La emergencia vial es un paliativo a la gravedad del tránsito rafaelino
Por Emilio Grande (h.).- El Concejo Municipal aprobó hace dos semanas el proyecto de la emergencia en seguridad vial con un polémico debate con fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, en el contexto de un caótico tránsito rafaelino.
Esta emergencia será por seis meses (el DEM había pedido por un año) y podrá ser prorrogado por otro período igual, previo acuerdo del cuerpo legislativo, autorizando al Ejecutivo a contratar en forma directa los bienes y/o servicios para la prevención y el control.
Recientemente, fueron presentados los resultados del Observatorio Vial a los concejales en la sala de sesiones del sexto piso. Se trata de un informe de prevalencia del uso del casco en nuestra ciudad realizado por el Departamento de Investigación de UCES Rafaela, como también el análisis de la dinámica de los accidentes viales en la ciudad.
Entre las conclusiones más importantes, el 25% de los conductores de motos no usa el casco, las motos formaron parte del 67% de los accidentes, el 61,5% de los accidentes de tránsito fue protagonizado por hombres, el porcentaje más alto de vehículos involucrados fue el binomio auto-moto con el 44% de los casos, el rango etario de 22 a 40 años protagoniza el 46% de los accidentes registrados, la proyección de accidentes del 2022 se ubica un 18% por encima de 2021.
No es un problema nuevo sino que viene desde hace muchos años. El problemático y complejo tránsito rafaelino se viene agravando no solamente en el microcentro sino también en distintos barrios de la ciudad durante gran parte del día, con el triste saldo de cientos de accidentes, que provocan lesiones de todo tipo y fallecidos.
A decir verdad, las mayores responsabilidades son de las gestiones municipales (el mismo signo político está en el poder desde 1991), que no pueden o no quieren resolver este grave problema, sumado a los ciudadanos que conducen los diferentes tipos de vehículos y cometen todo tipo de infracciones: no usar el casco, no tener licencia para conducir ni seguro, mal estacionamiento, cruce de semáforos en rojo, circular en contramano, entre otras.
La mayoría de los automovilistas y motociclistas no respeta al peatón en las esquinas, como establece la ordenanza de 1997, inclusive con la presencia de sendas peatonales pintadas. Hubo algunos atisbos con el arreglo del empedrado, pero es necesario seguir marcando las sendas, especialmente alrededor de la plaza 25 de Mayo, ya que circula mucha gente para hacer distintos trámites. Se hacen a cuenta gotas, en estos días están haciendo la senda peatonal en la esquina de Colón y bulevar Roca.
Se construyeron ciclovías y bicisendas, pero faltan otras más en distintos barrios de la ciudad. Hay que incentivar el mayor uso de las bicicletas con campañas de concientización, sumado a que la gente debe caminar más porque hace bien para la salud.
El servicio del transporte público de minibuses es deficiente por varios motivos: pasan cada media hora o 40 minutos cuando en otras ciudades las frecuencias son de 5 a 10 minutos; los recorridos son laberintos cuando debieran ser directos desde los barrios al centro. Desde el Municipio están haciendo un rediseño del servicio de los minibuses, pero hasta el momento sigue todo igual. Si se incentivara el mayor uso de los minibuses, seguramente se usarían menos los autos y las motos.
Para no quedarnos solamente en las críticas, entre las propuestas hay que intensificar los controles (se están haciendo en forma aislada y no en todos los barrios) y aplicar más sanciones porque somos “hijos del rigor”, continuar con las campañas de educación vial, incentivar el uso de la bicicleta, mejorar el servicio de minibuses, prohibir el giro a la izquierda en las avenidas.
Para finalizar, la emergencia vial aprobada es un paliativo frente la gravedad del tránsito rafaelino, teniendo un parque automotor de casi 110.000 vehículos, donde más del 60% son motos, cuyos conductores en su mayoría son jóvenes, que circulan a gran velocidad, sin casco, generando cientos de accidentes. La mayor responsabilidad es del Estado local en aplicar las ordenanzas vigentes, pero también está el compromiso de todos los ciudadanos.