Marcos Salt: “El Gobierno no tiene política criminal”

Experto en derecho penitenciario y consultor de organismos internacionales, Marcos Salt dice que hasta ahora no se ha hecho nada para superar la eterna crisis carcelaria y sostiene que en las prisiones argentinas los presos viven en condiciones que un ciudadano común, con valores morales medios, no admitiría “ni para un animal”

Por Laura Zommer

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Marcos Salt relee en voz alta una nota de opinión que escribió en enero de 2005, tras el sangriento motín de Córdoba. Abogado y experto en derecho penitenciario, Salt repasa cada una de las reflexiones y propuestas de entonces, y tiene razón cuando dice que el artículo podría haberse escrito el domingo último, luego de que un nuevo motín, esta vez en Magdalena, causara la muerte de 33 internos. Salt, que ha sido consultor de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la agencia de cooperación norteamericana sobre temas carcelarios en casi toda América latina, dice que estos motines eran previsibles para las autoridades, asegura que el gobierno de Néstor Kirchner no tiene un programa de política criminal, y se queja porque, aunque hay varios funcionarios muy valiosos en esta gestión -el actual subsecretario de Asuntos Penitenciarios fue su alumno-, “hasta ahora no han hecho nada para superar la eterna crisis carcelaria”. Sin embargo, las recientes declaraciones del Presidente sobre la cuestión penitenciaria lo ilusionan: “Quizá se haya dado cuenta de la importancia del tema y, tras las elecciones, el Gobierno empiece a tomárselo en serio”. En las prisiones argentinas, relata Salt, los presos viven en condiciones que un ciudadano común con valores morales medios no admitiría ni para un animal. Los políticos deben dejar de mentirle a la sociedad, dice, y los medios deben colaborar para deconstruir la idea de que la existencia de más presos garantiza mayor seguridad. Salt insta a que los argentinos nos preguntemos por qué siempre necesitamos de muertes y conflictos tan serios para revisar la institucionalidad y afrontar los conflictos. -¿Cuál es su diagnóstico sobre el sistema penitenciario argentino? -El sistema penitenciario argentino está en estado de colapso, de crisis generalizada. Si bien el de Buenos Aires es el que evidencia la crisis de manera más patente, la crisis se da en todos los ámbitos, en el sistema penitenciario federal y, prácticamente, en todas las provincias. -¿Cómo describiría la crisis? -Las condiciones de detención, generadas fundamentalmente por la sobrepoblación carcelaria, hacen que el encierro carcelario se torne totalmente ilegítimo. Hoy por hoy, el Estado está respondiendo a los delitos con un delito que muchas veces es más grave que el delito que está castigando. Le doy un ejemplo muy sencillo: si se encierra a alguien por un delito de robo y ese encierro se convierte en una privación ilegítima de la libertad por las condiciones de cumplimiento de la condena, entonces estamos ante una privación ilegítima de la libertad tan grave como si se tratara de una que no proviene de autoridad judicial competente, porque nuestra Constitución Nacional establece como uno de los requisitos el contar con condiciones carcelarias dignas. En un fallo muy interesante, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que el concepto de condiciones carcelarias dignas era un concepto histórico-cultural. Sin embargo, lo cierto es que hay cuestiones que no son discutibles. -¿Cuáles son? -Las que uno ve en casi todas las cárceles del país. Falta total de alimentación, condiciones de infraestructura inadecuadas, imposibilidad del Estado de garantizar la seguridad de los internos. Esta semana se reflejó en varios medios la cantidad de muertes, que es lo más fácil de medir desde afuera del ámbito carcelario, pero a ello habría que agregarle las agresiones, las violaciones, los maltratos a los familiares. Y, además, el argumento de que el problema tiene su raíz en un problema presupuestario es algo que yo pongo absolutamente en discusión. -¿Por qué? -Porque la plata se podría invertir mejor, aunque obviamente puede existir la necesidad de aumentar el presupuesto en ciertos distritos. Estoy convencido de que no es un problema presupuestario. A veces es un problema de falta de voluntad política, de control del uso de presupuesto y, evidentemente, de bolsones de corrupción arraigados en los distintos servicios penitenciarios que todavía no se han logrado reformar desde el sector político. -¿A qué atribuye esa falta de voluntad política para solucionar la crisis carcelaria? -Para analizar el sistema penitenciario hace falta vincularlo y no separarlo de lo que es la política criminal general. Lo que resulta evidente hoy es que el país no tiene un rumbo de política criminal definido. El único que yo conozco que se haya presentado públicamente fue el de la gestión de Gustavo Beliz, independientemente de las críticas que yo personalmente puedo tener contra ese plan. Pero, si uno analiza el grado de cumplimiento que tuvo, se da cuenta de que fue prácticamente nulo. -La respuesta desde el Gobierno es que quienes deciden cuántas personas van presas son los jueces y los legisladores, al sancionar las normas. -Eso no es así. La política criminal, como toda política de Estado, es una política compleja donde intervienen distintos sujetos del Estado. En este caso, los tres poderes. El Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad indelegable en la diagramación de una política criminal; el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen un rol fundamental en la aplicación de esa política, y el Poder Legislativo es el instrumento que permite la sanción de leyes que van regulando esta decisión política que se toma en diversos ámbitos del Estado. El otro inconveniente serio que yo advierto es que, lamentablemente, el tema de la política criminal ha estado siempre ligado a necesidades de política coyunturales, relacionado con sensaciones de inseguridad de la sociedad. -¿Cómo califica la gestión de Kirchner en esta materia? -No puedo calificarla, porque no hubo gestión. Creo que diversas urgencias que se generaron en otros ámbitos estatales impiden saber cuál era la gestión de gobierno. Hoy no hay ninguna duda de que estamos frente a un Gobierno preocupado y dedicado de manera especial a la vigencia de los derechos humanos en la Argentina. Doy por sentado que muchísima gente que integra esta gestión y a la que le preocupan estos temas y tiene voluntad de solucionarlos, se dejó llevar hasta ahora por las necesidades políticas. Entre otras cosas, no se vetaron leyes que en los últimos años sancionó el Congreso y que lo único que hacen es agravar el problema carcelario. El diseño de una política criminal requiere también, por parte de las autoridades políticas, un trabajo muy fuerte sobre la sociedad, un trabajo de esclarecimiento sobre qué significa la política criminal y qué significa el uso del encierro carcelario como herramienta. En la medida en que le sigan diciendo a la gente que con tener mayor cantidad de personas presas, vamos a tener mayor seguridad, le estamos mintiendo para lograr un resultado en el corto plazo. Con un índice de indigencia como el de la Argentina, aunque aumentemos las penas a 150 años, el índice de delitos no va a variar. Yo no soy abolicionista; lo que sí estoy diciendo es que el sistema penal es un sistema de resolución de conflictos y acá lo que se olvida es justamente eso. Como sistema de resolución de conflictos, la cárcel tiene que ser la última herramienta. -¿Cuál o cuáles serían las medidas que ayudarían a superar la crisis carcelaria? -El abuso en la prisión preventiva es uno de los factores sobre los que hay que poner la atención, porque en la medida en que se siga trabajando con índices tan altos de población penitenciaria sin condena -en Buenos Aires supera el 75% y en Capital alcanza el 56%-, evidentemente tenemos el sistema trastocado. Una persona es inocente hasta que una sentencia firme lo declare culpable, pero la persona pasa la mayor parte de su encierro en prisión preventiva y, cuando llega el momento de la condena, muchas veces sale directamente porque ya cumplió su pena. El problema es que no se está mirando el conflicto. Si uno analiza la población carcelaria, uno advierte que el sistema funciona con total selectividad. Siguen estando presos los mismos de siempre. Entonces, en un sistema que es absolutamente ineficiente y selectivo, lo que se advierte es una falta de política para utilizar la cárcel sólo frente a hechos que no tienen otro tipo de solución. Un hurto, un robo sin violencia importante o una estafa hoy podrían tener soluciones alternativas al sistema penal, como la conciliación de la víctima y el autor. Eso ayudaría a descomprimir al Poder Judicial y al sistema de represión, para que por fin se dedique a las cuestiones que tienen mayor gravedad para la sociedad. Yo coincido cuando la sociedad dice que no podemos dejar a un violador libre, pero las cárceles no están llenas de violadores están llenas de personas que cometieron delitos contra la propiedad, directamente vinculados con necesidades sociales. -Este año la Corte se expidió sobre el problema de la sobrepoblación carcelaria. -Sí y ha dicho que esto debería ser inviolable. Lo que es llamativo es que la Corte se expida sobre la provincia de Buenos Aires y esto no influya en el resto del país, ni siquiera, en el ámbito federal, donde también hay sobrepoblación en la cárcel de Devoto y en la unidad de mujeres de Ezeiza, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Las autoridades federales no leen el fallo de la Corte? Porque que el fallo haya salido contra la provincia de Buenos Aires no significa que no sea un llamado de atención para todo el país. -¿Qué medidas se tomaron en otros países para superar crisis similares a la de la Argentina? -Una primera cuestión, que es básica hoy en día, es establecer la prohibición absoluta de la sobrepoblación carcelaria. Los establecimientos carcelarios deben ser medidos por organismos independientes que indiquen cuál es su capacidad, y no se puede admitir ningún tipo de sobrepoblación. No se puede hacer otra cosa si se quiere evitar que el Estado cometa diariamente delitos más graves que los que intenta castigar.

Laura Zommer

El perfil

  • Formación: Marcos Salt tiene 43 años, se recibió de abogado en la UBA y se especializó en ejecución penal en la Universidad de Sevilla, España. Es profesor de Derecho Penal de la UBA y dicta cursos de posgrado sobre Derecho de Ejecución Penal en la UBA, la Universidad de Palermo y la Univ. Nac. de La Pampa.
  • El especialista: como consultor de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la agencia de cooperación norteamericana hizo trabajos sobre temas carcelarios en casi toda América latina. Es autor del libro Los derechos fundamentales de los reclusos.

Fuente: suplemento Enfoques, diario La Nación, 23 de octubre de 2005.

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