¿Las autoridades municipales perdieron la sensibilidad con el aumento del 95%?
Se trata del editorial del programa “Sábado 100” por radio El Espectador (FM 100,1) de Rafaela. ¿Cómo impactará en los contribuyentes rafaelinos? ¿Cuál será el costo político que deberá pagar la actual gestión municipal por no querer desdoblar el incremento propuesto, desdiciendo lo que hizo en 4 años cuando fue oposición?
Por Emilio Grande (h.).- Pese a los esfuerzos infructuosos de la oposición en las últimas semanas, a partir de mayo todos los tributos municipales de Rafaela aumentarán un 95%, con mayor incidencia en la tasa que pagamos todos los contribuyentes mensualmente.
El incremento también afectará al DREI (derecho de registro e inspección), que pagan los emprendedores, comerciantes, empresarios; el derecho del cementerio, la ZEC (zona de estacionamiento controlado); el carnet de conducir; el ingreso al complejo ambiental; entre otros.
En la sesión ordinaria del jueves del 18 de abril pasado en el Colegio Misericordia en reconocimiento por sus 125 años, el bloque opositor presentó un proyecto para modificar el artículo 31, que establece la UCM (Unidad de Cuenta Municipal), de la ordenanza 5.513, pero no logró el objetivo, perdiendo la votación 5 a 4. El interminable debate duró casi una hora en el que hubo argumentos fundamentados y otros intrascendentes.
El concejal Juan Senn remarcó que “en noviembre de 2023 propusimos que los tributos municipales aumenten en forma escalonada y bimestral para llegar al 60% y como no se logró votamos en contra. Cuando éramos oficialismo estuvimos a favor de la polinómica y de que sea escalonado para evitar el desfinanciamiento. Hay que generar un equilibro entre el contribuyente y el Municipio para que brinde sus servicios. No se puede recomponer el perjuicio de 4 años en 5 meses”.
La fórmula polinómica se compone de tres componentes: a) 50% del ajuste de las remuneraciones para la categoría 15 del personal municipal; b) 10% por la variación operada del precio del gasoil grado 2, según datos publicados por la Secretaría de Energía de la Nación para las estaciones de servicio YPF de Rafaela; y c) 40% por la variación del índice de precios mayoristas nivel general del INDEC.
Al respecto, el oficialista Augusto Rolando precisó que “desde octubre de 2023 hasta abril de 2024 se incrementó el gasoil 174%, el sueldo municipal (categoría 15) 57,4%, el índice de precios mayoristas 122,4%. El costo de todos los sueldos del sector de los servicios públicos excede lo que se recauda en la tasa en un 18%”.
Martín Racca hurgó el acta del 5 de diciembre de 2019 cuando se discutió la tributaria, focalizado en los dichos de Leonardo Viotti: “la eliminación de la polinómica en la UCM que quedó como valor de referencia; en estos cuatro años el Ejecutivo proponía un aumento cada 6 meses y se aprobaba uno menor en forma escalonada para cuidar el bolsillo del contribuyente. De esta manera, desfinanció casi el 50%. En noviembre de 2023 se reinstala la polinómica y se aumenta en forma automática. Lo llamo inconsistencia política el 212% de aumento”.
A decir verdad, ¿cómo impactará este excesivo aumento del 95% en los contribuyentes rafaelinos? ¿Cuál será el costo político que deberá pagar la actual gestión municipal por no querer desdoblar el incremento propuesto, desdiciendo lo que hizo en cuatro años cuando fue oposición? ¿Por qué los dirigentes políticos cambian de posición según de qué lado del mostrador se encuentran?
Ciertamente, el contexto macroeconómico incide en las arcas municipales sumado a la falta de coparticipación nacional, las que se fueron desfinanciando en los últimos años (2019-2023) debido a los aumentos inferiores de los tributos sobre los propuestos por la anterior administración, que tampoco eran desdoblados.
Cuando eran opositores pensaban en el bolsillo de la gente, que luego apoyó para que Viotti sea intendente, destronando al peronismo del poder. ¿Si hubieran perdido las elecciones, habrían votado los aumentos del 60% para enero y 95% en mayo sin escalonamiento? Hay que pensar en el bien común, buscando el equilibrio entre las finanzas municipales que se desfinanciaron un 44% en cuatro años, hacer frente al pago de haberes y proveedores, no dando la espalda a la situación económica de la mayoría de los rafaelinos, que no cobra más de $1.400.000 como perciben los concejales y los funcionarios municipales. El nuevo Intendente profundiza el rechazo social. El poder es escurridizo: el PJ lo tuvo 32 años, ahora la UCR. ¿Quién lo sabe en 2027?