Jujuy: la Iglesia pide la inconstitucionalidad de la reforma de Morales
Por Washington Uranga.- La Iglesia Católica, a través del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), organismo dependiente de la Conferencia Episcopal, se presentó ante la Corte Suprema de Jujuy para solicitar su adhesión a la “acción de inconstitucionalidad” elevada por las comunidades originarias contra la reforma constitucional aprobada por el gobierno de esa provincia. En su argumentación, que lleva la firma del Coordinador Nacional de ENDEPA, Rodolfo Fernández, se afirma que “la reforma constitucional de la provincia de Jujuy ha vulnerado de manera expresa los derechos y garantías constitucionales y convencionales referida a los Pueblos Indígenas, afectando de manera directa e indirecta el derecho a la participación, consulta previa libre e informada, el derecho al consentimiento, derecho al acceso a la información adecuada, con consecuencias directas sobre su territorio, propiedad y posesión comunitaria, bienes ambientales de su territorio e intereses de los Pueblos Indígenas de Jujuy”.
Por su parte el obispo de Jujuy, Daniel Fernández, en una entrevista brindada al programa radial “Caminos de encuentro”, sostuvo que en la reunión que los obispos jujeños compartieron la semana anterior con ENDEPA se dialogó sobre “la reforma parcial de la Constitución de Jujuy; por lo que entre tantos que han visto afectados sus derechos, se han destacado las comunidades originarias, quienes reclaman por su atención”. Según el obispo “ha sido un tiempo de deliberación para continuar acompañando, no solo desde lo religioso y pastoral, sino también desde los aspectos legales, buscando caminos visibles para sus derechos”.
Manifestó Fernández que «lo que pasó ha causado una conmoción social y hechos de violencia; un tendal de sufrimiento y dolor en el pueblo que llevará tiempo poder sanar” y subrayó que “trabajamos por una pacificación, bajando niveles de conflicto; buscamos entonces una mesa de diálogo y participación, donde surgen voces comprometidas con la paz social”. Según se conoció la jerarquía de la Iglesia está realizando gestiones para qué “haya una pacificación primero para después tener una mesa de participación donde todos podamos aportar«. El obispo también informó que se entrevistó también con dirigentes de la CGT con el mismo propósito.
En la presentación de ENDEPA ante la Corte Suprema de Jujuy se afirma que “planteamos la adhesión como institución al pedido solicitado ante la justicia de la acción de inconstitucionalidad, entendiendo plenamente que la obligación estatal resulta la de garantizar a los Pueblos la entrega de los títulos de la Propiedad Comunitaria Indígena hacia las Comunidades, respetando esta como tal, en sus recursos naturales y espiritualidad”. Al respecto se recuerda que lo anterior “condice directamente con el Artículo, 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas (ONU), la Declaración de la Organización de los Estados Americanos sobre Derecho de los Pueblos Indígenas (OEA) y demás tratados internacionales aplicables” con lo cual “queda expresamente definido que la supremacía constitucional nacional deja en claro que la posesión y propiedad comunitaria y el derecho de consulta indígena deben ser respetados y garantizados y así lo ha sostenido el último fallo en contra del Estado Argentino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat vs. Argentina”.
Según el obispo Fernández “los pueblos pelean por su supervivencia, su ligazón a la tierra; el pelear por sus recursos, por sus lugares, por la tierra, el agua y por el poder oír su voz, pudiendo escuchar” dado que se trata de “reclamos ancestrales sobre la posesión de la tierra para que no se contamine y se observe el cuidado sobre el agua como elemento vital, sobre todo, aquí en la Puna”.
Y respecto de la situación en la provincia el obispo jujeño señaló que “a raíz de esta reforma parcial de la Constitución provincial, mucha gente, una vez llevada a cabo, sintió que sus derechos se veían vulnerados”. Agregó que “eso trajo una conmoción social, hechos de violencia muy fuertes desde el 20 de junio, después la acción del Estado para reprimir esos brotes de violencia”. Como consecuencia, dijo “hay un tendal de sufrimiento, de dolor que ha quedado a lo largo de la provincia”.
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