Tras el derecho ciudadano

La reiteración del debate sobre la edad de imputabilidad en los menores, que no se da sólo en Argentina, demuestra el fracaso de otras políticas que debiesen ser de interés y contención del menor y su familia.

Por María Herminia Grande (Rosario)

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por María Herminia Grande.- Una vez más la política en Argentina va a la retaguardia de la realidad. El asesinato protagonizado por un menor de 16 años, movió nuevamente el tablero de la discusión sobre la edad de imputabilidad en los menores. Cada vez que ocurre un hecho de tal gravedad, la sociedad y sus representantes toman partido por una u otro postura. Lo cierto es que hoy hay un vacío conceptual y político en esta materia. Sobre el tema rige un decreto de la dictadura (22278 de 1980) de acuerdo al cual los menores de 16 años resultan no sólo inimputables sino también no punibles. Por lo tanto ningún menor puede ser privado de la libertad. Recientemente, el ministro del interior Florencio Randazzo, ha dicho que ninguna reforma es necesaria ya que los jueces tienen los elementos legales necesarios para privar de libertad a los menores en cuestión. El ministro se basa en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de diciembre de 2009, que constitucionaliza el decreto de la dictadura antes mencionado, y permite como forma de “protección” a los menores inimputables la privación de su libertad. Este fallo, menciona el Dr. Emilio García Méndez consultor de la UNICEF, se encuentra denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dado que viola la ley sobre infancia que rige desde el año 2005.

Para contextualizar el tema es interesante el debate que plantea el Dr. Juan Carlos Vega sobre el garantismo social y el garantismo liberal. El garantismo tradicional desempeñó en sus inicios un rol fundamental en el freno al avasallamiento policial. En aquel momento se tutelaba la seguridad del Estado. Ha pasado el tiempo y hoy el paradigma es la seguridad ciudadana. Es el Estado el que debe proteger la seguridad ciudadana. Éste no es un problema menor. A tal punto que el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: “Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”; y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Por lo tanto la seguridad ciudadana es un derecho humano.

El fenómeno a reconocer es que cuando aumenta el delito algo en la organización de la sociedad falla. La sociedad se organiza con las políticas que se implementan. Nos guste o no reconocerlo el fenómeno de la delincuencia tiene directa vinculación con el aumento de la pobreza. Y el fenómeno del aumento de la agresividad en los delitos tiene directa vinculación con la droga. Estos dos fenómenos se emparentan con un tercero cual es, el delito impune de la riqueza que confluye en el mundo de la corrupción. Dicho esto, la pregunta a realizarse es cuál debiese ser la política correcta sobre el tema. Aclarado previamente que para su resolución final actúan otros factores; perspectivas de futuro, trabajo digno, educación posibilitadora, garantía sobre salud y vivienda; sobre el problema específico, existe un proyecto de ley aprobado en el Senado que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, le concede el derecho de defensa al imputado y prevé la creación de veinticuatro institutos de menores con equipos interdisciplinarios. Para que esta ley sea puesta en escena se necesita con claridad conocer las fuentes de financiamiento. Hoy este tema está en manos de diputados. Como dice el consultor de UNICEF, Dr. García Méndez: “cuando el Estado no da respuestas serias, la sociedad tiende a dar respuestas brutales”. La reiteración del debate sobre la edad de imputabilidad en los menores, que no se da sólo en Argentina, demuestra el fracaso de otras políticas que debiesen ser de interés y contención del menor y su familia.

Política en Santa Fe

Todo indica que el congreso del justicialismo del 5 de febrero, no tendrá el sello de la unidad. La propuesta del presidente del partido Ricardo Spinozzi hacia el kirchnerismo, de firmar un documento en el cual el partido se compromete a adecuarse a los lineamientos del PJ nacional, no alcanza. El diputado Agustín Rossi le ha hecho saber tanto a Spinozzi como al ex gobernador Obeid, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ve con buenos ojos la vigencia de la sigla Frente para la Victoria como identidad partidaria, y que de este mandato no se apartará. De continuar esto así, Rossi se presentaría por el Frente para la Victoria y el PJ decidiría sus candidatos. No es el único que iría por fuera. El precandidato Oscar “Cachi” Martínez comparte esta tesitura dado que no se siente atraído “por un partido donde manda una secretaria privada y un tenedor de libros”. El diputado Obeid sabiendo que no tiene las puertas abiertas en la Rosada, incrementó sus conversaciones con el precandidato a presidente de la nación, Eduardo Duhalde.

El socialismo tampoco exhibirá el sello de la unidad. El senador Giustiniani luego de recorrer el norte santafesino, asegura que las adhesiones le sonríen y que el 5 de febrero presentará su candidatura y el 21 del mismo mes dará a conocer los nombres de los hombres y mujeres que lo acompañarán. También jura y perjura que de no resultar favorecido, al dia siguiente trabajará para el candidato ganador.

Fuente: diario La Capital, Rosario, 29 de enero de 2011.

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