Una práctica habitual, pero que no tiene ningún sustento legal

El fiscal Carlos Stornelli se equivocó cuando le avisó al Gobierno que imputaría a Fulvio Madaro y a Néstor Ulloa: si creía que la causa tenía trascendencia institucional, debió seguir el procedimiento que fijan las normas y comunicárselo al procurador general, Esteban Righi; si creía que no la tenía, no debió anticiparle ese dato al ministro del Interior, Aníbal Fernández.

En la Procuración General no hay, todavía, ninguna investigación sobre Stornelli, por más que existe un jury de investigación. Pero, según la opinión más extendida entre encumbrados funcionarios de ese cuerpo, Stornelli no observó la conducta ni los procedimientos correctos.

Se resquebrajó la ética y la imparcialidad que requieren su cargo cuando trascendió que negociaba un puesto en el eventual gobierno bonaerense de Daniel Scioli. Quizá esto no sea cierto y Stornelli haya sido víctima de una maniobra oficial. Pero debió advertir que su situación se había vuelto riesgosa. Es la diligencia mínima requerible a un fiscal avezado.

Pero la principal objeción que se le hace a Stornelli es otra: su decisión de anticiparle al Gobierno que avanzaría contra dos funcionarios no tiene sustento legal alguno.

Puede ocurrir que una causa tenga gran trascendencia institucional. Imaginemos un caso -no es lo que ocurre en la causa Skanska- en el que se investigue al presidente de la Nación o un atentado terrorista. Podría poner en crisis la gobernabilidad.

En tales circunstancias extremas, los procedimientos internos del Ministerio Público requieren que el fiscal de la causa comunique el hecho al procurador general, que es el funcionario embestido por la ley para mantener el nexo con los otros poderes. Será éste quien evalúe, con criterios políticos y jurídicos, los pasos por seguir. Está claro que la indagatoria de Madaro y Ulloa no reviste tal gravedad.

La fuerza de la costumbre

Hay otros dos datos inexplicables. El juez Guillermo Montenegro decidió indagar a Ulloa y a Madaro bajo el peso de la opinión pública. Pero la grabación donde dos particulares hablan de las coimas que pagaron a funcionarios es una pista seria, pero una prueba endeble: si Ulloa y Madaro dicen que los particulares que los involucran son mentirosos, el juez y el fiscal no tendrían otras pruebas de las coimas.

El fiscal sabe de esa endeblez. Entonces, ¿por qué habría usado términos como “me los voy a llevar puestos”? ¿Qué conversó realmente con Fernández?

Es cierto que en los tribunales se suele anticipar al Gobierno que se imputará o procesará a algunos de sus hombres. Pero esa habitualidad, que da lugar a una perniciosa familiaridad, no convierte a la práctica en correcta. Anticipar tal información, siquiera unas horas, puede alcanzar para que un gobierno borre pruebas, saque del país a uno de sus hombres o encuentre una excusa creíble.

Adrián Ventura

Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 18 de mayo de 2007.