Está muy claro qué ordena nuestra Constitución Nacional en materia de relaciones Nación-Provincias-Ciudad Autónoma-Municipios. Tanto como la distancia que hay con la cruda realidad.
Es tan grande esta deuda de nuestra democracia que la socava día a día, tanto como otras deudas más conocidas (empleo, salud, seguridad, etc). La paradoja es que estas últimas no se pueden resolver -entre otras causas- porque su ámbito de actuación es federal. Estos 25 años de vida democrática tuvieron como principal actor político en el Estado al justicialismo a través de dos versiones -más o menos antagónicas-. Sin embargo, ¿fueron tan diferentes en el plano federal?
El menemismo y el kichnerismo comienzan y terminan igual: de la recuperación a la caída económica. La crisis que se conjuró volvió a mostrar su rostro grotesco: más pobreza, más corrupción, más centralismo. Quedamos empantanados en un populismo mediocre: el actual, inclinado hacia el Estado, y el anterior, hacia el mercado.
Pero ambos tuvieron tres grandes coincidencias en el plano constitucional: decisionismo ejecutivo y delegación legislativa en lo político; la emergencia pública como constante y la violación del federalismo.
¿El actual modelo es peor que el anterior en esta materia? Entre otros, Antonio M. Hernández ha puesto el eje en que el debilitamiento del federalismo es nada menos que una base de sustentación de este proyecto. Los índices de coparticipación y sobre todo de gasto público en la esfera nacional-provincial-municipal son determinantes, a la par que las competencias subnacionales se acrecientan de hecho y de derecho cada año.
La verdad es que ambos modelos continuaron en este punto el perverso esquema instaurado por la dictadura en 1976. Desde entonces nos quieren hacer creer que primero debe haber crecimiento económico y luego se podrá cumplir con la Constitución, cuando la historia de Occidente demuestra desde hace poco más de 200 años lo contrario: el constitucionalismo y el federalismo son una condición del desarrollo, no su consecuencia.
Enrique José Marchiaro. Es rafaelino, doctor en Ciencias Jurídicas y docente en la Universidad Nacional del Litoral y UCSE DAR. Fuente: Diario Clarín, 3-11-2009.