Suiza pide informes del empresario Lázaro Báez vinculado a K por lavado de dinero

Un tribunal de Liechtenstein tiene bloqueados US$10 millones de la empresa santacruceña Austral Construcciones, atribuida a Lázaro Báez (empresario vinculado a Néstor Kirchner), que pasaron por Bahamas hacia Europa a través del banco Macro Bansud y el Sud Bank and Trust Ltd. de las Bahamas.

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Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.- En el marco de una investigación por lavado de dinero, un tribunal de Liechtenstein tiene bloqueados US$10 millones de la empresa santacruceña Austral Construcciones, atribuida a Lázaro Báez (empresario vinculado a Néstor Kirchner), que pasaron por Bahamas hacia Europa a través del banco Macro Bansud y el Sud Bank and Trust Ltd. de las Bahamas, para terminar en el Hypo Investment Bank AG de Liechtenstein, principado que no posee representación diplomática en el país por lo que la embajada Suiza fue la encargada de tramitar el pedido de informes a las autoridades nacionales.

El embargo judicial de un depósito de US$10 millones en un banco de Liechtenstein -un pequeño país de Europa, entre Suiza y Austria- a nombre de la empresa Austral Construcciones que el año pasado le vendió a la provincia de Santa Fe 140 motoniveladoras chinas por unos US$12 millones volvió a levantar sospechas sobre la operación. (En esa operación, el diputado santafesino Raúl Lamberto y su colega Hugo Marcucci denunciaron un sobreprecio de US$30.000 por máquina, es decir unos US$4 millones 200 mil que “se podrían haber ahorrado”, según el legislador socialista). Un juez del Principado europeo pidió al gobierno de Jorge Obeid y a la justicia de Santa Fe un informe sobre la actividad de la compañía santacruceña en una causa en la que es investigada por supuesto lavado de dinero. El requerimiento judicial ya tuvo resonancia política: “Estamos ante un hecho gravísimo que la justicia y la provincia deben investigar”, dijo Lamberto según publica el sitio de la provincia ‘Esperanza día x día’. La noticia fue dada a conocer por el diario santafesino ‘El Litoral’, que informó que el juez de Liechtenstein, Nicole Netzar, había bloqueado un depósito de US$10 millones en el banco Hypo Investment Bank AG de ese país y pidió al gobierno de Obeid y a la justicia santafesina un informe sobre Austral Construcciones en una causa por presunto lavado de dinero. Antes de ser depositados en el banco de Liechtenstein, los US$10 millones pasaron por el Macro Bansud de la Argentina y por un banco de las islas Bahamas. “Los fondos fueron depositados en una cuenta abierta por Trade 24 Ltd. de Victoria, la capital de la república de Seychelles, conformada por más de un centenar de pequeñas islas ubicadas en el océano Indico, al noreste de Madagascar. Esa cuenta fue abierta bajo requerimiento administrativo de normas de seguridad internacionales; según ese trámite allí debían moverse fondos provenientes de la venta de sistemas de calefacción, pero los únicos recursos que finalmente se movieron fueron los de la empresa santacruceña Austral Construcciones”, reveló el vespertino. Según ‘El Litoral’, los autorizados para operar la cuenta, el británico Paul Anthony Cardy y el neozelandés Mark William Spiers, son los dos imputados en la investigación penal abierta. En esa causa, consta que el 15 de mayo de 2006 se depositaron US$10 millones provenientes de Austral Construcciones SA de la Argentina , y que la transacción no cumplió con los estándares internacionales requeridos para la operación. Para justificar el depósito, Spiers y Cardy entregaron al banco de Liechtenstein un contrato de asociación y participación de venta directa de títulos entre Trade 24 Ltd. y la constructora santacruceña Austral que -en contra de lo que sucede habitualmente en ese tipo de operaciones- sólo firmaron dos personas, por la firma santacruceña lo hizo Fernando Javier Butti. Luego de embargados los fondos, según relata el diario santafesino, “Frank Clement y Jean Mourlan se apersonaron ante el juzgado de Liechtenstein en representación de Austral Construcciones, argumentando que el depósito provenía de actividades comerciales de la empresa y que su destino había sido acordado durante un encuentro entre Butti y Cardy en Londres”. Sin embargo, en la investigación aun no se determina por qué en el Hypo Investment Bank AG no se abrió una cuenta a nombre de Austral Construcciones tal como figuraba en el contrato, y en cambio sí se depositó el dinero en la cuenta de Spiers y Cardy. Ante el pedido de justicia de Liechtenstein para que la compañía explique el origen de los fondos, se presentó documentación firmada por autoridades del gobierno de Santa Cruz (por Butti) y por el ex administrador de Vialidad Provincial de Santa Fe (DPV), Antonio Grbavac, un funcionario que fue despedido de su cargo por Obeid en octubre del año pasado. “Sin embargo, en el caso de Santa Fe, al juez de Liechtenstein no le consta que la certificación presentada con la firma de Grbavac haya sido expedida por la provincia con los respaldos administrativos del caso, ni quien fue el que le solicitó al ex funcionario santafesino que emita la certificación, si es que en realidad lo hizo”. Al tribunal europeo le llama la atención el recorrido del dinero, que incluyó una maniobra de compra venta de títulos en su paso por Bahamas. La investigación judicial también ha puesto el ojo sobre las razones por las cuales el dinero de Austral Construcciones se depositó en una cuenta en la que la empresa santacruceña no aparecía comprometida directamente. Según el sitio web mencionado, Lamberto comparó “el depósito de US$10 millones que se está investigando por lavado de dinero” con el costo de las 140 motoniveladoras chinas que “fue de US$12 millones. O sea que estamos hablando de cifras casi equivalentes a la orden de compra”. “Estamos ante una maniobra que hay que investigar, que la justicia y la provincia deben investigar. Es un tema muy grave porque son dineros públicos. Los elementos aportados por los diputados (en la causa abierta en la justicia de Santa Fe por la compra de las máquinas) no son menores, son elementos que acreditan que hubo una diferencia de precio, que hubo observaciones claras del Tribunal de Cuentas que no fueron no subsanadas al tiempo de la licitación. O sea que se adjudicó la compra a alguien que no era el presidente de la compañía por un objeto social que no estaba acreditado, donde las áreas públicas, incluida la propia Vialidad Provincial en lugar de observar y seguir la misma línea del Tribunal de Cuentas terminó por justificar la licitación”, agregó.

Fuente: Urgente 24/OPI Santa Cruz. Colaboración de Daniel Pustilnik ( Córdoba).

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