La ciudad de Rafaela volvió a ser noticia en los medios nacionales a partir de un fallo de la Dra. Liliana Spaggiari. La resolución de la Magistrada estuvo ajustada a derecho y no es la primera vez que adopta una medida de este tipo. Es decir no estamos discutiendo procedimientos al margen de la ley o de abuso en la autoridad de la Jueza. Muchos medios y periodistas han tomado este hecho para alentar sus ideas ligadas absolutamente a la represión y una mano mas dura con los delitos o acciones cometidas por menores de edad. No es casualidad que el tema se mantuviera tantos días en algunos canales de televisión, por ejemplo.- Hay que reconocer, también, que en la Justicia de Menores existe (muy bien ejemplificado en el Programa de Carlos Larriera por Canal 13) otra visión sobre la actitud que deben tomar los jueces frente a este tipo de situaciones; en donde se especificó, muy claramente, que la opinión mayoritaria en la Justicia era de aplicar estas medidas como excepcionales y dejar para otros poderes del Estado el abordaje del problema, fundamentalmente para que no haya una desmesurada intromisión del Poder Judicial en el rol insustituible de la familia. Y aquí es donde comienza a caerse la cáscara y empezamos a ver los hechos tal cual son y la realidad de nuestra ciudad como, a veces, no queremos aceptarla. ¿Cuáles son los otros Poderes del Estado al que se hacía referencia en el canal televisivo de Santa Fe? Para empezar el propio Poder Judicial, que en Rafaela carece de personal suficiente para atender toda la problemática. ¿Es cierto que existe una sola Trabajadora Social dependiente de dicha estructura para una ciudad de 90.000 habitantes? El Gobierno Provincial mientras tanto parece tener recursos para impulsar algunas políticas en la ciudad capital pero en el interior su presencia es prácticamente nula en la materia. La Dra. Liliana Spaggiari, más allá de sus aciertos y errores, no parece una Magistrada que se levante todas las mañanas buscando chicos para dictarles arresto domiciliario. Es más, muchos podrán estar en desacuerdo con la medida que adoptó, pero es bueno que se sepa que en repetidas oportunidades planteó , tanto a nivel provincial como municipal, la necesidad de desarrollar estrategias de conjunto y rara vez fue escuchada. Los chicos y sus familias son rafaelinos, crecieron en esta sociedad y entonces la Municipalidad no puede desentenderse de esta situación. Días pasados en el diario El Litoral le hicieron un reportaje a la Directora Provincial del Menor, la Mujer y la Familia del Gobierno de la Provincia, Graciela Martinet, y ella explicó claramente que los operadores de calle están para actividades recreativas y que existe un equipo de veinte (20) trabajadores sociales en la calle siguiendo la situación de los pibes, viendo su realidad, analizando estrategias de contención; es decir lo que tantas veces hemos reclamado en nuestra ciudad: la formación de equipos interdisciplinarios conformados por trabajadoras sociales, psicólogas, terapistas ocupacionales, psicopedagogas, abogados, etc. Esto es lo que debería generar inmediatamente el Municipio y no preocuparse tanto por la cuestión mediática haciendo declaraciones en los canales de televisión apoyando la medida de la Jueza. Para decirlo claramente: este Juzgado de Menores necesita otro tipo de apoyo mucho mas concreto, una inversión en recursos humanos y materiales, que coordinados con otras instituciones (ONGs que vienen trabajando desde hace años), la Regional de Educación (deserción escolar, problemas de aprendizaje), la Atención Primaria de la Salud (desnutrición, discapacidad, etc.), el Foro de Calidad de Vida (adicciones), la Policía (su accionar ante cada situación específica), para poner algunos ejemplos, generen una Política de Estado; es decir enfrentar el problema desde su integralidad y no rasgarnos la vestidura a favor o en contra de un fallo judicial. Una Política de Estado que ponga el centro en la familia y no en el asistencialismo. El problema no se ataca de fondo pagando pasajes o atendiendo “un caso” con un bolsón. Esto es lo mismo que si un médico logra recuperar de una crisis asmática a un chico y luego ese pibe vuelve a una casa con piso de tierra, paredes húmedas, techo de lata y nosotros estamos discutiendo si debió darle tal o cual medicamento. Se necesita de una decisión política del Estado Municipal. Todos los que somos padres sabemos lo que cuesta poder hablar, entender y ponernos de acuerdo con nuestros hijos adolescentes, y también es cierto que a veces, la Justicia marca límites, teniendo siempre presente que no es lo mismo la realidad de un chico que rompió una farola, a aquel que drogado mató a un anciano para robarle. En la ciudad se instaló el debate y es bueno que ello suceda, pero evitemos dar nombres y comentar por lo bajo el apellido de alguno de los pibes para que después un diario nacional lo muestre en sus páginas, dejemos de analizar las consecuencias y abordemos, definitivamente, las causas.- Algo grave nos está pasando como sociedad en Rafaela y es tiempo que empecemos a darnos cuenta.-
