La ley, el Estado y la convivencia

Por Gregorio Badeni

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Uno de los fenómenos sociales que se manifiesta con mayor intensidad en el curso de los últimos años es la inseguridad gestada por la inoperancia o ineptitud de los gobernantes. La pobreza, la inestabilidad económica, el peligro que acecha la vida y los bienes de las personas, así como su libertad de expresión y circulación, la torpeza que desencadena conflictos internacionales y el deterioro de ciertas instituciones fundamentales para el desarrollo cultural del país, como es la universidad, son consecuencias de la inseguridad. Nuestro Estado es una sociedad políticamente organizada sobre la base de una idea democrática dominante en ella, cuya única finalidad reside en garantizar la libertad y dignidad del ser humano mediante la ley, y en un marco de constante progreso espiritual y material. La ley, fruto del poder estatal, establece cómo se debe desarrollar la convivencia social. Ella reconoce a la libertad como acicate de la creatividad humana y fija sus límites en resguardo de los derechos de nuestros semejantes y de la concreción del bien común. Mediante la ley cobra vida el Estado de Derecho, donde, por encima de la voluntad y los intereses de gobernantes y gobernados, se impone el imperio y fiel cumplimiento de la ley aunque ella no sea de nuestro agrado. La seguridad, en una sociedad democrática, está plasmada en el deber ser humanista de la ley. Pero ello es insuficiente para producir su vigencia y consecuente disfrute de la libertad y dignidad. Bien decía Alberdi que “una libertad escrita es una libertad muerta, si además no vive en los usos y costumbres del país”, y que “la libertad no es un texto, no vive en el papel, sino en los hechos”. Cuando se viola la ley, se altera el orden estatal de convivencia que, frente al fracaso de la prevención, si no se repara con firmeza y celeridad trae aparejada la inseguridad con su secuela de temor y recelo al daño futuro. La inserción de la inseguridad es como un virus cuyo efecto multiplicador es imprevisible. Es una manifestación de la declinación de la ley y del principio de autoridad democrática. La autoridad, que presupone el ejercicio del poder estatal, tiene por objeto prevenir la ruptura del orden jurídico, y si ella no se produce, apunta a restablecer ese orden dentro del marco de la ley. No el orden de los cementerios, sino el orden propio y civilizado de una vida democrática basada sobre la tolerancia, el pluralismo, la solidaridad y el respecto de los derechos ajenos. En definitiva, de la libertad y dignidad.

La autoridad

Si la ley se viola sistemáticamente y si no se acude al principio de autoridad, no puede haber libertad y dignidad. Si la convivencia social desemboca en la arbitrariedad, en las reglas impuestas por la violencia, se introduce la ignorancia en las personas sobre las consecuencias que acarrearán sus actos. No habrá un Estado de Derecho, sino de policía sujeto a las reglas arbitrarias fijadas por el gobernante o por los grupos sociales que cuentan con su conformidad. La aplicación del principio de autoridad, en una sociedad democrática, no es un acto de fuerza estatal sino un acto legal y justo que, como tal, jamás podrá ser calificado de desmedido. El Estado de Derecho no ejerce actos de fuerza –propios del Estado de policía–, sino actos de autoridad legal para preservar o restablecer el orden y la seguridad. Orden y seguridad a que se refería S.S. Juan Pablo II cuando proclamaba que “el sentido esencial del Estado como comunidad política consiste en el hecho de que la sociedad y quien la compone, el pueblo, es soberano de la propia suerte. Este sentido no llega a realizarse si, en vez de al ejercicio del poder mediante la participación moral de la sociedad, asistimos a la imposición del poder por parte de un grupo o todos los miembros de la sociedad”.

El autor es abogado constitucionalista.

Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 20 de abril de 2006.

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