Por Emilio Grande (h.).- Estamos viviendo una grave crisis institucional con el intento de intervención a Vicentin dispuesto por el gobierno nacional, sumado a una extensa cuarentena que está dejando un tendal de comercios y empresas cerradas o con problemas para subsistir.
¿Cuál es la urgencia o “utilidad pública” para tomar esta decisión política? La empresa agroexportadora de Avellaneda se encuentra en cesación de pagos desde el 4 de diciembre de 2019 con una deuda de 1.350 millones de dólares, en el marco de un concurso preventivo de acreedores en el Juzgado de Reconquista, que es el lugar donde debe investigarse el destino que tuvieron los créditos otorgados por el Banco Nación desde el 2002 y las formas para encontrar soluciones con los acreedores.
A decir verdad, fue acertada la decisión del juez Fabián Lorenzini al restituir legalmente a los directivos de la empresa, quienes habían sido desplazados por los interventores y luego quedaron como veedores. Es una “derrota” para las aspiraciones kirchneristas.
Llamativamente, el gobernador Perotti sigue la lógica presidencial con un maquillaje al proponer la IGPJ una intervención provincial hasta que se resuelva el proceso judicial, rechazado por la empresa, buscando evitar la expropiación (debe ser sancionada en el Congreso, motorizada por Cristina Fernández), pero lo llamativo es que el gobierno provincial pidió al magistrado que diera marcha atrás con la medida mencionada y fue denegada por Lorenzini. Dos ministros provinciales consultados decidieron no hablar…
En este contexto de atropello inconstitucional, la gente se manifestó masivamente el sábado pasado en decenas de ciudades de la Argentina, entre ellas Rafaela, que va más allá de Vicentin, expresando su rechazo a esta locura de Alberto Fernández, quien perdió los estribos, está manejado por la Vice y necesita una brújula jurídica…
El gobierno nacional pidió hace unos días a Lorenzini que reconsidere el fallo que apartó a los interventores. Si el magistrado mantiene la postura de no dar lugar, que sería lo lógico a esta altura, Fernández tiene decidido apelar a la Cámara Civil, Comercial y Laboral de Reconquista. El objetivo cristinista es expropiar la empresa y un ejemplo fue la creación de una comisión investigadora durante una sesión escandalosa en el Senado.
La opinión de Rubén Ferrero (ex presidente de CRA) fue contundente en este programa: “la intervención presidencial a Vicentin es ilegal e inconstitucional, no encuadra para nada y podría ser tumbando fácilmente por un amparo o planteo de inconstitucionalidad. Es una pretensión del Gobierno de entrometerse en el mercado de granos; el argumento es la seguridad alimentaria, pero el 95% de las exportaciones es harina y aceite de soja, productos que no están en la canasta básica de los argentinos”.
Hay alternativas como establece la ley concursal con un comité de acreedores, sumado a que la empresa estaba buscando asociarse con otras empresas, la participación de cooperativas y de los trabajadores, como dijo Jorge Ghiano en este programa radial.
Es una intromisión y avasallamiento del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, violentando la Carta Magna (artículos 14, 17, 99 y 109) y vulnerando la autonomía provincial. Si los directivos de Vicentin cometieron delitos deben ser sancionados por la Justicia. Es una alarma para la sociedad porque puede ser el inicio de futuras expropiaciones. Si avanzara la expropiación, la empresa le iniciará juicio al Estado y en caso de ganarlo lo pagaremos entre todos los argentinos… Las expropiaciones a YPF, Aerolíneas, Aguas, entre otras, generaron pérdidas millonarias para los argentinos.