Los errores que comete y que paga el Gobierno

El mayor y más iridiscente caso fue el de los relevos en el Indec y la posterior difusión del índice de costo de vida de enero. Un índice perfecto para las necesidades políticas de la administración, pero que muy pocos creyeron.

Por Joaquín Morales Solá

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Se necesita una economía muy solvente (o una oposición muy distraída) para esconder los errores políticos que comete, a veces con increíble asiduidad, el gobierno de Néstor Kirchner. El problema es la recurrencia en la sobreactuación y, en otros casos o al mismo tiempo, la falta de sutileza para aplicar decisiones que son inevitablemente polémicas.

Como de costumbre, lo que prevalece es la necesidad perentoria de concretar en el acto, ya mismo, los proyectos presidenciales, sin ningún debate ni reflexión mediante, y la vocación por darle siempre a la administración de Kirchner una tonalidad épica y fundacional. Al final, los costos políticos de esos errores los termina pagando el propio Gobierno, aunque hasta ahora tales precios hayan sido muy baratos.

Tres hechos de los últimos días podrían analizarse como errores que terminaron –o terminarán– afectando a los propios gobernantes. Son éstos: el conflicto con el Indec, el viaje a París de la senadora Cristina Kirchner y los enfrentamientos, ya al borde de la violencia, de los asambleístas que protestan contra las papeleras en Uruguay.

El mayor y más iridiscente caso fue el de los relevos en el Indec y la posterior difusión del índice de costo de vida de enero. Un índice perfecto para las necesidades políticas de la administración, pero que muy pocos creyeron. El nudo del conflicto está ahí: el Gobierno se da todos los gustos en vida, pero el placer es demasiado efímero.

En el escándalo del Indec, las explicaciones que difundió el Gobierno se refirieron a una disidencia sin solución sobre la interpretación de los datos que recibe el organismo más importante en la elaboración de estadísticas. También deslizó, aunque sin pruebas a la vista, cierta laxitud moral en el organismo que beneficiaría a los tenedores de bonos indexados por la inflación.

A eso aludió el ministro del Interior, Aníbal Fernández, cuando habló de “mafias” en el Indec. Un consenso entre los economistas más importantes señala que los índices de inflación podrían cambiar, mediante esta nueva interpretación, sólo en décimas.

“El Indec es una estructura de técnicos muy calificados y serios, y sus datos seguirán siendo confiables”, dijo, por ejemplo, Juan Llach, quien tuvo en su tiempo la conducción política del organismo cuestionado.

Pero ¿quién le creerá? Ese es el problema que el Gobierno se creó cuando dejó caer la confianza en el altar de la inmediatez y de la torpeza política. La interpretación de los datos que suministran los inspectores del Indec mereció un debate más amplio que el que encerró en una habitación al Presidente; a la ministra de Economía, Felisa Miceli, y al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Digan lo que digan, Moreno fue el que se peleó de entrada con el Indec y el que enardeció al Gobierno con los informes sobre los supuestos errores del organismo. El Indec mide la gestión de Moreno; el funcionario juzgado se convirtió en juez.

Es cierto que una de las funcionarias relevadas, Graciela Bevacqua, tenía el concurso (que lo había ganado) vencido. ¿Por qué no se llamó entonces a un nuevo concurso amplio, con un jurado de alto prestigio académico e independiente del Gobierno?

Bevacqua fue ninguneada por el Gobierno con el argumento de que es una matemática que nada sabe de los menesteres de las estadísticas. Bevacqua es profesora de Estadística y esos errores oficiales ponen en discusión todos los argumentos de la administración.

De todos modos, lo que el Gobierno tiene ahora no es una discordia técnica, sino un problema político. Y ese problema consiste en cómo hará en adelante para que las cifras del Indec, aunque fueran buenas y ciertas, sean al mismo tiempo creíbles para la sociedad e indiscutibles para la política y la economía.

No será difícil para la oposición difundir índices paralelos de costo de vida, porque una mayoría social fue proclive, desde tiempos inmemoriales, a creer que la inflación es siempre más alta que la que difunden los gobiernos.

Veamos el otro caso. Desde 15 días antes, el viaje de Cristina Kirchner a París (para firmar un tratado sobre la desaparición forzosa de las personas junto con otros 50 países) se venía promocionando desde el Gobierno como si fuera un desembarco en las esquivas playas de la victoria definitiva. ¿Para qué? ¿No hubiera sido más simple esperar que sucedieran las cosas y trabajar con los resultados concretos?

El debate ahora se encierra en cuánto tiempo estuvo con Ségolène Royal, qué le dijo el primer ministros francés y si la recibirá -o no- el candidato conservador Nicolas Sarkozy.

Siempre será mejor que los políticos argentinos viajen y conozcan el mundo y sus alteraciones constantes. Sin embargo, nada explica que la senadora haya hecho un viaje proselitista para terminar espantando a los periodistas, que debían informar, supuestamente, de las bondades de su gira francesa. Esas contradicciones no tienen explicación (y en esto sí son innovadores) en ningún manual de historia o de política.

El resultado fue que un viaje que debió ser sereno y normal, y quizá beneficioso para la posible candidata presidencial, concluyó con más polémicas y discusiones que otra cosa.


El último caso: cuando se conoció el fallo del tribunal de La Haya, contrario al reclamo del gobierno uruguayo, el presidente Kirchner tuvo una primera reacción propia del triunfo de un partido de fútbol; hasta incluyó los consabidos reproches a los periodistas y a los medios que habían anticipado otro resultado en Holanda.

El periodismo se apresuró con sus anticipos infundados, sin duda, pero el exitismo presidencial sólo consiguió excitar aún más a los ya excitados mediambientalistas argentinos. Es cierto que Kirchner promovió luego un diálogo con Uruguay y que tuvo palabras correctas cuando los asambleístas de cualquier laya rompieron todas las medidas sensatas en Montevideo y en el Litoral argentino.

Pero ya el papelón de los argentinos en Montevideo, una provocación lisa y llana, había recorrido el mundo, como también la violenta trifulca entre asambleístas y comerciantes de Colón.

Las palabras de un presidente tienen más influencia en la sociedad que lo que el propio Kirchner parece creer. Aquel primer triunfalismo presidencial debió convencer a los asambleístas del acierto de su viejo error.

El propio presidente tuvo que salir luego a tomar distancia, con palabras racionales, de los zafarranchos que los ecologistas hicieron en uno y en otro lado del Río de la Plata.

Otra vez fue la construcción de la realidad ideal por parte del oficialismo lo que terminó, en última instancia, afeando la realidad.

Por Joaquín Morales Solá

Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 8 de febrero de 2007.

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