Sofismas económicos y consensos sociales

Por Ernesto A. O’Connor.- Los cambios en el gabinete nacional abren expectativas políticas pero hasta el momento no se evidencian cambios en las decisiones en materia económica, ante un futuro nada promisorio.

El impacto de las últimas elecciones legislativas determinó que el oficialismo tomara nota de algunas cuestiones, entre ellas la crítica situación macroeconómica de la Argentina. Las respuestas más salientes han sido los cambios en la Jefatura de Gabinete –que por primera vez desde su creación parece asumir los roles constitucionales–, en el Ministerio de Economía y en el Banco Central. Luego se sumaron una serie de anuncios y medidas que, a comienzos de diciembre, cuando cerramos este número, permiten vislumbrar parte del futuro.

La evidencia muestra que las decisiones de política macroeconómica implementadas desde 2006, y en forma creciente desde 2011, están en el origen de la situación actual. El punto de llegada son los desequilibrios macroeconómicos, expresados en una nueva manifestación de la restricción externa –una más en la historia…– con un continuo drenaje de reservas del Banco Central, aún a pesar del cepo cambiario vigente desde abril de 2012. La causa, desde nuestra perspectiva, es la dominancia fiscal de la política monetaria: alto gasto público consolidado Nación-provincias-municipios, en niveles históricamente récord de 50% del PIB, financiado por la Nación con emisión monetaria, generando atraso cambiario, con consecuente inflación, que se ubica en el podio del mundo, y que aleja la producción argentina de la competitividad, agravando la restricción externa. Una vez más, un path dependenceirreversible de la Argentina en el largo plazo: la administración ineficiente y displicente de la gestión pública.

Por las medidas anunciadas, la Administración Nacional tomó nota y comienza a implementar un ajuste fiscal para contener el gasto, de modo de, posiblemente, emitir menos. El ajuste por ahora se presenta con la suba de impuestos a los autos cuyo valor de mercado es superior a un precio determinado y el alza del 20 al 35% al impuesto a consumos en el exterior con tarjetas.

El Banco Central, por su parte, ha coordinado la venta de bonos en dólares de manera agresiva para bajar la cotización del paralelo blue, descapitalizando a la ANSéS, para corregir expectativas de corto plazo.

Asimismo, se anunció el comienzo del acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF, lo que permitiría recuperar algo de la perdida reputación global. La apuesta de la Administración sería ir resolviendo los litigios externos restantes: Club de París, CIADI (ya cerró algunas demandas), pero deberá lidiar con los holdouts, con resultado incierto, y, seguramente, costo en divisas y no sólo en bonos. Luego se aspiraría, con cambios en el INDEC y en el nuevo IPC, a liberar fondos de organismos internacionales. Supongamos que la nueva medición de inflación arrojara el 18% en lugar del 10% anual, aún cuando esté lejos del actual 25%, podría acelerar la aprobación del FMI y la vigencia del artículo 4. Acceder a una línea del FMI (un “blindaje” estilo el de 2001) no sería una opción a descartar. Los ansiados fondos del BID estarían disponibles, y los del Banco Mundial dependerán de los acuerdos con holdouts.

A resolver: si se relajara el control de importaciones, habría más actividad industrial y mayor crecimiento, con más inflación y demanda de dólares. De seguir el control de importaciones, la industria –el gran generador del déficit comercial bilateral argentino estructuralmente (no el turismo o la energía)– no crecerá, y afectará la actividad global.

El objetivo es que todo esto incremente la oferta neta de divisas para reducir la restricción externa, mejorar las expectativas, recuperar la economía y la credibilidad en la Administración.

Los anuncios se complementan con medidas para paliar la inflación: nuevos acuerdos de precios, mesas sectoriales, techos a las paritarias salariales, y 200 metas productivas por sectores, dado que la inflación se origina por rigideces de oferta, pues los productores y empresarios priorizan su renta y sub-invierten, según el diagnóstico oficial. Por eso el Estado debe conocer la estructura de costos vía estudios de matriz insumo-producto, y fijar rentabilidades por sectores.

Está claro que esta idea no funciona en ningún lugar del mundo. La inflación implica que el peso pierde valor, y es tarea del Banco Central generar valor en la moneda, de modo que los agentes no la repudien y, en consecuencia, no prefieran la divisa extranjera.

Reducir el gasto público récord sería, desde nuestra perspectiva, el comienzo de una solución. Los elevados subsidios a la producción, transporte y energía, las nuevas jubilaciones sin aportes (se podría haber creado un ingreso universal mínimo y no equipararlo con las jubilaciones), el gasto desmedido en empleo y salarios públicos y el costo de la obra pública son algunas de las causas.

Hoy gobernar significa emitir y/o crear impuestos, desde el punto de vista del financiamiento del gasto público nacional, provincial y municipal: La Nación, con el impuesto inflacionario más la presión tributaria récord de la AFIP; las provincias, aumentando impuestos y gasto público; y los municipios, con nuevos roles y mayores tasas.

Las nuevas medidas pueden generar la percepción de que los desequilibrios macroeconómicos de corto plazo son transitorios, pero en realidad serán permanentes si no se encara el origen del problema. Y las políticas monetarias, fiscales y cambiarias correctivas seguramente provocarían muchos costos en el corto plazo. Hacia el mediano plazo, si se logra acceso al financiamiento externo y no se reduce el gasto público, reaparecerá la dinámica de la deuda pública, que se sumará al déficit fiscal monetizado, y generará mayores desequilibrios.

Cualquier salida implicaría modificar la forma de organización económica. De no hacerse, con o sin crisis macroeconómica, no habrá alto crecimiento, el empleo privado seguirá cediendo y la pobreza estructural no mejorará ni en el mejor de los casos (cabe recordar que según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA es de 26,9%). El camino al desarrollo económico y social seguirá dominado por los sofismas imperantes, resultado, también, de los consensos sociales mayoritarios.

Fuente: revista Criterio, Buenos Aires, Nº 2400 » ENERO 2014.

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