Severos reclamos para soluciones muy demoradas
Por Emilio J. Grande.- La confrontación sigue siendo parte medular del estilo que la Presidenta de la Nación parece dispuesta a mantener hasta el fin de su mandato. La Corte Suprema de Justicia y la Iglesia a través de su máximo organismo que es la Conferencia Episcopal Argentina, en recientes días hicieron públicas referencias a problemas de extrema gravedad que afectan a nuestra sociedad, que originados en los últimos años de administración kirchnerista han llegado a un punto tal sin antecedentes en la historia del país. La Corte llamó severamente la atención a la Presidenta por el incumplimiento de sentencias que martirizan a la clase pasiva y los obispos dieron una declaración abordando distintos aspectos agravados severamente en la “década ganada”; tales como la inseguridad, la violencia, la pobreza y el narcotráfico. Cristina, lejos de aceptar humildemente tales señalamientos de rigurosa realidad, altiva y soberbia, los rechaza perdiendo la oportunidad de cambiar su imagen ante la población argentina y la comunidad mundial de la que con frecuencia desde distintos puntos también se cuestiona el “modelo”, ya superados los 10 años iniciados por Néstor Kirchner y continuados con firmeza en aumento por su esposa. El 8 de octubre de 2012 en estas páginas firmé una nota sosteniendo que con el martirio a que se sometía a la clase pasiva la presidenta Cristina incurría en el delito de lesa humanidad, calificación que originó una serie de críticas a través del Opifón, cartas de lectores, comunicaciones telefónicas y mensajes en las redes sociales. De aquella nota citada a la fecha ha transcurrido un año y siete meses y la situación de los pasivos por efecto de la inflación, de peregrinar por un vía crucis hoy directamente están al borde del infierno, razón que me impulsa a ratificar que Cristina sigue cometiendo el mismo delito de lesa humanidad. Si en Alemania eso sucedió por orden de Adolf Hitler con el holocausto de 6 millones de judíos (hombres, mujeres y niños inocentes), hoy en la Argentina son casi 5 millones de hombres y mujeres que sufren el martirio por la angustia que origina la miserable asignación mínima de 2.757 pesos mensuales porque la Presidenta vetó la ley del 82%, arguyendo que si la aplicaba se desfinanciaba la ANSES. Y de esa plata que estando activos aportaron los jubilados durante 30, 40 o más años, ese organismo por decisión del Gobierno dispone de miles y miles de millones a destinos con fines políticos, por ejemplo para financiar “Fútbol para todos” y partidas para el Tesoro Nacional, entre otros. ¿Puede tolerarse semejante ingratitud que padece tal masa de argentinos, que con dignidad fueron hacedores del sostenimiento del país, que en cambio hundió la mayoría de los gobiernos de distintos signos políticos, a los que superan estos dos últimos con récords notables de corrupción, impunidad, enriquecimiento sin disimulos, violencia extrema, inseguridad e incumplimiento de lo que establece la Constitución? ¿Puede aceptarse que premeditadamente se liquiden con error las asignaciones a los jubilados, estos que se ven obligados a iniciar juicios que resultan ganados pero las sentencias no se cumplen y a la fecha en esa condición suman más de 340.000? Con tales realidades que aceleran la agonía de tantos millones de jubilados, ¿no se comete el delito de lesa humanidad?