Fracaso de la política antidrogas

Se hace necesario, entonces, diseñar soluciones de fondo que aborden de manera integral a la problemática, dejando de lado legislaciones miopes que se concentran en la criminalización del consumidor. Es preciso volcar la mirada a las grandes redes de narcotráfico, vinculadas muchas veces con el poder político y policial.

Por Tatiana Santori (Rafaela)

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Desde su nacimiento, en 1920, la legislación penal concentró su mirada en el consumidor de droga, perdiendo de vista los reductos de corrupción tanto política como policial. A partir de este año, y hasta la década del 90 la legislación penal estuvo estrechamente ligada al castigo de quien consume la droga. No obstante, en los 90 se agudizó la selectividad del control punitivo, en la medida que fueron (y son) los adictos pobres, los destinatarios de cocaína de mala calidad, las víctimas del paco y los inhaladores de solventes los más criminalizados tanto por el Estado como por la sociedad. Hoy, tras casi 90 años después de esta primera legislación, el debate de la jurisprudencia continúa focalizado en el consumidor. Por un lado, ciertas posturas prohibicionistas del consumo de droga sostienen que sobre el derecho constitucional a la intimidad, se imponen las buenas costumbres y el control de la salud pública. Por otra parte, cámaras federales de diversas juridicciones reclaman una modificación de la Ley 23,737 puesto que la consideran como una restricción a la libertad personal. Paralelamente al debate, en Marzo de 2009 se difundió un documento elaborado por una serie de magistrados argentinos que revela que en nuestro país ha crecido de manera dramática el consumo de drogas y el narcotráfico. Argentina se ha convertido no sólo en consumidor, sino en productor de precursores químicos y en una auténtica tierra de tránsito de estupefacientes de origen latinoamericano. La cocaína ingresa fundamentalmente desde el Norte del país, y proviene en su mayoría de la zona andina, como Bolivia, Perú y Colombia, para tener como destino final el continente europeo. También por el Norte se ingresan al país sustancias como la pasta base, para finalizar la etapa productiva en el país mediante la utilización de químicos industriales, como la cal, o medicinales, como la efedrina. Cabe agregar, además, que Argentina es el tercer importador mundial de efedrina, delante de países como Estados Unidos y Brasil, y que un margen mínimo del volumen de comercio de esta sustancia es demandado por la industria farmacéutica. Esto demuestra entonces, que gran parte de la efedrina que entra o sale del país es utilizada para el mercado ilegal, cristalizando la falta de control que existe en nuestro territorio. La marihuana, entra por la región del Litoral y también por el Norte, desde Paraguay, para ser distribuida en las diferentes ciudades del país. Estos datos revelan una legislación obsoleta e ineficaz para tratar la problemática del narcotráfico, la producción y el consumo de droga, lo cual constituye un problema doméstico, pero también un obstáculo importante en las relaciones de nuestro país con Estados Unidos. En el marco de la “Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos”, impulsada por el departamento de Estado norteamericano, los países de la región deben rendir cuentas acerca de estrategias implementadas para el control de las drogas y también para el control del lavado de divisas, lo cual está vinculado estrechamente. El gobierno argentino considera al narcotráfico como la gran causa del lavado de activos, así como también por la inyección de fondos sucios al circuito legal de la economía. En Marzo, nuestro país ha tenido que dar serias explicaciones sobre la ley de blanqueo de capitales repatriados, a fin de aclarar que la misma no se contrapone a lo que debe respetar Argentina como miembro del Financial Action Task Force (FATF). Si bien desde Estados Unidos se reconocieron los avances en el control de la cooperación financiera, se cuestionó la escasa cantidad de condenas por lavado de dinero en nuestro país, pese a que existe legislación en dicha materia desde 1989. Ante esta compleja realidad, que involucra tanto a sectores gubernamentales como a quienes habitan nuestro país, que comprende una multiplicidad de territorios que exceden las fronteras nacionales, y que repercute en las relaciones externas de nuestro país con el resto del mundo, es preciso contar con políticas públicas eficientes, que atraviesen las meras reformas legislativas y los debates jurídicos, basados en concepciones moralistas. Se hace necesario, entonces, diseñar soluciones de fondo que aborden de manera integral a la problemática, dejando de lado legislaciones miopes que se concentran en la criminalización del consumidor. Es preciso volcar la mirada a las grandes redes de narcotráfico, vinculadas muchas veces con el poder político y policial. Encontrar políticas adecuadas para llevar a cabo minuciosos controles en las fronteras. Promover estrategias regionales de cooperación transfronteriza con otros estados latinoamericanos, donde se promuevan acciones enmarcadas en el respeto a las convenciones internacionales en la materia.

Tatiana Santori Columnista de la Revista Síntesis Mundial. Miembro de la CeCPRI (Cámara de Especialistas en Ciencia Política y Relaciones Internacionales) del Centro Comercial e Industrial de Rafaela.

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