Otra muerte enluta a un sindicalismo decadente

Se trata del editorial del programa radial “Sábado 100” por Mitre Rafaela (FM 91,9), que conduce Emilio Grande (h.). Hay una marcada complicidad sindical, política y judicial en la que no se justifica matar a ningún dirigente gremial porque el derecho a la vida está por encima de cualquier interés sectorial y ya se ha derramado mucha sangre en la historia argentina.

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La violencia irrumpió en Rosario con un enfrentamiento gremial que terminó con un sindicalista muerto y 13 heridos, dos de ellos con impactos de bala. Fue el choque de dos bandos de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la Argentina frente a la sede que el gremio tiene en la zona oeste de la ciudad rosarina. Uno de esos grupos responde a la conducción nacional del sindicato, enrolado en la CGT que lidera Hugo Moyano. Según denuncias presentadas en la Justicia, sus integrantes habían llegado desde Buenos Aires en varios ómnibus y armados con cadenas, palos y pistolas. Habrían contado con apoyo de miembros de la barra brava de Central y Newell`s. El otro sector, la conducción local de Atilra, está adscripto a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). El sindicalista fallecido –Héctor Del Valle Cornejo- integraba este último grupo, que se había congregado a protestar contra la agresión sufrida la semana pasada por 20 trabajadores de Sancor. Según denunciaron, el ataque también fue hecho por integrantes de la filial nacional de Atilra. Los incidentes se enmarcan en la fuerte disputa que mantiene la conducción nacional de Atilra con su filial rosarina. Ese conflicto entre el gremio nacional que conduce Héctor Ponce y Atilra Rosario viene desde hace 15 años. En este contexto no se puede soslayar el fallo de la Corte que consideró inconstitucional el unicato gremial y defendió la libertad sindical, medida cuestionada por varios dirigentes sindicales de la CGT. La realidad más cruda del sindicalismo dominante, apoyado por el Gobierno y soporte fundamental del kirchnerismo clausuró de inmediato la ilusión de que el viento de la transparencia empezara a renovar el viciado aire de los despachos del poder gremial. Hace 13 días el líder cegetista Hugo Moyano reasumió por enésima vez al frente de su gremio y a la celebración asistió Néstor Kirchner. Ni el ex presidente ni la Presidenta condenaron nunca las acciones de Moyano y sus seguidores, ni siquiera las que en algunas ocasiones han afectado a su Gobierno. Además, la Cámara de Casación Penal cerró una mega-causa que involucra a más de 350 jefes sindicales y al ministro de Trabajo, Carlos Tomada. En el juicio por el desvío, entre 1996 y 2000, de un crédito del Banco Mundial por 285 millones de dólares, destinado a modernizar y sanear las obras sociales sindicales, una resolución declaró la prescripción y se dispuso el sobreseimiento de Juan Zanola (bancarios), Armando Cavalieri (mercantiles), Gerardo Martínez (construcción), Antonio Cassia (petroleros), José Lingeri (Obras Sanitarias), Gerónimo Venegas (rurales), Diógenes Salazar (telefónicos), Dante Camaño (gastronómicos) y Jorge Menem (correos). En definitiva hay una marcada complicidad sindical, política y judicial en la que no se justifica matar a ningún dirigente gremial porque el derecho a la vida está por encima de cualquier interés sectorial y ya se ha derramado mucha sangre en la historia argentina.

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