Tardan dos años en reemplazar a un juez

Los plazos de designación se estiran sobre todo en la Magistratura y en la Presidencia; hay 107 tribunales vacantes. En medio del debate por la reforma, los organismos se culpan entre sí por la situación. Las consecuencias: lentitud en los procesos y dudas sobre la constitucionalidad.

Por Paz Rodríguez Niell

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Cuando un juez nacional muere, renuncia o es destituido se demora casi dos años en cubrir su vacante. El trámite demanda, en promedio, diez meses en el Consejo de la Magistratura, once en el Poder Ejecutivo y dos en el Senado. Mientras tanto, 107 tribunales funcionan hoy acéfalos en la Argentina y, como consecuencia, se retrasa el trámite de las causas, se complican las investigaciones y la calidad de las sentencias no es la misma. Para emparchar la situación, se recurre a jueces de emergencia, de dudosa constitucionalidad: los subrogantes, designados para que comanden un juzgado hasta que se nombre al verdadero titular. En medio de la pelea por el proyecto que impulsa el oficialismo para reformar el Consejo de la Magistratura, el Gobierno y los consejeros se echan culpas por las demoras. El Consejo es muy burocrático, denuncia la Casa Rosada. Es el Ejecutivo el que retrasa las designaciones, responden los consejeros. Un relevamiento demostró que unos y otros han tardado más de lo previsto en cumplir con su parte. Los vacantes son variadas. Las hay para camaristas y para jueces de primera instancia; nacionales y federales; penales, civiles, comerciales, de la seguridad social y laborales. El trámite para cubrirlas empieza en el Consejo: se sortean los jurados, se llama a concurso y los postulantes tienen cinco días para anotarse. Entonces, se toma el examen a los candidatos, se evalúan sus antecedentes y se forma un orden de mérito. Después, vienen las entrevistas personales, los exámenes psicotécnicos y la propuesta de terna que elabora la Comisión de Selección. Por último, el plenario toma entrevistas públicas a los mejor calificados y eleva la terna al Poder Ejecutivo. La ley establece que desde el examen escrito no se debe tardar más de 150 días hábiles para cada concurso (el plazo no incluye la etapa de formación de jurado e inscripción). Pero el Consejo de la Magistratura demoró un promedio de 10 meses para remitir cada una de las ternas que inició de 2003 en adelante. La Nación calculó la duración promedio basándose en la información publicada por la Comisión de Selección. Para ello, se tomó como punto de partida el sorteo de los jurados. También se computaron vacantes que se cubrieron más rápido porque se sumaron a concursos ya abiertos. “Desde el Consejo no hay mucho tiempo por ahorrar”, dijo la diputada y consejera Marcela Rodríguez (ARI). “Es el Ejecutivo el que debería achicar sus plazos. No hay forma de explicar que requiera más de un año analizar una terna, salvo algún manejo político.” Según el decreto 588/03, desde que el Ministerio de Justicia recibe las ternas tiene 45 días hábiles para elevar al Presidente las actuaciones, a fin de que él elija al candidato.

Diferentes frecuencias

Desde que Néstor Kirchner asumió, resolvió más de 100 ternas. Tomando en cuenta sólo las que le llegaron durante su gestión, demoró en elegir un promedio de 11 meses. Además, tiene para su estudio otras 32: 21 desde hace más de dos meses y, las siete más viejas, desde hace más de un año, según un informe del Consejo del 28 de diciembre pasado. Fuentes del Ministerio de Justicia advirtieron que sólo le quedan por resolver 16 ternas y negaron tener anteriores a 2005. “Reconocemos en ocho casos una demora de dos meses y la mayoría son ternas para jueces de Cámara”, dijo una fuente cercana al ministro Alberto Iribarne. El año último, 71 jueces fueron designados por el Gobierno (44 desde que asumió Iribarne, en agosto último, destacan en el ministerio), mientras que en 2004 se habían elegido 40, en 2003, 10 y, en 2002, 47. Una vez superados esos trámites, al candidato a juez le resta pasar por el Senado. Esta etapa no está exenta de demoras. El caso testigo es el de Amalina Assaf, candidata a jueza electoral de Catamarca y récord absoluto en retrasos. Su expediente lleva un año y nueve meses paralizado en la Comisión de Acuerdos, por una alianza entre radicales, kirchneristas, peronistas catamarqueños y el gobernante Frente Cívico. Ninguno la quiere como jueza electoral. No es un caso habitual. En promedio, el Senado tarda 61 días en dar su acuerdo. Al menos, eso es lo que tardó -en promedio- para resolver los 76 pedidos ingresados durante 2005. Entre las siete designaciones que adeuda la Cámara está la de Domingo Montanaro, aquel que un examen calificó “no apto” psicológicamente para ser juez. Hace más de seis meses, su pliego está frenado en el Senado. Para Miguel Angel Caminos, presidente de la Asociación de Magistrados, el sistema es lento porque tiene muchas etapas. “En el último año, la parte en el Consejo se agilizó”, dijo y señaló al Gobierno y al Senado como “los responsables de las demoras”. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) advirtió que las vacancias perjudican a la gente. “Hay demoras en la tramitación de los juicios y se afecta la calidad del trabajo -dijo Juan González Bertomeu-. Sin embargo, si el proceso garantiza el debate público y la transparencia, dos años [para nombrar a un juez] tal vez no sea tan grave.” Para el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), el sistema de selección es engorroso, caro y largo. A cambio, propone organizar una escuela judicial y que los candidatos a formar las ternas sean sus mejores egresados. La Asociación de Magistrados apoya esta idea. En cambio, el ex diputado Juan Mínguez (UCR), que fue hasta diciembre último miembro de la Comisión de Selección del Consejo, consideró que la escuela judicial dejaría exclusivamente en manos de la “corporación judicial” el sistema de selección. Mínguez apuntó contra el Gobierno: “Hoy el Consejo no tiene ternas atrasadas. Es el Ejecutivo el que tiene 26 nombramientos sin resolver”, dijo. Reconoció, sin embargo, que “podrían acortarse los plazos en el Consejo” siempre que se garantizara “el debido proceso” de los concursantes.

Paz Rodríguez Niell

Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 15 de enero de 2006.

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