Niveles de arancelamiento en la universidad pública de la Argentina
Universidad Católica de Cuyo
Especialización en Enseñanza de la Educación Superior
Seminario I
Tema: Niveles de arancelamiento en la universidad pública de la Argentina
Alumno: Emilio Grande (UCSE Rafaela)
Año: 2005
Introducción
El tema a desarrollar en este seminario es “Niveles de arancelamiento en la universidad pública de la Argentina”. Conviene mencionar que en la universidad privada todas las carreras están aranceladas, cuyos montos varían según los lugares. La elección de esta temática puntual está en relación con los problemas de financiamiento que tiene la educación superior en nuestro país, especialmente en el sector público. Al respecto, mi pensamiento fue cambiando en los últimos años desde que empecé a cursar Ciencia Política en 1986 en la Universidad Nacional de Rosario (después abandoné la carrera), año de apogeo de la democracia con el nuevo período a partir de 1983, en el que la “universidad pública” constituía una bandera indiscutible –lo sigue siendo en menor medida- de la educación (autoridades, docentes, alumnos, no docentes). Pero con el paso del tiempo fui modificando lo que pensaba a partir de conocer las realidades de otros países del mundo. En este contexto hay que destacar el cambio de paradigma a partir de la década de los noventa, pasando de un Estado benefactor a una reforma neoliberal que encarnó el gobierno menemista y significó el achicamiento del gasto, siguiendo la influencia de los organismos internacionales, como así también se aprobó el nuevo marco legal a partir de la ley 24.521. Es común escuchar que el presupuesto para educación nunca alcanza, destinándose en su mayor parte a pagar sueldos y gastos de funcionamiento. En cambio, infraestructura, becas, investigación están supeditados a programas nacionales. Con este aporte no se busca “bajar la persiana” a la universidad pública ni tampoco impulsar un arancelamiento total, sino reflexionar sobre la necesidad de incorporar niveles o grados de arancelamiento, que pueden determinarse según la clase social del estudiante a partir del ingreso familiar. Este sistema solidario permitirá paliar en parte el financiamiento de la educación, ya sea para áreas específicas o a determinar. Uno de los problemas encontrados radica en que no hay abundante bibliografía específica sobre este tema a desarrollar, sin embargo se encontraron algunas investigaciones de autores y artículos periodísticos que abordan el mismo.
Planteo del tema
Es impensable imaginar que en un país como la Argentina tenga problemas para financiar la educación, a partir de las potencialidades humanas y de las riquezas naturales generosas que le proveyó la “divina providencia”, teniendo un contexto de exclusión social en el que la mitad de los argentinos es pobre (unos 16 millones) y de este sector la tercera parte (5 millones) vive en la indigencia. Más allá de esta crisis terminal, no es un punto de análisis de este seminario pero hay que destacar que la educación en la EGB y Polimodal (ex primaria y ex secundaria) debe mantenerse la gratuidad en las escuelas públicas para así garantizar el acceso de todos los niveles sociales. Hecha esta aclaración, respecto al tema que se está desarrollando hay que decir que la universidad pública en la Argentina viene teniendo serios problemas de financiamiento desde hace varios años, a tal punto que con frecuencia hay paros de docentes en contra de los paupérrimos salarios, lo que conlleva una pérdida considerable de horas de clase a los alumnos. Ante esta situación, este año el gobierno nacional aumentó el presupuesto universitario en 150 millones de pesos y así se incrementó a 390 millones. Se destina a actividades básicas de la universidad y a generar un apoyo específico a las carreras prioritarias, a desarrollar proyectos de mejora de la calidad de las carreras de ingeniería, de articulación con la escuela media y a proyectos con el desarrollo regional. “Si comparamos el presupuesto de 2004 con el de 2005 estamos hablando de un aumento del 34% y si tomamos los dos años de gestión de este Gobierno el aumento supera el 52%”, afirmó el ministro de Educación, Daniel Filmus, según informó la agencia oficial Télam (28 de febrero de 2005). En este contexto, la Argentina ocupa hoy el puesto 67 en el ranking mundial con una inversión del 4,3% del producto bruto interno PBI. Si el Congreso aprueba la ley de financiamiento de la educación, que eleva en cinco años el gasto al 6% del PBI, la Argentina dejaría de ocupar el puesto 67 y pasaría en 2010 al lote de los países que más invierten en el área de todo el mundo. Al respecto, el ministro Filmus señaló que “para el año próximo tenemos pensado agregar $ 1.718 millones, con lo que elevaríamos al 4,7% el gasto en educación durante 2006”, según un informe del periodista Jesús Cornejo en el diario La Nación (9 de octubre de 2005). En una reunión de este año con integrantes de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (ADEPA), Filmus remarcó que “el tema crucial es la ley de financiamiento educativo. Necesitamos invertir el 6% del PBI en educación, de forma cierta y perdurable porque de otra forma la Argentina no tiene posibilidades de crecer. Pero desde la política la educación no es atractiva”. Por su parte, Mariano Narodowski, director del área de educación de la Universidad Torcuato Di Tella opina (en el citado artículo periodístico publicado en el diario La Nación) que “sólo con dinero la educación no mejora. En el 2000, el porcentaje del PBI para educación era del 5% y los problemas estructurales estaban sin resolverse”, para agregar que “más allá de la ley, lo que hace falta es determinar un mínimo vital por alumno y por docente para una educación de calidad y mucha gestión política en la Nación”. Actualmente, la Argentina –tiene el mismo índice de Brasil y Chile- está por debajo de numerosos países, a saber: Cuba invierte el 9% de su PBI, Dinamarca el 8,5%, Suecia el 7,7%, Noruega el 7,6%, Finlandia el 6,4%, Bolivia el 6,3%, Estados Unidos, Francia y Panamá el 5,5%, Paraguay el 5,4%, México 5,3%, Costa Rica 5,1% y España, Alemania e Italia entre el 4,5% y el 4,9%. Al mismo tiempo, la Secretaría de Política Universitaria (SPU) ha creado un conjunto de programas para articular diversos instrumentos o medios para la consecución de objetivos de desarrollo: mejoramiento de calidad, financiamiento de inversiones en infraestructura, crecimiento institucional, asistencia especial, capacitación para el personal no docente y sistema de información universitaria. “Todo presupuesto debería contemplar dos bloques principales. Uno, distribuido por universidades nacionales calculado a partir de la asignación histórica, estaría destinado a financiar los gastos de funcionamiento. El segundo bloque comprendería fondos a distribuir por la SPU, según programas con fines específicos”, sostiene un documento elaborado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación sobre “Mecanismos de asignación de recursos a las universidades argentinas: discusión para un marco conceptual” (octubre de 2002).
Cambio de paradigma
Cuando se busca investigar la actual coyuntura educativa no se puede dejar de contextualizar los cambios que se produjeron en los años recientes en el modelo político argentino. El Estado benefactor que venía desde la década del 40 con la primera presidencia de Perón siguió en pie hasta finales de la década de los ochenta del siglo XX con la modernidad. El cambio de paradigma se produjo a partir de la década de los noventa con una reforma neoliberal que impulsó el gobierno de Menem y apuntó al achicamiento del Estado con las privatizaciones para así reducir gastos públicos en general y, además, aumentar la recaudación fiscal para pagar los intereses de la deuda externa. “Se iniciaron transformaciones que afectaron a todos los niveles del sistema y abarcaron un amplio espectro de puntos como el gobierno, la organización del sistema y aspectos pedagógicos”, según destacaron los investigadores María Nosiglia y Sergio Trippano (Miami, 2000). Estas políticas se trasladaron también a la educación a través de las variables de eficiencia y eficacia de los resultados, siguiendo la receta de los organismos internacionales, como así también se aprobó el nuevo marco legal a partir de la ley 24.521 en 1995. Así se pasó de un sistema educativo centralizado, cerrado y de administración escolar a un modelo descentralizado, abierto y con una gestión estratégica, en el marco de la desregulación de la economía. A decir verdad, las exigencias de este “ajuste” produjeron una disminución de la calidad y aumento de la desigualdad. Uno de los problemas a resolver es la falta de financiamiento necesario para emprender las transformaciones del sistema educativo en infraestructura, formación, perfeccionamiento docente y salarios dignos. Al respecto, José Brunner (FLACSO, Chile, Evaluación y financiamiento de la educación superior en América Latina) es claro: “La nueva relación entre el Estado y las instituciones de enseñanza superior concibe el financiamiento de la educación superior como una responsabilidad compartida con el Estado, los usuarios de servicios provistos por las instituciones y la sociedad (…) el gobierno debe contar con los instrumentos que le permitan crear y promover una política de desarrollo del sistema de educación superior”
Antecedentes de arancelamiento
Desde hace algunos años diferentes organismos internacionales y gobiernos nacionales analizaron la posibilidad de arancelar las universidades públicas. Entre las recomendaciones político-educativas, el Banco Mundial (“El financiamiento de la educación en los países en desarrollo. Opciones de política”, 1987) proponía un progresivo arancelamiento de educación superior y el nivel medio cuando sea políticamente posible. En 1990, Enrique Bullit Goñi (secretario de Coordinación Educacional Científica y Cultural) envió una carta a los rectores de universidades nacionales con la premisa “Aspiramos a una universidad que sea popular y que esté al servicio de los intereses populares”, figurando entre las propuestas ampliar fuentes de financiamiento: arancel de enseñanza de grado y comercialización de bienes y servicios. Durante la gestión de Menem, uno de los objetivos fue la equidad de quienes tenían recursos debían autofinanciar sus estudios a través de un arancel o una contribución voluntaria. En tanto, en el gobierno de Fernando De la Rúa, en 2001, se propusieron 4 áreas de cambio, entre ellas el financiamiento y asignación de recursos; entre las fuentes de recursos aparece el cobro de arancel indirecto con impuesto a las ganancias y riquezas de los padres, contribución voluntaria a alumnos y cobro de impuesto a graduados. En esa misma línea, el documento de FIEL sobre “Una política económica para la década” de 2001 reclamó la reducción de los fondos públicos para la educación, proponiendo el arancelamiento de la educación superior, entre otras medidas. Al final de 2001 se produce una de las peores crisis de la Argentina con la renuncia de De la Rúa y el fugaz paso de Adolfo Rodríguez Sáa como titular del Ejecutivo por unos días, asumió la presidencia Eduardo Duhalde, quien propició la Mesa del Diálogo Argentino legitimada con participación de la Iglesia Católica y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En la mesa sectorial de Educación también se analizó el arancelamiento para los estudios superiores. En uno de los pronunciamientos oficiales, la entonces ministra de Educación de la Nación, Graciela Giannettasio, había asegurado que “no está en estudio ningún proyecto para cobrarles a los estudiantes” (en 2002). Había salido al cruce de las declaraciones del presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Jorge Matzkin (PJ), quien anunció la idea de impulsar un arancel en las casas de altos estudios, como una vía para reducir los 1.800 millones que se les asignan al año. Por otro lado, en Canadá todas las universidades son provinciales, subvencionadas por el Estado en su mayor parte y el resto con donaciones: el presupuesto depende de los fondos provinciales. El rafaelino Ricardo Foschi es profesor en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Columbia Británica. “Todos los alumnos pagan aranceles. En Ingeniería 2.000 dólares anuales; otras carreras son más costosas, por ejemplo Medicina. Los cursos de postgrado o máster son más elevados”, había expresando en una entrevista con quien escribe este seminario, en el suplemento Tiempo de Hogar del diario La Opinión, Rafaela, 1998. En la Universidad Nacional de la Rioja los alumnos de la carrera de Agroindustrial tienen que pagar un “arancel” de 10 pesos por mes, según mencionaron a este mismo alumno (publicado en el diario La Opinión, 11 de noviembre de 2005).
Sistema solidario
A menudo se escucha que el presupuesto para educación nunca alcanza, ya que se destina en su mayor parte a pagar sueldos y el resto se destina a gastos de funcionamiento. Además, hay programas nacionales para infraestructura, becas, investigación, por citar algunos, pero siempre escasean los recursos. En este sentido, Eduardo Sánchez Martínez advierte: “Lo que se busca es una diversificación de las fuentes y de las modalidades de financiamiento (…) al crédito presupuestario se agreguen los recursos complementarios propios que cada institución pueda obtener y que no todos los recursos públicos se sigan canalizando conforme al mecanismo de las asignaciones cuasi-automáticas (…) una parte del aporte presupuestario anual se base en los resultados que las instituciones obtengan (formación, investigación, gestión) o bien en acuerdos sobre objetivos y metas a alcanzar, lo que permitiría incentivar a las universidades a embarcarse en proyectos de desarrollo y mejoramiento institucional” (Universidad Blas Pascal, 2000). El rector de la Universidad Torcuato Di Tella, Gerardo della Paolera, hizo referencia sobre el sistema de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en una entrevista realizada por Claudio Remeseira en el diario La Nación (30 de mayo de 1999). “La perversidad de un sistema de financiamiento que es malo desde el punto de vista de la eficiencia y pésimo desde el punto de vista de la equidad, conspira precisamente contra el futuro. El enorme costo de oportunidad de dar educación universitaria gratuita a quienes pueden pagarla recae en última instancia sobre los sectores más pobres de la sociedad. Una Universidad de 180.000 inscriptos en la que sólo se recibe el 20 por ciento de los que ingresan en el primer año tiene un método de selección darwinista. La solución para la UBA es que el que pueda pagar pague y que se arme un buen sistema de becas para los que no pueden pagar. De lo contrario se termina contribuyendo a formar una sociedad de dos velocidades en la cual la clase media ha colapsado y en la que se profundiza la brecha entre los extremos sociales. Por otro lado, que la mayor parte del presupuesto se gaste en sueldos no me parece mal, siempre y cuando ese dinero se invierta en tener un plantel de profesores investigadores de excelencia”, destacó. La única universidad pública en Rafaela es la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Las cinco carreras de grados son gratuitas, pero las tecnicaturas de dos años de duración están aranceladas, debiendo pagar los alumnos 130 pesos mensuales. Lo mismo ocurre con los postgrados con un costo de 3.600 pesos por la duración de dos años, como así también los cursos a un valor aproximado de 30 pesos mensuales. El presupuesto de 2005 es de 1.435.000 pesos y casi el 95% se destina para abonar los salarios del personal (docente, no docente y administrativo), quedando unos 100.000 pesos para gastos generales, según precisó Raúl Ricotti, decano de la casa de estudios, ante la consulta de este alumno. También tienen ingresos denominados “producidos propios” como son los servicios de laboratorios o la unidad productiva que constituye la FM –en los últimos tiempos había tenido pérdidas y ahora se está revirtiendo el déficit-, que se destinan para la compra de materiales. En cuanto a obras de infraestructura, el gobierno nacional tiene un programa de reequipamiento para universidades en este caso por un monto de 600.000 pesos, que se destinarán en una primera etapa para mudar las “ingenierías” al nuevo predio (ya hay laboratorios, aulas y la FM), encontrándose en proceso de adjudicación y en el mediano plazo está previsto el inicio de su construcción. En tanto, hay varios proyectos en investigación que se financian con partidas especiales del rectorado, producidos propios y convenios con empresas. El salario docente “base” con una sola dedicación es de 250 pesos para cinco horas cátedras semanales como profesor adjunto y con el máximo de antigüedad (25 años) con una dedicación de 10 horas semanales (entre 5 horas de cursada y otro tanto de preparación) es de 500 pesos. No fue en esta oportunidad, pero en otro diálogo con este decano se había mostrado contrario a que sea obligatorio el arancelamiento a las carreras de grado, seguramente por las banderas históricas de gratuidad. Pero la realidad marca que el grueso del presupuesto de la UTN de Rafaela se destina a sueldos, cobrándose un arancel en tecnicaturas, postgrados y cursos. Por otro lado, en Rafaela funcionan cuatro universidades privadas: la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la Universidad del Salvador y la Universidad Católica de Santa Fe. En todos los casos están aranceladas y las cuotas mensuales son de casi 200 pesos como mínimo, siendo menor a lo que cobran en Buenos Aires que ronda el doble.
Conclusiones
El planteo de este tema en la universidad pública no pasa por buscar posturas antagónicas entre quienes están a favor de la gratuidad a ultranza y los organismos internacionales, funcionarios o intelectuales que impulsan un arancelamiento total o la privatización de la universidad. A decir verdad, el presupuesto para la educación en la Argentina es muy bajo respecto a otros países europeos y latinoamericanos, lo que demuestra que a la dirigencia política le interesa poco invertir en esta materia, que constituye una piedra fundamental para el desarrollo con equidad y, al mismo tiempo, buscar caminos para salir de la pobreza socioeconómica de la mitad de la población. Sin embargo, por más que se modifique el actual presupuesto de 4,3% a 4,7 para el 2006, con la meta de llegar al 6% en cinco años, no es garantía para que los problemas estructurales se resuelvan de un día para el otro. Además, las fuentes consultadas a nivel nacional y local demuestran que la mayor parte del presupuesto se destina para pagar sueldos paupérrimos –ocurre lo mismo en la universidad privada- y lo que sobra se destina para otros gastos menores. Los proyectos de investigación, mantenimiento y construcción de edificios están supeditados a otros programas. En otros países hace tiempo que se impuso el arancelamiento y en la Argentina seguirá un camino similar, según opinó la docente Estela Medina durante el cursado de este postgrado en la UCSE en Rafaela, como así también lo revelan los autores y funcionarios universitarios consultados. De hecho ya se está cobrando un arancel en algunas universidades públicas en las carreras de grados y de postgrados. Este trabajo pretende ser un aporte para reflexionar sobre la necesidad de incorporar niveles o grados de arancelamiento, que se pueden determinar según los ingresos familiares del estudiante. Por ejemplo, para el grupo familiar de un alumno con sueldos de 10.000 pesos se puede establecer un arancel de 200 pesos o más, otro caso con ingresos de 1.000 cobrar un porcentaje a establecer y en caso de padres que estén desocupados que siga el sistema de gratuidad. A través de un sistema solidario se permitirá paliar el financiamiento de la educación en la Argentina, ya sea para áreas específicas o a determinar: sueldos, perfeccionamiento, investigación y obras de infraestructura.
Bibliografía
- Sánchez Martínez, Eduardo, “La relación entre las universidades y el Estado al finalizar el siglo XX”, Universidad Blas Pascal, 2000.
- Nosiglia, María Catalina, y Trippano, Sergio, “Estado y educación en la Argentina de los ´90”, investigación preparada para la reunión de la Asociación de estudios latinoamericanos”, Miami, 2000.
- Brunner, José, “Evaluación y financiamiento de la educación superior en América latina: bases para un nuevo contrato”, FLACSO, Chile.
- Marquis, Carlos, “Calidad y financiamiento: el caso argentino – gestión Menem”, ponencia presentada en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, París, 1998.
- El debate sobre el arancelamiento universitario, 2002.
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Secretaría de Políticas Universitarias, “Mecanismos de asignación de recursos a las universidades públicas argentinas: un marco conceptual para la discusión”, 2002.
- Banco Mundial, “El financiamiento de la educación en los países en desarrollo. Opciones en política”, Washington, 1987.
- FIEL, “Una política económica para la década”, 2001.
- Diálogo Argentino, mesa sectorial sobre educación, 2002.
- Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), revista Nº 222, julio-agosto de 2005.
- Artículos periodísticos de los diarios La Nación de Buenos Aires y La Opinión de Rafaela, y de la agencia Télam.