A 30 años del golpe militar: ¿qué pensar?

A 30 años del golpe militar del 24 de marzo, presentamos el editorial de Criterio (entonces dirigida por Jorge M. Mejía, hoy cardenal) escrito el 7 de marzo de 1976 y publicado con fecha 11 de marzo, dos semanas antes de la interrupción del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Su lectura permite tanto apreciar el pensamiento de la revista en momentos tan graves como contextualizar el hecho.

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Hablar una vez más acerca de la situación política puede parecer superfluo en estos momentos. Desde hace meses el país está inundado de palabras: discursos de militares y civiles, comentarios de políticos y sindicalistas, declaraciones de empresarios y eclesiásticos. Proliferan los diagnósticos y las exhortaciones. ¿No está todo dicho ya? Por otra parte las jerarquías militares no han escondido en las últimas semanas su decisión de interrumpir el proceso institucional, y reciben de varios órganos de prensa un apoyo complaciente para preparar a la opinión pública a que acepte lo aparentemente ineluctable. ¿Por qué entonces no resignarse a lo inevitable, y callar? Hablamos, no porque tengamos mucho nuevo que decir, ni porque creamos que podemos torcer el curso de los acontecimientos, sino porque sentimos la urgencia de exponer nuestro punto de vista en relación con un presente preñado de presagios ominosos. En política reina la lógica de la acción, y por ende la libertad; lo que ocurre en su ámbito no es inevitable sino el producto de la voluntad, responsable e irresponsable, de los hombres. Y estamos persuadidos, además, de que la previsibilidad de un hecho político no prejuzga en su favor. Queremos explicar, este 7 de marzo, por qué el golpe militar se nos antoja previsible, aunque no inevitable y las razones que nos mueven a considerarlo indeseable. Si hace un año (Criterio Nº 1712) comentábamos que mucha gente opinaba que “esto no da más”, debemos admitir que desde entonces ha aumentado considerablemente el número de los que piensan de modo similar. Es tal el cúmulo de desaciertos en que han incurrido los responsables del gobierno, que su legitimidad de origen se ha visto erosionada por el pésimo ejercicio que han hecho del poder. Un breve repaso de la situación permitirá comprender por qué tantos tienen la impresión de hallarse frente a un círculo vicioso. El Poder Ejecutivo está en crisis. Es ejercido constitucionalmente por María Estela Martínez de Perón, pero los siete millones de votos fueron a su marido, no a ella. En su momento (Criterio Nº 1675) explicamos por qué Perón, al elegir como compañera de fórmula a su esposa, comprometía gravemente el futuro, y por desgracia no nos equivocamos. A nuestro juicio carece del peso político requerido para ejercer el cargo, de la idoneidad necesaria para conducir la administración del Estado y de la autoridad moral indispensable para suscitar el respeto de sus conciudadanos. Tiene razón al decir que no la han “entornado”; los hoy procesados por delitos comunes que la rodearon fueron elegidos por ella, y aún se cuentan entre sus “pocos amigos”. Mientras se mantenga en el ejercicio del cargo hay que descartar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo siga una línea coherente, tanto por las contradicciones de su carácter como por la oposición que despierta dentro y fuera de su partido. Dado que no renunciará ni pedirá licencia, y que sus partidarios no se atreven a hacerle juicio político en el Congreso, lo lógico es pensar, en una perspectiva institucional, que el gobierno seguirá a los tumbos hasta que se lo reemplace mediante elecciones. El Poder Legislativo está en crisis. Los conflictos producidos en el seno del partido gobernante lo han paralizado, al punto de que hace varios meses que no legisla a pesar de tener importantes asuntos entre manos. Está enfrentado con el Poder Ejecutivo, pero a medias. Se opone, pero no puede, o no quiere, imponer su voluntad. Los disidentes del FreJuLi (Grupo de Trabajo, MID, Populares Cristianos) se comprometen a votar el juicio político, pero terminan echándose atrás. El doctor Luder promete convocar la Asamblea Legislativa, pero también se echa atrás. Hay coraje en las palabras, pero cobardía en las acciones. Si sigue así terminará constituyéndose en una caja de resonancia de palabras huecas. El peronismo está en crisis. Lo está desde antes de asumir el gobierno, pero ahora está en pleno proceso cariocinético. Primero quedaron desgajados (a medias) los Montoneros. Luego los verticalistas y los “moderados” expulsaron a Calabró y se separó el Grupo de Trabajo. Ahora los verticalistas desplazan a los moderados, angostando cada vez más la representatividad del partido. En este proceso no hay ninguna coherencia, pues todos terminan siendo víctimas y victimarios. La única constante es la arbitrariedad con que se manejan las situaciones internas, como quedó patentizado nuevamente en el último congreso partidario. Ante el verticalismo sucumbe la razón, la ley y la dignidad personal. Y también la posibilidad de constituir un partido organizado que apoye a su gobierno, sea representativo de las bases y seleccione a los futuros gobernantes. Perón nunca permitió que se organizara su partido. En esto su tercera esposa es fiel discípula. El sindicalismo está en crisis. Ha tratado de jugar tantos partidos simultáneamente que corre el riesgo de perderlos a todos. Pudo asumir el rol participatorio, pero prefirió jugar únicamente el papel reivindicatorio. Desde la negociación de los convenios colectivos de trabajo se ha transformado en un escollo insalvable para el manejo sensato de la economía. Desde la CGT, desde el partido o en el Parlamento veta todas las propuestas del gobierno, de los empresarios o de la oposición, pero no propone nada viable en su reemplazo. Desbordados casi siempre por las bases, las “cúpulas” han perdido poder efectivo de negociación. Con el agravante de que a esta altura parece bastante clara la colusión objetiva (lo cual no implica acuerdo) entre dirigentes de ciertos gremios y la guerrilla industrial, la cual es utilizada como punta de lanza para obtener mediante la extorsión beneficios que luego se pretende generalizar a todo el sector. Profundamente afectado por las divisiones del peronismo, está muy lejos de poder, o querer brindarle un apoyo efectivo al gobierno en el supuesto caso de que la presidenta decidiera seguir un curso sensato de acción. La Hora del Pueblo está en crisis. La lealtad de la oposición no ha sido correspondida por el partido oficialista. No sólo se dejaron de lado las coincidencias programáticas de orden económico-social y educativo, no sólo se ha violado en aspectos sustanciales (p.ej. en el recurso a la violencia y en el uso arbitrario de los medios de comunicación social) el pacto de garantías (Criterio Nº 1667), sino que se ha quebrado el espíritu que le dio origen. Luego de la actitud asumida por el doctor Luder en relación a la Asamblea Legislativa, ya no hay margen para la confianza recíproca. Más allá de los discursos retóricos que caen en la indiferencia, la conducta de los dirigentes peronistas demuestra que no están dispuestos a consentir sacrificios a fin de afianzar el régimen institucional y ponerlo al servicio de la unidad nacional. El Pacto Social, esa segunda pata del proyecto de Perón, está disuelto. Lejos están los días en que se ensalzaban sus virtudes en la OIT. El acuerdo entre el Estado, los empresarios y los sindicatos ha sido reemplazado por la consulta secreta a un pequeño grupo de sindicalistas y la exhortación a una tregua social, luego de anunciar el doctor Mondelli una serie de medidas que benefician exclusivamente al Estado y que con seguridad desencadenarán la reacción airada de empresarios y trabajadores. En el campo económico-social la crisis de credibilidad es total, porque nunca en la historia del país se han cometido tantos desatinos en tan poco tiempo. Sobre algo parece haber consenso: el país no puede seguir siendo gobernado de esta forma, ya que a la disolución del Estado, ya operada, sobrevendrá la disolución de la sociedad. Hay que buscar un remedio. Y aquí surge el primer interrogante: ¿se han agotado ya las posibilidades de corrección dentro del régimen? Hemos visto que el peronismo sólo se muestra incapaz de torcer el rumbo. Pero las fuerzas que protagonizarían el eventual golpe de Estado, y la oposición ¿están en condiciones de afirmar que han hecho todo lo posible para salvar a un régimen que es común a todos los argentinos? Tenemos dudas. Entiéndasenos bien. Nadie ha puesto trabas al ejercicio del gobierno, ya que pocos han contado con tanta buena voluntad de sus opositores como éste. Se trata más bien de saber si no había que salvar al régimen democrático a pesar del peronismo. Las fuerzas armadas demostraron en varias ocasiones que eran capaces de conseguir sus objetivos dentro del régimen. Mencionemos al pasar la intervención contra la guerrilla en Tucumán, la expulsión de López Rega, la resistencia al nombramiento de Damasco y a la confirmación del general Laplane, el control de la lucha contra la guerrilla en todo el país, la solución corporativa del motín aeronáutico. Desde fines del año pasado, sin embargo, han abandonado al régimen a su suerte. Más aún, han contribuido de manera apreciable a erosionarlo en la medida en que han comunicado sin eufemismos a dirigentes de fuerzas políticas, empresariales y sindicales el propósito de interrumpir, cuando les parezca más oportuno, el proceso institucional. Esta actitud ha desmoralizado a la oposición, paralizado a las fuerzas sociales que aguardan la presencia de los nuevos interlocutores antes de pronunciarse sobre las soluciones que la crisis reclama, y ha terminado por cohesionar al peronismo, no en función de gobierno, sino brindándole la coartada que busca desde hace meses: el papel de víctima inocente de las oscuras fuerzas de la sinarquía internacional. ¿Para qué presentar batalla en el partido, o en el parlamento, si la suerte está de todos modos echada? Si con esta campaña psicológica se pretendió influenciar el rumbo de los acontecimientos en un sentido positivo, el efecto alcanzado ha sido el contrario. Si en cambio se hubiera apoyado a la instancia electoral como único remedio legítimo a un mal gobierno, si se hubiera presionado a tiempo en favor del orden económico y se hubiera brindado oportunamente la fuerza necesaria para restablecer la disciplina social, otro hubiera sido el comportamiento de los restantes actores sociales. Pero por no salvar a un gobierno han terminado socavando a un régimen al cual todavía, si quisieran, pueden preservar. Gran responsabilidad en este cambio de actitud le cabe a las fuerzas empresariales y políticas que conforman el partido golpista. Incapaces de defender sus intereses y de alcanzar el poder por medios democráticos, golpean desde hace meses en los cuarteles en procura de la intervención militar. Prestos a denunciar la inmoralidad ajena, no reparan en la falta de ética que significa promover la quiebra institucional desde el seno mismo de dichas instituciones, ni recuerdan las posturas oportunistas asumidas cuando el gobierno era fuerte. El radicalismo, por último, ha carecido de imaginación y de vigor en su tarea. Ha basado su estrategia en el apoyo circunstancial a corrientes internas del peronismo encarnadas por hombres que no respondieron a sus expectativas. Lastiri, Gómez Morales, Benítez, Robledo, Luder, son nombres que jalonan una esperanza defraudada. ¿Dónde quedó la captación de nuevos adherentes? ¿Dónde la búsqueda de aliados y la concertación de alianzas? ¿Dónde la organización de la protesta social? En un régimen democrático la oposición se ejerce no sólo en los recintos legislativos y a través de declaraciones, sino también a través de la movilización y canalización de la protesta social. Esta apatía del principal partido opositor es lo que hace pensar a muchos que no existe una alternativa válida dentro del sistema, y que el único remedio posible es un gobierno o un régimen militar. Nos resta explicar por qué la “solución militar” nos parece indeseable y cargada de peligros. Lo haremos en forma sucinta, porque en el fondo se trata de recordar los argumentos y razones expuestos desde 1966 y que condujeron al régimen militar a organizar la experiencia institucional que estamos viviendo. 1) En la vida social el recurso a la fuerza debe ser siempre la ultima ratio. Para nosotros no se han agotado las posibilidades de cambio dentro del régimen. Sigue abierta la posibilidad de influir sobre el gobierno, sigue abierta la instancia electoral, y hay libertad suficiente para organizar una mayoría alternativa. En estas condiciones una intervención militar carecerá de toda justificación, a menos que invoque un principio de legitimidad alternativo. 2) Al carecer de legitimidad de origen, la lucha política o ideológica contra la guerrilla se le hará terriblemente dificultosa a un gobierno militar. Porque la guerrilla lo sabe, está buscando el golpe desde que accedió el peronismo al poder. ¿No hay una manera más civilizada de decidir quién manda en una sociedad que el recurso a la fuerza? Si la prioridad nacional es acabar con la guerrilla y las demás formas de violencia, la primera preocupación debería ser cómo organizar la paz. La experiencia enseña que una paz duradera no se asienta sobre el recurso desnudo a la fuerza. 3) La experiencia también enseña que la incursión de las fuerzas armadas en política provoca disensiones en su seno. Se organizan facciones, se politizan los cuadros y se quiebra la disciplina. La institución militar pronto deja de ser un factor de orden en la sociedad, y se lesiona gravemente su aptitud como órgano de seguridad. 4) Salvo prueba en contrario, no existe en el país una creencia compartida en otro principio de legitimidad que el democrático, lo que llevará a la constitución de un gobierno pero no de un régimen. El golpe es el típico expediente de corto plazo que desemboca a los dos o tres años en un callejón sin salida. Si a esta objeción se responde que ahora será diferente porque se organizará la sucesión, como en el Brasil, queda por demostrar que el pueblo argentino, tan diferente del brasileño, aceptará un régimen de gobierno fundado en un principio de legitimidad aristocrático. 5) Dados los apoyos sociales y políticos previsibles del golpe militar, hay altas probabilidades de que en el gobierno prevalezca una mentalidad reaccionaria. Aun admitiendo que la justicia, la igualdad y la libertad son valores de vigencia precaria en la actualidad, lo serían mucho más para los sectores débiles de la sociedad en la hipótesis bajo consideración. Y pretender hoy establecer la paz sin justicia social es una utopía. Cada lector entrará en diálogo con estas razones, para refutarlas o extender la lista. No creemos poseer la clave de la vida política argentina, ni mucho menos la única verdad. Hemos dicho y repetido que la política es una cuestión de opinión y que todo dogmatismo debe quedar excluido. Pero nos resistimos a aceptar que las opiniones se funden en el malhumor, y los proyectos políticos en la inconstancia. Creemos en la razón y en las enseñanzas que deja la historia. Una de ellas es que una coalición de descontentos (por ejemplo, el FreJuLi) no sirve para gobernar. Hace diez años se pretendió gobernar con las encíclicas papales; hoy se invocan las virtudes cardinales. ¿Cuándo llegaremos a la madurez?

Fuente: revista Criterio, Buenos Aires, marzo de 2006.

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