Sigue la confusión sobre del control externo municipal: ¿prevenir, sancionar, castigar o mejorar?

Por Natalia Aquilino.- Recientemente la oposición municipal anunció el proyecto de creación de una Unidad de Investigación donde se amalgaman proyectos anteriores sobre la un Tribunal de Cuentas Municipal y una Oficina Anticorrupción. El organismo tendría tres tribunos pero con la posibilidad de investigar situaciones particulares. El proyecto así planteado presenta varias confusiones evidentes. La primera es una confusión relativa a las funciones que se asignan al organismo que se va a crear. Un Tribunal de Cuentas tiene funciones muy distintas a las de una Unidad de Investigación. Mientras que el tribunal juzga sobre los actos administrativos de la función pública ex post (una vez que ocurrieron); una Unidad de Investigación tiene la potestad de investigar hechos de presunto fraude durante o al finalizar la gestión pública. Al mismo tiempo una Unidad de Investigación se diferencia de una Oficina Anticorrupción. Mientras que la Oficina se dedica a la prevención e investigación de los hechos de corrupción (como querellante); una Unidad de Investigación sólo se dedica a la segunda función. La segunda confusión se refiere a los fines que persigue el organismo que se va a crear. Un Tribunal de Cuentas se enfoca en dos dimensiones de los procesos de trabajo de la Administración Pública: la eficiencia y eficacia (con foco en la cuenta de inversión en general) y el control de legalidad. Una Oficina Anticorrupción se enfoca en dos dimensiones diferentes de los procesos de trabajo: la no corrupción (prevención), la recepción y patrocinio de denuncias con foco en la detección y recuperación de activos producto de los hechos de corrupción. Por su parte una Unidad de Investigación se asemeja a la Oficina mencionada en el rol de investigar hechos supuestos de corrupción (desvío de fondos, fraude, etc.) pero difiere en su capacidad de prevención, quizás la que más contribuye a su fin. La tercera confusión se refiere al alcance de sus actividades. Mientras que un Tribunal de Cuentas tiene potestad sobre el Ejecutivo, el Legislativo y las entidades descentralizadas, una Oficina Anticorrupción sólo tiene competencia sobre el Poder Ejecutivo y empresas, sociedades y todo otro ente público o privado en que el Estado participe o su aporte sea la principal fuente de recursos. La competencia de una Unidad de Investigación es más difusa hasta que se defina. La cuarta confusión proviene de la designación de los funcionarios. Mientras que un organismo tipo Tribunal de Cuentas es designado por el Poder Legislativo; un organismo como la Oficina Anticorrupción cuenta con la designación del Poder Ejecutivo al igual que el caso de una Unidad de Investigación. La lista podría seguir pero dejamos aquí. Pensamos que el control externo municipal es tan bueno como el control interno tal como indica nuestra Constitución Nacional. Sin embargo, para dar origen a un proyecto sólido se deben despejar, antes que nada las dudas acerca de los fines últimos con los que se diseña la entidad. Es necesario tener absoluta claridad acerca de los objetivos que debe perseguir el control externo. En primer lugar, es crítico definir si: ¿se busca prevenir actos viciados contra la administración pública? ¿se busca denunciar, investigar y juzgar actos de corrupción? ¿se busca analizar y conocer los resultados que alcanzan las políticas municipales? En segundo lugar, es indispensable definir a qué nivel de la cadena de valor público que quiere participar: ¿Se trata de controlar los insumos (las compras por ejemplo)? ¿Se trata de controlar de los procesos (la contratación de funcionarios)? Se trata de controlar los productos (la obra pública) o los resultados (el impacto en la vida de las personas) de la administración pública? ¿Qué es lo más importante? En tercer lugar, cualquier proyecto debería definir los valores con los que se ejercerá el control externo municipal que son tanto producto de las normas como de las costumbres. En cuarto lugar, tiene que quedar claro si el organismo operará sobre todo el sector público (incluyendo al legislativo) o sobre algunos organismos. En este punto es crítico prever mecanismos de designación transparentes que sean coherentes con toda la arquitectura institucional existente. Finalmente, el control externo deberá adoptar criterios de operación. ¿Priorizará la eficacia, la efectividad, la eficiencia, la sostenibilidad o la equidad? Como señalamos anteriormente, un modelo innovador podría combinar la creación de una entidad fiscalizadora superior con una entidad evaluadora. La primera tendría la responsabilidad de fiscalizar el desempeño administrativo del gobierno y las cuentas públicas mientras que la segunda sería responsable por la evaluación de los resultados sustantivos de la gestión gubernamental. Ambas deberían incluir en sus propios gobiernos representantes de las instituciones sociales para aumentar la participación ciudadana. Una entidad fiscalizadora del tipo Auditoría tiene la ventaja de reforzar el rol del Concejo Municipal en el control externo. Cuando a esa entidad se le asigna además funciones jurisdiccionales puede juzgar y hacer efectiva la denominada responsabilidad contable. Una entidad evaluadora del tipo Agencia tiene la ventaja de reforzar la participación ciudadana en el control. Puede tener una dependencia relativa del Ejecutivo municipal y construirse a partir de la capacidad estadística existente en el ICEDel sumando un análisis de largo plazo que abone las decisiones más estratégicas de la ciudad. El rol de actores académicos y sociales en una institución de este tipo es clave. El debate por el control externo del Estado es tan profundo como indispensable. A medida que las ciudades crecen y se complejizan se hace más necesario sofisticar la gestión de la información que circula por el momento político y los mecanismos que la producen. Podríamos empezar por poner en internet los proyectos de ordenanzas municipales que elaboraron los concejales. Eso se llama Gobierno Abierto. Un modelo moderno para ejercer el control externo de los actos de gobierno a nivel municipal debería garantizar la publicidad de los actos gubernamentales, la transparencia de la gestión pública, la evidencia de los resultados de gobierno, un marco normativo con mecanismos de responsabilización y sanción, la independencia de las instituciones responsables y la participación social en el control externo (más allá de las elecciones). Una ciudadanía más informada es una ciudadanía más empoderada para ejercer el control externo del que también es responsable.

La autora es rafaelina y directora del Programa de Monitoreo & Evaluación de CIPPEC.

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