Metas para el gobierno municipal

Por Natalia Aquilino, directora del Programa de Incidencia, Monitoreo y Evaluación de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

Desde principios de siglo, distintas ciudades de América Latina han impulsado y adoptado un plan de metas de gobierno para aumentar la transparencia y rendición de cuentas de los actores políticos a sus comunidades. En algunas ciudades de Colombia (Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín); de Brasil (San Pablo, Brasilia, Curitiba, Porto alegre, Río de Janeiro); de Chile (Santiago, Valparaíso); de Bolivia (Santa Cruz de la Sierra); de Ecuador (Quito, Cuenca); de Perú (Lima, Arequipa); de Paraguay (Asunción) y de Uruguay (Montevideo) ya es un hecho concreto. En la Argentina, las ciudades de Maipú, Mendoza, San Martín de los Andes y Córdoba ya cuentan con la Ordenanza del Plan de Metas. Asimismo, en Rosario se presentó un proyecto de ordenanza municipal. En todos los casos, la iniciativa fue impulsada por distintos actores y organizaciones de la sociedad civil. El plan de metas traduce los programas o plataformas de gobierno en un plan de trabajo concreto con resultados, actividades, metas e indicadores de cumplimiento mensurables y demostrables. Es una herramienta que permite transformar las propuestas de las campañas políticas en objetivos explícitos, medibles y con responsables asignados con claridad. El plan de metas de gobierno es, a su vez, un instrumento de planificación, programación, gestión, monitoreo y evaluación de las políticas públicas municipales. Fortalece los mecanismos de rendición cuentas y el control público de la política, sus planes y programas. Explicita las prioridades, los criterios de asignación presupuestarios y los fundamentos de las decisiones gubernamentales. Además, el plan de metas produce información de carácter público que puede ser consultada y analizada por cualquier actor de la sociedad civil. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo Municipal definir su contenido, en el entendido de que todo gobierno elegido democráticamente está legitimado y tiene la obligación de definir su propio plan de gestión, su ritmo de implementación, su comunicación y cumplimiento. Por otro lado, el Concejo Deliberante es responsable de difundir el plan y sus informes de cumplimiento -a través, por ejemplo, de la convocatoria a audiencias públicas-, de garantizar su calidad técnica y de reglamentar y observar el cumplimiento de su proceso de evaluación. Por su parte, la sociedad civil tiene derecho a acceder a información relevante sobre la gestión gubernamental para garantizar una mejor calidad de su participación. Si bien un plan de metas adopta diferentes formas en los contextos a los que se implementa, es una manera posible de definir reglas de juegos claras para evaluar el desempeño de los equipos de gobierno. El plan de metas genera externalidades positivas en toda la “cadena de valor” de la política municipal. En primer lugar, promueve la vida institucional de los partidos locales e insta a armar plataformas electorales concretas. También aumenta la calidad institucional de la gestión municipal al impulsar la planificación estratégica. Por otro lado, permite medir los niveles de eficiencia y efectividad de la gestión municipal en el tiempo y evaluar su desempeño. Al aumentar el volumen y la calidad de la información pública disponible, mejora el vínculo entre Estado y Sociedad y, además, brinda una oportunidad para informar con datos fundamentados la sanción o reprobación social a la política. El plan de metas facilita que el Ejecutivo municipal programe, asigne recursos y comunique; que el Legislativo municipal monitoree su cumplimiento solicitando y publicando informes y que la ciudadanía se empodere a través del acceso a más y mejor información pública. El plan de metas es, en suma, una herramienta que mejora la democracia participativa.