Por Diego Cabot.- El 5 de agosto de 2018 el dirigente de Juntos por el Cambio Eduardo Amadeo regresaba de Paraná. La causa de los Cuadernos apenas amanecía y se habían producido los primeros allanamientos y detenciones. Según el relato del propio Amadeo, cargó nafta en una estación de servicios en la autopista. Nunca imaginó lo que vendría. El surtidor falló y una vez lleno el tanque, la nafta siguió saliendo por el pico. De pie al lado del auto, quedó bañado en combustible.
La situación, y un asma que padece, generaron un paro cardíaco en el dirigente político. En el shop de la estación, un médico vio lo que sucedía y lo reanimó. Finalmente, terminó entubado, durante 15 días. Despertó allá por el 20 de agosto. “No podía creer lo que pasaba. Empresarios que confesaban, arrepentidos, pruebas, detenciones. La corrupción al desnudo. Fue un shock y lo primero que pensé es que esto cambiaría para siempre la obra pública”, le dijo, butaca de por medio a este cronista, en un vuelo en el que se cruzaron hace años.
Hace exactamente cinco años, el 31 de julio de 2018, en el más absoluto silencio fue detenido Oscar Centeno, entonces un ignoto chofer de Roberto Baratta, uno de los hombres de confianza del exministro Julio De Vido. A las 7 del día siguiente, La Nación publicó una investigación que hasta entonces era secreta y que había empezado seis meses antes. Allí se revelaba el sistema de recaudación de coimas que durante años registró Centeno en pequeños cuadernos escolares.
Esa mañana fueron allanados decenas de domicilios y hubo 12 detenciones, entre ellas, la de Baratta. El camino judicial se había iniciado mediante la denuncia de este cronista ante el fiscal Carlos Stornelli, que luego fue presentada ante el fallecido juez Claudio Bonadio. Fueron las primeras horas del juicio de corrupción más importante de las últimas décadas.
El exdiputado contó que fue una especie de pausa de 15 días en su vida y que las noticias después del despertar lo llevaron a pensar que en ese tiempo en el que vivió fuera de la realidad se había producido un antes y un después.
Sin embargo, si Eduardo Amadeo hubiese despertado hoy, cinco años después de aquellos días de vorágine, prácticamente no tendría registro de la causa. Tampoco evidenciaría ningún cambio en la vida pública argentina.
Es como si nada hubiese ocurrido. Fue, quizá, el triunfo más palpable del status quo político, empresario y judicial. La Justicia todavía no pudo desentramar la maraña procesal que significa una causa con 229 imputados con sus respectivos abogados y cientos de kilos de pruebas. Pese a que ya está elevado a juicio oral desde 2019, por ahora, no hay culpables, ni inocentes, y ni siquiera el Tribunal Oral ha fijado fecha de inicio de las audiencias.
Además, la obra pública y los contratos más importantes del Estado siguen manejados por los mismos empresarios, y varios de aquellos funcionarios imputados están en el poder. Julio Grondona diría: “Siga; siga”. Y siguió.
Ninguna de las expectativas judiciales que se instalaron en gran parte de la sociedad aquel 1°de agosto de 2018 tuvo alguna respuesta concreta. Pasaron cinco años y el juicio está en medio de una pelea procesal. Alrededor de 150 estudios de abogados que defienden a los imputados y la fiscal del tribunal oral, Fabiana León, mantienen una encarnizada disputa jurídica por centenares de recursos que oponen los empresarios, exfuncionarios y testaferros que están en la antesala de las audiencias. Por ahora, pese a la precariedad de los recursos y más allá de los variados y cuantiosos escritos presentados por las defensas, la Fiscalía se anota pequeñas victorias en medio del proceso.
La clave es que la causa madre generó varios expedientes más. Cuadernos, la principal, al igual que todos los tramos que se desprendieron, están elevadas al Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7). Según trascendió, la causa excedió no solo la capacidad física del lugar, sino que también colapsó los recursos humanos con los que contaba la dependencia judicial.
En febrero, los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli hicieron un pedido a la Corte Suprema para poder hacer frente a la demanda. “En el conjunto [de causas] se encuentran imputadas un total de 229 personas. Los autos principales (sin contar infinidad de legajos e incidentes) ascienden aproximadamente a 420 cuerpos. A la vez, siempre asociadas a dichas causas, se han recepcionado en el Tribunal un total aproximado de 240 cajas con documentación y efectos, advirtiéndose que aún no se ha completado la elevación en todos los expedientes”, informaron los jueces en febrero.
“El Tribunal vio sus capacidades tanto de recursos humanos como de espacio físico colapsadas”, completaron. Desde el máximo tribunal no hubo respuesta. Ni siquiera este dato conmovió a la Corte: “En el mismo espacio en el que inicialmente trabajaban no más de 15 personas hoy lo hacen 24, con un solo baño y sin que todas tengan un puesto de trabajo fijo”.
Pese al colapso, la rueda procesal sigue. Durante estos meses, los acusados y el Ministerio Público Fiscal ofrecieron las pruebas. Además, en esa oportunidad la ley prevé que las defensas pueden oponerse a que se avance hacia el debate. Fueron centenares de escritos en los que los abogados defensores pidieron que no empiece la nueva instancia y, en todos los casos, la fiscal reiteró la posición de avanzar hacia el debate. Allí están las victorias de Fabiana León: los que se resolvieron le dieron la razón a la parte acusadora.
Pese a aquellas limitaciones, el TOF tiene que analizar a qué pruebas les hace lugar y cuáles quedarán en el camino. Cuando decida esta parte vital del proceso, en la misma resolución se designará la fecha en la que se inicie el llamado juicio oral con las audiencias públicas. Entonces sí, empezará formalmente el juicio. Se escucharán centenares de testigo, se ofrecerá prueba y obviamente, se hará el peritaje sobre los cuadernos. Será, claro, un proceso larguísimo cuyos tiempos nadie se anima a estimar.
Los números de un gigante judicial
Más allá de las consecuencias jurídicas, la vida empresaria se conmovió hace cinco años cuando varios de sus mas conspicuos integrantes, especialmente de la subespecie “contratistas del Estado”, caminaban esposados. Otros, con algo más de tiempo, empezaban a calcular qué porción de sus verdades les alcanzaría para esquivar la sombra de la cárcel de Ezeiza. Comerciantes al fin, durante una ventana de tiempo se transó información con la Justicia.
Fue el inicio de un período único y que posiblemente, jamás se vuelva a repetir. Por unos meses, gran parte del poder contó cómo el dinero salía del Fisco, en pesos y en blanco, a través de licitaciones o negocios con el Estado para convertir una parte en dólares y ser devuelta en negro a los funcionarios. Ese sistema de favores cruzados es, quizá, el más típico caso de corrupción.
En ese invierno de 2018 los argentinos fueron testigos de un momento inédito. Por primera vez en la historia, se rompió la cofradía de silencio que imperó por siempre en los negocios de la obra pública y de los mercados regulados. Se corrió el telón. Los históricos socios del dinero que lubrica la política se habían quebrado y cada cual buscaba la manera de evitar el catre y el rústico inodoro de un penal por el colchón mullido y el baño en suite.
Era darwinismo en estado puro. Sus abogados, a coro, les aconsejaban que canjearan una pequeña porción de la verdad a cambio de la libertad. Hombres de negocio, entendían que la transacción convenía. Se sentaban y entonaban su tango victimario. Siempre la misma fórmula: eran menos dólares de los que decían y no tenían otra oportunidad que delinquir porque en ese mercado no se podía sobrevivir sin aceptar las reglas que otros imponían. Muchos adujeron que era apenas un aporte de campaña, entregado en efectivo, sin recibos y en sótanos.
Pasaron cinco años y no ha pasado demasiado. Sólo se podrá contar cierta condena social a alguno que otro de aquellos importantes empresarios, el ostracismo eterno de otros, como Carlos Wagner, entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción que nunca más apareció en público, además de maquillajes societarios para aislar al imputado de la empresa y disfrutar nuevamente de las mieles de la obra pública.
Wagner era un lobo de cuero curtido, un verdadero impostor de la moral empresaria. Vale tomarlo de ejemplo para intentar entender cómo fue posible que los dueños de la impunidad y los negocios, los aplaudidores de primera fila en los actos kirchneristas, depositarios infieles de parte de los sueños de obra pública que todos los argentinos tienen, se pudieran quebrar y contar una parte de la verdad ante la Justicia. Una vez detenido en Ezeiza, pidió declarar como arrepentido. Corrió el manto sobre la corrupción más rancia.
Un párrafo de la declaración para no perder de vista los hechos: “El porcentaje del anticipo financiero iba entre el 10 y 20 por ciento del total de la obra. Deducidos los impuestos, el compromiso era entregar la totalidad restante a modo de retorno. El monto de dinero era entregado a algunos de los recaudadores. Roberto Baratta disponía quién iba a recaudar, lo mismo el ingeniero [José] López. Mi función era garantizar que el señor que ganaba la licitación les pagará y si la contratista no cumplía, me responsabilizaban a mí y me dificultaban el pago de los certificados de mi empresa”.
Y uno más, como para refrescar la memoria: “Las recaudaciones en el caso de Esuco, por lo general, las hacían en un lugar ajeno a la empresa. Solían ser en un café como el café la Puerto Rico, que está ubicado en la calle Alsina y Balcarce, en el hotel NH, que se encuentra a la vuelta del Cabildo, sobre la calle Bolívar, o en un estacionamiento en lugares públicos. El dinero era acondicionado en paquetes. Los confeccionaba una persona de confianza mía. Si se recaudaba en mi empresa, los paquetes de dinero los entregaba yo al recaudador. Si el lugar del encuentro era fuera, enviaba algún apoderado.” Palabra bajo juramento de Wagner, “el alemán”, como lo apodaban cuando se lo veía.
Qué pasó para que el poder se desnude un invierno de 2018. Hubo miedo. Fue una ventana de tiempo que duró no más de seis meses. Entonces, para el verano de 2019 y a apenas 150 días de que se contemple aquel espectáculo, la aprobación social del gobierno de Mauricio Macri pasaba por su peor momento. El 9 de agosto de ese año, el kirchnerismo ganó las PASO y caminó tranquilo hasta su cuarta presidencia. Los empresarios ya nunca más tuvieron miedo a la Justicia y aquella reverencia volvió a ser detentada por Cristina Kirchner. Ese sistema que había quedado desnudo, se volvió a arropar con el dinero de la obra pública.
A cinco años, nada cambió. Las dos obras más importantes del país llevan el nombre de Néstor Kirchner, el organizador de todo el esquema. Solo la extinción de la acción penal por fallecimiento evitó que sea condenado por corrupción. El gasoducto y una de las represas que se construyen en Santa Cruz -la otra se llama Jorge Cepernic- fueron bautizadas Néstor Kirchner. En ambas, la gran mayoría de las empresas que son contratistas estuvieron implicadas en la causa Cuadernos. Varias de ellas, con sus socios detenidos.
En las centrales patagónicas, Electroingeniería, una constructora cercana a los gobiernos de los Kirchner, mantiene el contrato. “Comencé a hacer aportes dinerarios, con mis recursos, sin implicar a la compañía y sin que proviniesen de un sobreprecio de la obra pública”, dijo Gerardo Ferreyra, uno de los dueños, cuando declaro. Luego, aclaró: “Lo hice en moneda nacional porque no desarrollamos la cultura del dólar. Tengo aversión personal hacia el dólar porque es un instrumento de dominación, de dependencia, que exacerba el consumismo y el amor por el extranjero”, remarcó el empresario nacional y popular que construye las hidroeléctricas.
Néstor Otero, dueño de TEBA, la firma que maneja la estación de trenes de Once y la de ómnibus de Retiro, mantiene sus concesiones pese a que fue detenido, allanado, y le encontraron pesos, dólares y armas en su departamento de Puerto Madero.
El subterráneo porteño terminó su concesión y fue licitado nuevamente. Antes lo explotaba el Grupo Roggio a través de Metrovías. Aldo Roggio, exnúmero uno de aquella empresa, confesó haber devuelto el 5% de los millonarios subsidios que recibía en concepto de coimas. El gobierno porteño llamó a licitación y no hubo oferentes salvo Emova, una empresa del Grupo Roggio. O mejor, la misma Metrovías que cambió de ropaje para el subterráneo.
El Gasoducto Néstor Kirchner está prácticamente todo construido por las empresas que estaban en la causa. Techint confesó haber pagado un millón de dólares que los funcionarios argentinos le pidieron para terciar con los venezolanos y permitir regresar al país a ejecutivos que habían quedado en Caracas tras la expropiación de Sidor, una empresa del grupo. Junto a Sacde, continuadora de Iecsa, empresa del arrepentido Ángelo Calcaterra, fueron los principales constructores de la mayoría de la traza del ducto.
Esuco (la empresa de Wagner), BTU (Carlos Mundín, el dueño que ahora dejó a su hijo a cargo de la firma, estuvo detenido cinco meses y es imputado en la causa Cuadernos) y Contreras Hermanos, también con uno de sus ejecutivos detenido en ese proceso, son los constructores de las plantas compresoras.
La lista podría seguir. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, es una máquina de adjudicar contratos a las empresas viales que se cartelizaban y que fueron delatadas por Wagner, primero, y posteriormente por Ernesto Clarens, el financista de Kirchner que aportó un listado con todas las firmas viales que pagaban en su oficina. Licitación y monto del retorno a cobrar; detalles y más detalles.
Todo ha sido barrido bajo la alfombra. El Estado contratista jamás pidió un requisito de transparencia a quienes se quedan con la obra pública. Las empresas accionaron los mecanismos para aislar el riesgo patrimonial y encriptarlo en la cabeza del socio imputado. Nadie cometerá el error de comprometer poco más de algunas monedas si alguna vez llega el momento de las condenas y las multas. Todos movieron sus activos hacia otro lado. El Estado jamás podrá recuperar el perjuicio que sufrió y que ellos mismos contaron.
Haya razones o no, en estos años tomó más cuerpo la idea de que arrepentirse o entregar datos sobre negociados del poder no parece ser seguro en la Argentina. Pocos institutos jurídicos necesitan tanto de un Estado eficiente, presente y cuidadoso como el del arrepentido. El mundo empresario ha entendido que el silencio es más seguro, al punto que varios hombres de negocios jóvenes y pujantes pensaron entonces que era momento de hablar, de tener protagonismo y de generar un cambio generacional en la dirigencia empresaria. Rápido volvieron al silencio y a la tenue militancia de Twitter, o de comunicados conjuntos. La palabra ha caído en una ciénaga, a tal extremo que ya ni siquiera hay intenciones de pronunciarla. Y la impunidad, de a poco, se impone.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/