Por Emilio Grande (h.).- Lamentablemente, la insoportable cuarentena -decretada por el gobierno nacional hace más de 6 meses- nos metió en una compleja encrucijada en materia institucional, estando en juego la división de poderes, donde el Ejecutivo busca la suma del poder público, siendo la autora la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.
La mayoría oficialista del Senado nacional removió recientemente a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes tienen a su cargo causas por corrupción contra la ex Presidente. Los camaristas federales Bruglia y Bertuzzi confirmaron el procesamiento de Cristina en la causa de los cuadernos de las coimas, luego de una investigación periodística del colega Diego Cabot del diario La Nación. Castelli integra un Tribunal Oral Federal, que deberá juzgar a la actual Vicepresidente.
El primer reglamento de traslado de jueces, aprobado en 2000 por el Consejo de la Magistratura, establecía que la vacante a la que se solicita traslado correspondiera a la misma competencia en materia y grado que el cargo que el juez ocupa y no sería exigido cuando el interesado hubiera obtenido un anterior acuerdo del Senado para desempeñar la función a la que pide su pase. En 2019, el citado Consejo modificó el reglamento, pero Castelli llevaba un año en el Tribunal Federal, trasladado desde San Martín.
En el caso de Bruglia y Bertuzzi -trasladados desde Comodoro Py y La Plata-, a través de una acordada de 2018 la Corte determinó que el nombramiento de Bruglia era válido por contar con un acuerdo previo del Senado como juez de cámara de un tribunal oral dentro del orden federal y no era necesario un nuevo acuerdo. Bertuzzi fue designado poco tiempo después y nadie cuestionó porque era público el criterio de la Corte en la mencionada acordada sobre la validez de las designaciones de jueces de cámara de un tribunal oral federal que pasan a integrar una cámara federal, con funciones y competencias similares, por aplicar las leyes de fondo y el Código Procesal.
Sin embargo, la Cámara Federal de Casación dio por sentado que Bruglia, Bertuzzi y Castelli debían volver a sus tribunales de origen, validando la decisión del Senado con la firma de los jueces Ángela Ledesma, Ana María Figueroa (cercanas al kirchnerismo) y Mariano Borinsky, quien desempató porque los jueces Guillermo Yacobucci y Eduardo Riggi votaron para defender a los magistrados destituidos. Borinsky habría sido presionado por un ministro del Corte, según fuentes confiables.
El Consejo de la Magistratura resolvió que debían examinarse nuevamente sus designaciones y el Ejecutivo decidió ignorar la citada acordada de la Corte al dar intervención al Senado para que revise las designaciones de estos tres jueces.
La jueza de primera instancia María Alejandra Biotti ordenó al Senado que se abstuviera de tratar los pliegos, pero los senadores oficialistas desoyeron mediante un pronunciamiento, calificándola de ignorante del derecho y pidieron que se evaluara su conducta en el Consejo de la Magistratura. El Senado rechazó el nuevo acuerdo para Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
Luego de sucesivos planteos de los tres jueces que han sido rechazados o no han recibido ninguna consideración, ahora el presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz convocó a un acuerdo extraordinario el martes próximo para que el máximo tribunal se expida sobre el caso de los traslados. Como podría significar un revés para el Gobierno, Alberto Fernández está nervioso y salió a criticar a Rosenkrantz.
Como antecedente, una actuación ilegítima de los poderes políticos de la provincia de Santa Cruz removió sin ningún derecho al procurador general Eduardo Sosa; la sentencia de la Corte ordenó su reposición en el cargo pero fue ignorada. ¿Se repetirá con estos tres jueces? ¿Por qué hay tanta prepotencia oficialista? Están en juego la república, la división de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la inamovilidad y la intangibilidad de los sueldos de los jueces (artículo 110 de la CN) para no romper el espíritu constitucional. Uno de los anticuerpos que sostiene esta endeble democracia es la participación de la gente en las calles del país, habiendo salido 6 veces en protesta del actual gobierno nacional.