Una república frágil

La Corte admite que, como dice la Constitución nacional, los jueces pueden ser cuestionados por su actuación y que el Consejo de la Magistratura es el cauce natural para enjuiciarlos. Pero reclama mesura y que se respete la independencia de la Justicia.

Por Adrián Ventura

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La Argentina puede crecer en el plano económico, pero fracasará como república y nunca llegará a ser un país desarrollado si la división de poderes y el respeto a las instituciones se vuelven una ilusión.

El desarrollo no se mide en términos de inflación, PBI, empleo o crecimiento. Desarrollo es algo más: también exige respeto a la política, a los derechos y a la seguridad jurídica.

¿Qué seguridad jurídica puede haber en un país donde el presidente puede echar a los jueces por televisión? En una nación semejante, la única seguridad que pueden encontrar los ciudadanos, las empresas y las inversiones es la de cobijarse al amparo del presidente. Este es el mensaje encubierto, subliminal, que queda como sedimento luego de que se disipa la hojarasca del discurso presidencial.

Sólo una declaración de la Corte, medida pero estrictamente necesaria, vino a apuntalar la importancia de las formas institucionales.


Algún distraído podría imaginar que Kirchner, en el calor de la tribuna política armada para recordar las atrocidades cometidas por el último gobierno de facto, deslizó las críticas aludidas para conformar a una tribuna ávida por levantar la bandera de los derechos humanos. Pero en el estilo presidencial de gobierno no hay lugar para las improvisaciones:

Las palabras del presidente Néstor Kirchner deben ser leídas en conjunto con las del ministro del Interior, Aníbal Fernández, que directamente pidió renuncias. Hubo una dosis de sobreactuación, pero el Gobierno recurre a ella con frecuencia, para tratar de mantener el control de precios, manipular el Indec o atacar a los jueces. La magia, para mantener su hipnosis, siempre requiere nuevos trucos.

La del sábado no fue la primera vez que Kirchner sobreactuó, porque intuye que una buena parte de la ciudadanía espera eso de él.

El 1° del actual, en el discurso ante el Congreso, Kirchner criticó a la Corte y a Casación por la demora en las causas de derechos humanos. Pero esos casos no corren riesgo de paralizarse. Hace dos años, la Corte reabrió las causas que estaban frenadas por las leyes del perdón. Y antes de fines de abril el procurador general de la Nación, Esteban Righi, dictaminará que los indultos son inconstitucionales, tras lo cual la Corte podrá adoptar ese mismo criterio.

Pero el mensaje presidencial tuvo otro metamensaje: el Gobierno tiene problemas con algunas denuncias de corrupción, como las que se le formulan por el caso Skanska. Arrasar mediante un juicio político al juez Alfredo Bisordi, que puede ser criticado por sus posiciones de derecha, pero que es capaz y honesto, puede ser una forma de prenunciar lo que le puede pasar a cualquier magistrado que quiera investigar a fondo al Gobierno.

En el medio quedan las asociaciones de magistrados y de abogados y algunos medios de comunicación que marcan serias preocupaciones por la falta de independencia judicial. El discurso presidencial genera críticas, pero eso mismo le permite al Gobierno encubrir otros problemas que se acentúan, como la inflación.

En ese marco, el comunicado de la Corte puede parecer escueto y previsible, pero el tribunal dijo lo estrictamente necesario.

La Corte admite que, como dice la Constitución nacional, los jueces pueden ser cuestionados por su actuación y que el Consejo de la Magistratura es el cauce natural para enjuiciarlos. Pero reclama mesura y que se respete la independencia de la Justicia.

Esto, en buen romance, también demanda que el Consejo, bajo el ropaje de las formalidades procesales y amparándose en el calor presidencial, no termine convirtiendo el juicio político a esos jueces en un linchamiento.

Por Adrián Ventura aventura@lanacion.com.ar

Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.

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