Necesidad de reformar la Constitución en la provincia de Santa Fe

¿Por qué razón no pocos, que apoyaron el proyecto de reforma constitucional de Obeid, ahora se oponen a la convocatoria de Binner?

Por el Dr. Enrique J. Marchiaro

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Sin política no hay reforma constitucional, porque sólo nuestros legisladores tienen en sus manos la decisión de reformar o no nuestra Constitución Provincial. Un proceso pre-reformador sin políticos está condenado, pues todo quedará en proyectos. Pero un proceso pre-reformador “sólo con políticos” también está condenado, porque la dimensión política -sobre todo la partidaria- no es la única a tener en cuenta en un tema tan trascendente. En su campaña electoral el actual Gobernador propuso la reforma. En ese sentido se encuentra en la misma línea que el anterior, quien en dos oportunidades envió un proyecto al Legislativo provincial que no prosperó (recordamos que se necesitan los 2/3 de votos de los miembros de ambas cámaras para convocar a convención constituyente, fijando los puntos concretos a reformar). El proyecto impulsado por Binner es más amplio que el de Obeid, teniendo algunas coincidencias de base. Estas coincidencias responden a un mínimo consenso político pero también jurídico que determinan que la reforma constitucional en Santa Fe es necesaria. Y en algunos puntos es inevitable. Hay un consenso muy importante entre los constitucionalistas santafesinos: José Manuel Benvenutti, Iván Cullen y Horacio Rosatti hace más de 14 años señalaron la necesidad de la reforma. Podrán discutirse luego tales o cuales puntos pero hay cuestiones elementales que ya no se discuten. Estos puntos técnicos los tocaremos en otra nota, ahora seremos breves. Nuestra Carta provincial de 1962 en su momento fue de las mejores, pero fue superada parcialmente y por ello la reforma es necesaria: desde la fijación en dos años al período de gobierno de las autoridades comunales, el porcentaje de coparticipación del impuesto inmobiliario, la falta de organismos de control independientes o las pautas de base en el juicio de amparo. La reforma es necesaria por una razón: Argentina y el mundo viven -desde hace alrededor de 20 años- un cambio del paradigma de base social, económico y político. Este paradigma fue asumido de un modo notable por la reforma de la Constitución Nacional en 1994, la que permite que nuestro país tenga un sistema jurídico -y un determinado diseño gubernamental- aptos para el presente y buena parte del futuro. Muchos de los temas cotidianos de los argentinos tienen que ver con la reforma constitucional de 1994, la que sin duda tuvo en su momento un tema coyuntural irritante (la reelección de Menem) pero que ha quedado en el pasado. Hacia futuro ocurrió lo que muchos dijimos por entonces: nos quedaría una mejor Constitución a pesar del trago amargo en que se hizo la reforma (cuestiones del Pacto de Olivos). Estos tal vez son los avatares propios de cada época, por ello hay que distinguir lo coyuntural de lo que no lo es. ¿Pudo haber un trago más amargo que la reelección de una persona que -acompañada por buena parte de nuestros compatriotas- estructuró un modelo de país cuyos costos seguimos pagando? Por un lado nuestra Carta provincial incumple con algunas pautas del texto nacional que imponen concretamente a cada provincia su reforma, tal el caso del artículo 123 de la CN que establece la autonomía municipal en materia “institucional” lo cual al no estar establecido en Santa Fe supone que nuestros municipios no sean autónomos en este plano (el dictado de las cartas orgánicas). Nuestra Provincia junto a Mendoza y Buenos Aires incumple en este punto el mandato nacional (Entre Ríos en este momento esta tratando su reforma, donde el tema local seguramente será reformado). Si bien la Constitución de Santa Fe tiene un artículo brillante (el art. 6°) que acompaña la aplicación del bloque de derechos humanos (el que se fija como todos más o menos saben en la Constitución Nacional). Decimos “acompaña” porque estos nuevos derechos son operativos en todo el país y dicho artículo armoniza en el punto. Pero esto no ocurre en temas de organización institucional, puesto que la autonomía provincial (artículo 5 de la CN) permite que cada provincia se organice del modo que lo estime. Nuestras bases institucionales de fondo son las que merecen reformarse de cara a un nuevo contexto que vino para quedarse. Todas las provincias argentinas lo han hecho en el ciclo 1983-2007 -incluso Buenos Aires en su reforma de 1994-, pero Santa Fe y Mendoza son las únicas que quedaron rezagadas en el punto. No es posible ni alcanza -ni es conveniente tampoco- que con leyes se resuelvan algunos temas que sólo una Constitución establece de modo atemporal, precisamente para sacar del legítimo juego político de todos los días: así el Consejo de la Magistratura debe estar en la Carta Magna provincial, también órganos de control jerarquizados y estables. Además, la discusión sobre la descentralización (hoy en el país se da un proceso de regionalización interna en las provincias, lo que puede o no significar el fin del bicameralismo). Es curioso, cómo buena parte del justicialismo que apoyó el proyecto de Obeid ahora dice que “la reforma a la gente no le interesa”. ¿Cómo es posible que hace un par de años sí y ahora no? Sin duda que muchos santafesinos no están al tanto del tema pero para eso “también” están los partidos políticos y las autoridades electas, para difundir estos temas y sensibilizar al electorado, que cuando sepa bien de qué se trata esta cuestión, la acompañará. Hubo pronunciamientos claros y que algunos legisladores omiten al hablar de la opinión de la gente, entre otros de los de las bolsas de comercio de Santa Fe y Rosario años atrás y el de no pocas cámaras industriales, comerciales y rurales. Se podrán discutir tales o cuales temas pero hoy por hoy no se ve este espíritu de diálogo elemental. Si se comienza diciendo que a la gente no le interesa no hay forma posible de avanzar siquiera en el diseño de los puntos necesarios de la reforma. Del lado del Gobierno actual, también, será fundamental que no se plantee una especie de callejón sin salida en los temas a reformar, equilibrando su proyecto con el de la oposición. Confiamos en la madurez de todos los protagonistas, en que se pongan de acuerdo en las temáticas de fondo, mirando hacia delante y partiendo de lo que casi todas las provincias argentinas han hecho desde la apertura democrática en adelante. No será una tragedia si no hay reforma, pero sí una oportunidad perdida, otra más. Y la misma gente que dice que no le interesa la cuestión serán los que sufrirán un diseño institucional que ya dio más de lo que pudo y que merece ser adaptado.

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