Discapacidad: piden fortalecer los conocimientos para los minibuses

Por Emilio Grande (h.).- Este lunes a las 8:30 horas tendrá continuidad de la reunión de comisiones, donde al menos hay tres proyectos presentados, según el orden del día del jueves pasado, pero eso no implica que se traten otros proyectos pendientes que quedaron de 2021.

• Proyecto de minuta de comunicación sobre fortalecer conocimientos a conductores de minibuses referente a la discapacidad (concejal del Partido Frente Progresista Cívico y Social): este cuerpo solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que, a través de las áreas, que corresponda proceda a fortalecer los conocimientos en los conductores de minibuses sobre la legislación existente en los diferentes niveles de Estado, referente al transporte de las personas con discapacidad y sus acompañantes.

En los fundamentos, el artículo 22 de la ley 22.431, modificado por las leyes 24.314 y 25.635 establecen que las empresas de transporte colectivo terrestre, que se encuentren sometidas al control de la Autoridad Nacional, están obligadas a trasladar gratuitamente a los miembros de este colectivo, y a su acompañante en caso de ser necesario documentadamente a través del CUD (Certificado Único de Discapacidad), cuyo objeto es actuar como «apoyo» de la persona con discapacidad con el fin de facilitarle la utilización de las redes de transporte público, favoreciendo con ello, su mayor autonomía e independencia.

La reciente resolución dictada por la Agencia Nacional de Discapacidad 512/2018 dispone que será la persona con discapacidad la que decida si desea o no hacer uso del denominado «apoyo» (el acompañante) respetándose de ese modo, su autodeterminación. Para ello deberá figurar en el correspondiente certificado único de discapacidad la leyenda: «en los casos que se indique sí, el titular del CUD podrá optar entre viajar solo o acompañado». Esta nueva normativa comenzó a regir a partir del 1 de enero del 2019.

A los fines de evitar algún tipo de malentendido, resultaría positivo que la Secretaría de Ambiente y Movilidad Urbana municipal refuerce los conocimientos sobre la normativa vigente en los conductores de los minibuses, quienes asiduamente transportan personas con discapacidad y a sus acompañantes, teniendo en cuenta las modificaciones que esta legislación ha tenido en los últimos años.

• Proyecto de resolución sobre solicitud de un espacio para gestiones de la IGPJ (edil del Partido Frente Progresista Cívico y Social): se solicita al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, proceda a habilitar un espacio que lleve a cabo gestiones ante la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), relacionadas a la autorización, fiscalización, funcionamiento, aprobación de estatutos, reformas, determinación de disolución y liquidación de entidades, como ser, sociedades, asociaciones civiles y fundaciones (ver aparte).
• Proyecto de minuta de comunicación sobre modificar el artículo 1º de la ordenanza 4.506 referente a un escenario móvil (concejales del Bloque Juntos y Frente de Todos): autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder el uso y goce del escenario móvil montado sobre acoplado semirremolque de propiedad municipal, dominio RKS 870, a gobiernos municipales y comunales del departamento Castellanos, así como también instituciones de bien público y actores privados de la ciudad de Rafaela. Serán exceptuados de la presente ordenanza los partidos políticos.

Con lo recaudado en concepto de canon en el artículo 2° de la presente ordenanza, se crea un fondo solidario y rotativo con el objetivo de colaborar en el desarrollo artístico de músicos y bandas locales, cuyo movimiento será informado al Concejo Municipal mensualmente por la Secretaría de Cultura o quien la remplace.

Finalmente, entre los asuntos internos del cuerpo, ingresó una nota de la Asociación Civil Nazareth «Casa Juan Pablo II» (funciona en la ruta 34 km 217, al sur de Rafaela, y atiende a jóvenes con adicciones), solicitando una colaboración económica porque le robaron elementos donde se van a instalar en el nuevo lugar y necesitan reponerlos.

Solicitan un espacio para facilitar trámites  a las personas jurídicas

El concejal Lisandro Mársico (PDP-FPCyS) trabajó en conjunto con Analía Marzioni (Centro Socialista Rafaela) sobre un proyecto de resolución que fue ingresado al Concejo Municipal mediante el cual se solicitó al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, que proceda a habilitar un espacio que lleve a cabo gestiones ante la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), relacionadas a la autorización, fiscalización, funcionamiento, aprobación de estatutos, reformas, determinación de disolución y liquidación de entidades, como ser, sociedades, asociaciones civiles y fundaciones.

“La IGPJ es un organismo provincial que tiene a su cargo el registro de las sociedades por acciones, asociaciones civiles y fundaciones de la provincia. Entre sus facultades se encuentran las de otorgar la personería jurídica a las entidades civiles que lo soliciten y ejercer tareas de fiscalización. Las principales funciones de este organismo son autorizar y fiscalizar el funcionamiento, aprobar estatutos, reformas y determinar la disolución y liquidación de las entidades, entre otras”, manifestó Marzioni. 

“Con fines de descentralización, los ciudadanos podían gestionar los trámites, citados precedentemente, desde los Centros Cívicos sin necesidad de trasladarse a Santa Fe, garantizando una aproximación con los municipios y las comunas. En el caso de Rafaela y la región, las asociaciones civiles, fundaciones y sociedades podían  realizar gestiones relacionadas a la Inspección General de Personería Jurídica en la sede del Centro Cívico de la Región 2 Nodo Rafaela, hasta el 10 de diciembre del año 2019, en que cesó en sus funciones”, informó Mársico.

“Incluso en Rafaela también se procedía a asesorar a las entidades que contaban con pocos recursos y que no poseían profesionales que las pudieran orientar; desde el Nodo se los acompañaba en el procedimiento que debían llevar a cabo hasta obtener la personería jurídica”, sostuvo Marzioni.

“Profesionales, directivos de asociaciones, sociedades y fundaciones, de nuestra localidad, de las comunas y municipios vecinos, reclaman en diferentes instancias poder contar nuevamente con los servicios que se prestaban en Rafaela, por lo que dotar a la ciudad y la región de un espacio que cumpla  que con las funciones citadas sería de suma importancia y facilitaría los trámites que se llevan a cabo actualmente en la capital provincial con exclusividad”, finalizó el edil demoprogresista.