artículos, y la verdad es que no he encontrado ningún elemento demasiado preocupante. Lo que a mí más me importa es que salten por el aire los elementos perversos que mucho peor que en la época de la dictadura nos enviciaron la vida periodística durante la democracia, particularmente durante el gobierno de Menem. Lo realmente importante es que estallen los monopolios, particularmente el del Grupo Clarín. Si veinte canales están en las mismas manos, hay veinte canales donde uno, si no concuerda ideológicamente con los propietarios, no puede trabajar. En cambio, si hay veinte canales en distintas manos, hay veinte posibilidades de trabajar en distintas empresas. Es importantísima la diversidad, de medios y de opiniones, para que podamos tener la sensación de que la democracia está protegida. En estos momentos la ley, tal como la interpretó Menem en el artículo 45, ha permitido que una verdadera banda se lance sobre todo tipo de negocios parapetados sobre lo que llamamos libertad de expresión. Una verdadera vergüenza que me indigna día a día desde hace muchos años. 3) Creo que se debería haber incluido la regulación de la pauta oficial. De todas maneras, el tratamiento de la pauta podría hacerse por otros caminos, por lo tanto no dejaría de apoyar la ley porque no la contemple. Para mí, eso sería lo único que le falta a este proyecto, que quedase bien claro algo de lo muy oscuro que hemos tenido, políticamente, en estos últimos años. 4) El empuje de esta ley es oscuro por parte de Néstor Kirchner, y es indudable de que se trata de una pelea, pero eso no es obstáculo. El pero que se utiliza en estos casos no es obstáculo, la ley es buena y se ha conformado con el resumen de proyectos anteriores que lo que no contemplaban era que salten los monopolios. Es verdad que el gobierno, tanto en Canal 7 como en todos los medios estatales, no va a querer gente que opine en contrario, de hecho mi presencia en canal 7 era insostenible, pero me da la sensación de que este gobierno va a ser cambiado, y este gobierno está trabajando, aunque no se de cuanta, para que los próximos gobiernos no estén sometidos a la extorsión, al procedimiento mafioso que ha implicado el ejercicio del periodismo a través de los monopolios en estos últimos años. Nadie puede desconocer el inmenso poder de Clarín, nadie puede desconocer como lo ha utilizado, y nadie puede negar que se trata de una banda que hace negocios con el resguardo de la supuesta libertad periodística, a la que ellos le han hecho un enorme daño.

Luís Majul, periodista, América TV, Radio La Red. 1) La ley actual no tiene nada rescatable, en primer lugar porque fue hecha durante la dictadura, donde las leyes no eran dictadas por el Congreso, por lo tanto no tiene ninguna legitimidad, no hay discusión. 2) Lo único que tiene de bueno el proyecto del Poder Ejecutivo es la simulación del discurso que lo acompaña, el marketing, porque lo presenta como si fuese una ley para desconcentrar, desmonopolizar, democratizar, generar más pluralismo informativo, y en realidad, en el fondo, persigue todo lo contrario, porque más allá de lo que la ley diga e incluso, de cómo estén redactados algunos artículos, la idea de dividir el espectro en un 33% para privados, otro 33% para el estado y otro 33% para ONGs, viniendo de este gobierno, seguramente el 33% destinado a las ONGs será dados a amigos, más una parte del 33% destinado a los privados, y si a esto le sumamos el 33% manejado por el Estado, esto generaría un verdadero monopolio informativo manejado desde el Estado y desde este gobierno, con la “caja” y la pauta oficial. El modelo que propone el proyecto del Poder Ejecutivo no es muy distinto, desde lo práctico, a lo que viene pasando en la Provincia de Santa Cruz.

Desde hace mucho tiempo, la inmensa mayoría de quienes formamos parte de los medios sostenemos que, evidentemente, tanto la información, como los dueños de los medios deben descentralizarse, deben democratizarse, pero este no es el camino, sino todo lo contrario. 3) Lo que me parece que debe quedar bien claro, y no está bien definido en el proyecto oficial, es la propiedad de los medios. Por ejemplo, límites por regiones, como hay en países más adelantados como Canadá o EE UU. No sé si es demasiado o poco que haya un solo canal de aire o un solo cable por región, lo que si se es que tener un cable, un canal de aire, un diario y una radio de un mismo propietario en una sola región si es peligroso. Por eso hay que tratarlo región por región. Tampoco creo que sea justo sacarle de un zarpazo la propiedad de los medios a quienes se los dieron hace cinco minutos, porque eso es una aberración jurídica que va a terminar en cientos de juicios millonarios contra el estado que los vamos a terminar pagando todos los argentinos. Eso debería modificarse si o si. 4) Creo que esta es una jugada de Kirchner para permanecer en el poder. Yo no soy ingenuo, y por lo tanto me tengo que hacer las siguientes preguntas: Si este gobierno deseaba tanto modificar la Ley de Radiodifusión, ¿Por qué no lo hizo en 2005, cuando muy por el contrario renovó todas las licencias, entre ellos a los grupos América y Clarín? Si realmente quería ir contra los monopolios y democratizar y hacer más pluralista la información, ¿Por qué permitió la fusión, en 2007, entre Multicanal y Cablevisión? Si realmente se quiere democratizar, ¿Por qué no se puede debatir hasta que se agote el tema y no entre gallos y media noche porque están apurados para que la renovación del Congreso no les quite los votos que hoy tienen? A mí me enseñaron, desde que comencé en el periodismo, que no se pueden separar las decisiones políticas y ni si quiera las leyes del momento, las circunstancias y el contexto donde se aplican. Yo no desconfío de una ley determinada, sino de las verdaderas intenciones del proyecto oficial.

Liliana López Foresi, locutora, periodista, Radio Del Plata.

1) La ley de la dictadura tiene todo objetable porque sencillamente, no es una ley. Eso es una objeción básica que hace que 26 años después haya que revisarla. Esa cuestión básica es la punta de la pirámide jurídica. De ahí para abajo cualquier cosa resulta imprecisa. 2) Creo que en el Parlamento todo es discutible. No me parece que uno tenga que objetar o apoyar todos los puntos. Los 21 puntos nadie los puede objetar porque están basados en un tratado internacional que tiene fuerza de Ley, de modo que eso es inobjetable. El resto es todo discutible parlamentariamente, y es así como debe funcionar. Me parece bárbaro que se haya enviado el proyecto al congreso, me parece bárbaro que se discuta y que cada cual manifieste su postura. Seguramente el proyecto es mejorable en muchísimos aspectos, y va a ser la discusión lo que lo va a enriquecer; de hecho, este mismo proyecto ya fue expuesto en el país, por eso me resulta extraño que toda opinión se vierta en estos momentos. Me parece también bueno que se viertan en el Congreso, pero, ¿tanto lío por tener una Ley? Es curioso, y eso, leído en sentido político, es lo que más debería llamar la atención, y no porque se presenta

ahora un proyecto, sino porque no se aprobó, en los últimos 26 años, alguno de todos los proyectos que se presentaron, que fueron varios. En cuanto al proyecto en sí, seguramente debe tener muchísimos puntos buenos, muchísimos oscuros y muchísimos grises, pero los 21 puntos me parecen los más claros. Los aspectos técnicos los reservo para la escucha fina de los partidos políticos, y creo que todos deberíamos prestar muchísima atención a eso, a la discusión en el Congreso, a la postura de los multimedios, a la postura de algunos periodistas de esos multimedios -a favor o en contra, me da lo mismo- pero poner la mirada en foco y escuchar atentamente para adentro. Por supuesto estoy a favor de que se sancione y tengamos una nueva ley, porque si no, técnicamente, no la tenemos. 3) Me parece que lo que sería necesario dejar bien en claro es que no se favorezca a ningún tipo de monopolio. En este sentido, la explicación que da el oficialismos es que al dividir el espectro en un 33% para los privados, otro 33% para el estado y el 33% restante para las ONGs inhibiría, técnicamente, la formación de monopolios, pero esto también es discutible y me parece que ahí es donde más habría que poner la atención. La propuesta del proyecto del gobierno me parece muy trabajada, y estoy segura de que hay otros proyectos excelentemente bien trabajados también, y quiero escucharlos. Esto no es algo ni a favor ni en contra de lo presentado por el gobierno, pero insisto, quiero que haya una ley, y no me parece que haya que inducir a nadie a pensar lo uno o lo otro, sino que todos pongan muy bien la mirada en cada uno. Me parece que este es un momento que pone realmente a prueba la democracia, porque el poder de los medios de comunicación es tal, y tanto, precisamente porque es en los medios de comunicación donde se dirimen todas las batallas políticas, entonces es un tema profundamente político. Se necesitan voces y miradas distintas, esa diversidad sirve para enriquecer el pensamiento y estimularlo, cosa que no está ocurriendo. Es una ficción pensar que si hay 35 diarios, y todos pertenecen al mismo sector, público o privado, uno esté informado. Sea público, sea privado, si salen de la misma boca de expendio podríamos pensar, con toda probabilidad, y arrimándonos bastante a una certeza, que no estamos teniendo libertad ni derecho a la información. 4) Si yo fuese a revisar cada hecho político o social ocurrido en toda la historia de nuestro país, y pensara cuál fue la convicción íntima que lo estimularon, no sé si podría tener una ley. Lo que mueva y estimule a cada uno, realmente no me importa. Los sentimientos de aquellos a quienes les pagamos todos los ciudadanos no me interesan en absoluto, porque en todo caso es de ámbito terapéutico o de ámbito personal. Desde el ámbito de lo público, la intención de venganza, enojo y demás, a mi no me tiene porque interesar. Si ellos están enojados por algo, pues que se enojen. Como ciudadana lo único que quiero es tener una ley, y lo más democrática posible.

Daniel López, locutor, periodista, Gerente de Noticias de Radio Continental. 1) En realidad, la Ley de la dictadura ha recibido muchísimas modificaciones, pero ha quedado perimida. Desde lo tecnológico y lo profesional hay que reformarla, sin lugar a dudas, y el debate hay que hacerlo con seriedad, sin ese espíritu confrontativo, como se

está haciendo, porque es una Ley demasiado importante como para sacarla, modificarla o resolverla como si fuera un Boca – River. Hemos esperado décadas para que se perfeccione, y para perfeccionarla hay que hacerlo con seriedad y tranquilidad. 2) El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo tiene, sin dudas un porcentaje de aceptación bastante elevado porque está creado sobre la base de proyectos que venían circulando desde antes, generados incluso por personas que estuvieron relacionadas con gobiernos democráticos anteriores. El problema de fondo, creo que es más político que técnico, y en este momento de confrontación y enfrentamientos, se teme, claramente, que con un 33% estatal, un 33% comercial y un 33% para ONGs, este gobierno se quede con un porcentaje elevadísimo de las frecuencias. Si al 33% estatal le sumamos el 33% destinado a las ONGs, que serán, seguramente para amigos del poder, más un porcentaje del 33% privado que ya está en manos de amigos del gobierno o, gente propia, que ha actuado como testaferros y se han quedado con frecuencias, vemos que más del 70% de medios quedará en poder del gobierno o de gente muy cercana a él, entonces el temor es de pasar de algunos monopolios que puede haber ahora a un enorme monopolio estatal que lo utilice para aferrarse al poder. Algo que también me llama mucho la atención es que no se incluya en la Ley como se distribuirá la pauta oficial, que como sabemos, hoy está repartida de manera totalmente arbitraria. 3) Lo que creo que debe quedar bien en claro es que no haya un espada de Damocles sobre las cabezas de los nuevos licenciatarios a través de cualquier excusa, como podría ser la parte técnica o cualquier otra cosa, y que esto signifique tener que estar todo el tiempo hablando con cierto cuidado, con autocensura por miedo a que te quiten la licencia. Creo que eso es fundamental para poder trabajar con una total libertad, tanto para los dueños de los medios como para los trabajadores, especialmente los periodistas. Es necesario que haya un total y absoluto respeto de las garantías laborales de todos los trabajadores de todos los medios del país. 4) Creo que en el gobierno hay cierta convicción de modificar la actual Ley, y no tengo ninguna duda de que todo lo que se apruebe va a ser mejor de lo que hay actualmente, pero el gobierno también aprovecha, en su batalla con Clarín y en su revancha para con otros medios que cree que han sido críticos esta oportunidad. Kirchner no soporta las críticas, y esto quedó evidenciado por un manejo de los medios que ya venía desde Santa Cruz y se reitera en el ámbito nacional, de tolerar muy poco las críticas, y eso es lo preocupante, que se tome a los medios como la verdadera oposición y se los quiera acallar o que se quiera tener un enorme porcentaje de la prensa oficialista y vayan quedando muy pocas voces que puedan señalar errores oficiales o denuncien casos de corrupción como ya ha ocurrido y que tanto molestan al gobierno.

Dr. Guillermo Herrera, abogado especialista en medios y radiodifusión.

1) Más allá de que la Ley de Radiodifusión fue hecha durante el proceso y no por el Congreso, y la cuestión ideológica, porque dice que hay que luchar contra el comunismo y el terrorismo, uno de los aspectos más importantes que está mal es como se conforma el Directorio, que según la Ley dice que debe estar formado por integrantes de las Fuerzas Armadas. 2) En el año 2004, las radios comunitarias y varias ONGs plantearon lo de los 21 puntos

para una ley de radiodifusión democrática, y lo que hace el Poder Ejecutivo es tomar esos 21 puntos y hacer una Ley basada en estos. También como positivo la ley propone la realización de un ente regulador que funcione, cosa que con el ONFER nunca ocurrió, de hecho, en el CONFER siempre existieron interventores, y esta figura no cambia con la del primer interventor que hubo desde la misma época de la dictadura; sigue siendo alguien puesto por el Ejecutivo, que de alguna manera controla los medios. El hecho de tener un organismo que cuente con un directorio que no sea puesto a dedo es un avance. También hay cuestiones que son discutibles, y no están contempladas, como la TV por Internet, el triple play o la TV satelital. En cuanto a los aspectos negativos que veo, es que se va a obligar los medios a poner un gran porcentaje de programación de producción nacional. Más allá de la cuestión ideológica, no se especifica de qué manera se podrán financiar esas producciones. Eso, la Ley no lo dice. Otro punto importante es como se debería manejar la pauta oficial, que parámetros se deberían usar para su distribución, y esto tampoco está contemplado. 3) En realidad, el proyecto presentado por el Ejecutivo, a grandes rasgos me parece interesante. Lo que habría que mejorar, fundamentalmente, es el tema del control. El gran problema que ha tenido el COMFER en los últimos años es la falta de un adecuado control de los medios, y eso se debe a que el OMFER no ha contado con las herramientas para lo que ha sido pensado, y lo que no me termina de convencer es que salga la Ley pero que a la hora de controlar, la Autoridad de Aplicación no sea eficaz. Para que eso no ocurra, habría que dotar al organismo controlador de personal y recursos adecuados para ejercer la función para la que fue creado como corresponde. Creo que lo peor de la ley actual no es que sea de la dictadura, sino que no se cumpla, y no se cumple por que no existen los controles necesarios. 4) La relación que mantuvo Kirchner con la prensa en general, y Clarín en particular, ha sido de amor – odio, y en todas las relaciones de este tipo, o le das todo al otro, o le quitas todo. Cuando Duhalde propone la figura de Kirchner, Clarín de alguna manera lo vio con muy buenos ojos, y en cierta forma, sin avalarlo pero también sin pegarle, lo fue posicionando. De hecho, en el 2005, a través del decreto 527, le prorroga la licencia de Canal 13, y no creo que eso haya sido producto de que Kirchner, en un día iluminado, haya pensado en hacer algo para favorecer a los medios. Esa es la parte de la relación amorosa con Clarín. La parte del odio, no sólo con Clarín, sino con la prensa en general, comenzó antes del conflicto con el campo, y es durante este conflicto donde se llegó al peor momento, que sigue hasta hoy. Y ahí es donde surgen mis dudas, porque el proyecto en si no es un proyecto malo, pero si tenemos en cuenta el momento y el contexto en que surge, hace pensar que lo que lo mueve es el problema de Kirchner con Clarín.

  • Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 (versión inicial)
  • Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 (versión aprobada)
  • Decreto-ley Nacional de Radiodifusión 22.285
  • Constitución Nacional Argentina
  • Diario La Nación
  • Revista Veintitrés
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