“Nada es mas fértil en prodigios que el arte de ser libre, pero nada hay mas arduo que el aprendizaje de la libertad… la libertad, generalmente, se establece con dificultades, en medio de tormentas, viene precedida por discordias civiles y sus beneficios no pueden conocerse hasta que se hacen viejos” (Alexis de Tocqueville).
A lo largo de la historia institucional argentina se presentan numerosos ejemplos de cómo las Fuerzas Armadas -principalmente el Ejército- han estado presente en la vida política de la Nación.
Si bien entre 1862 y 1930 la prioridad de los uniformados estaba centrada exclusivamente en la construcción de una fuerza profesional -Domingo Faustino Sarmiento creó el Colegio Militar, destinado a la formación de los futuros oficiales, Julio A. Roca y el coronel Pablo Ricchieri realizaron importantes aportes en vistas a la modernización y profesionalización del arma -, a partir de 1930, con el derrocamiento de Hipólito Hyrigoyen se inauguraba el acceso de los militares al gobierno, dando lugar al primer golpe de Estado que padecería nuestro país, liderado por el General Felix Uriburu.
Esta tradición de atribuirse la calidad de administradores de la cosa pública por parte de los militares culminaría con la virulenta experiencia totalitaria que tuvo lugar entre los años 1976 y 1983, conocida en la historia local como el Proceso de Reorganización Nacional.
El contexto internacional
En pleno desarrollo de la guerra fría, las relaciones internacionales estaban presididas por dos grandes actores en acecho recíproco y con ideologías antagónicas. En ese contexto, de permanente conflicto entre los Estados Unidos y el entonces poderoso imperio soviético, había surgido la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional.
De acuerdo a esta teoría, de carácter eminentemente militar, los Estados Unidos y sus aliados militares en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) -las potencias de Europa occidental- tenían la responsabilidad de mantener el equilibrio frente a la ex Unión Soviética y su sistema de alianzas, a la vez que asignaba a los gobiernos de los países perisféricos que formaban parte del bloque capitalista la obligación de evitar que el peligro comunista se extendiera y ganara adeptos en sus respectivos territorios.
En la Argentina, dicho concepto -implementado después de 1955- se tradujo en establecer hipótesis de conflicto provocados por un enemigo interno, integrar a las fuerzas armadas nacionales en dispositivos internacionales de defensa creados por los norteamericanos y reprimir las manifestaciones políticas de los ciudadanos que se consideraran “subversivas”.
Mientras tanto, durante y después de la década del sesenta América Latina era escenario de una creciente militarización, fruto de una escalada de violencia que encontraba su explicación en la proliferación de guerrillas, que pronto adquirirían notoriedad mundial. El asesinato del sacerdote guerrillero Camilo Torres en Colombia a principios de 1965, el accionar de los Tupamaros en Uruguay, la Revolución Cubana, la lucha de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia, la presencia cada vez mas intensa del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo a partir de 1968, eran solo algunas muestras de lo que estaba sucediendo en la región y, básicamente, en la geografía local.
El caos interno
En vísperas del 24 de marzo de 1976 la República se encontraba en una situación insostenible. Politólogos como Carlos Floria y César García Belsunce coinciden en identificar ciertos factores que actuaron como antecedentes del advenimiento del gobierno de facto: la anarquía interna, el irresponsable manejo de la economía, la corrupción administrativa, la violencia extrema que enfrentaba a la ultraizquierda y a la ultraderecha, y los desaciertos del peronismo gobernante.
Un párrafo aparte merece la inoperancia y evidente falta de idoneidad de quien ejercía la titularidad del Poder Ejecutivo. Al morir en 1974 el viejo caudillo fundador del movimiento, le tocó asumir la presidencia a Isabel Martinez de Perón, tercera esposa de Juan Domingo Perón. Sin trayectoria política ni ideas sobre el gobierno, la sociedad y sus problemas, a cargo de la vicepresidencia de la Nación por haber integrado la fórmula Perón-Perón -considerada por algunos críticos el resumen de la egolatría- su asunción al gobierno constituyó un desafío al sentido común, ofreciendo un penoso espectáculo y afectando la imagen de la Argentina ante la comunidad internacional.
Frente a una crisis de carácter terminal, con el poder virtualmente acéfalo y con una sensación de angustia y desprotección, en distintos sectores de la opinión pública aumentaba considerablemente la convicción de que existía un estado de necesidad que justificaba una inminente salida militar.
Al respecto, es interesante conocer el pensamiento de un sector de la clase dirigente de aquella época. El empresario de filiación peronista Jorge Antonio expresaba el 22 de marzo de 1976 que “si las Fuerzas Armadas vienen a poner orden, respeto, estabilidad, bienvenidas sean”. También líder del radicalismo Ricardo Balbín dijo, luego de haber aceptado la llegada del Proceso como algo inevitable: “Recibimos con satisfacción que las Fuerzas Armadas en el poder hayan ratificado su voluntad de arribar a un proceso democrático y republicano; que no hayan definido otros enemigos que los responsables de deshonestidades administrativas y de la quiebra moral y los que se han marginado voluntariamente del proceso recurriendo a la subversión y el terrorismo, y que hayan reconocido la necesidad de los partidos políticos” (Revista Extra Nº 131).
Frente al enorme vacío de poder imperante, la autocracia colegiada que asumió la conducción del Estado -la Junta Militar estaba integrada por el General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Massera y el Brigadier Orlando Ramón Agosti- se presentaba como la encargada de salvar al país y de ejecutar el contrato descripto por Thomas Hobbes en su Leviathan: aterradas ante la guerra civil, las personas deciden enajenar todos sus derechos y garantías a una autoridad para que ésta mande sin limitación legal, a los efectos de restablecer el más elemental de todos los valores: el orden.
Sin embargo, el nuevo gobierno no trajo la esperada y deseada mejora que el pueblo demandaba ni el reestablecimiento del orden alterado sino que inauguró una fase de violencia feroz con consecuencias nunca antes vistas en el país.
En primer lugar, se modificó el esquema jurídico en su totalidad. La Constitución Nacional quedaba subordinada a una serie de documentos como el Acta y el Estatuto para el proceso de reorganización nacional. Asimismo, se declararon caducos los mandatos del presidente, vicepresidente, gobernadores y vicegobernadores de las provincias y fue removida en su totalidad la Corte Suprema de la Nación, suspendiéndose además la actividad política de los partidos y las gremiales de los trabajadores, de los empresarios y de los profesionales.
En segundo término, se llevó a cabo una represión antisubversiva de una intensidad inédita, con la utilización de prácticas aberrantes, generándose graves violaciones a los derechos naturales de hombres y mujeres. Esta metodología, ciertamente repugnante, no fue patrimonio exclusivo del gobierno militar, ya que la guerrilla de izquierda apelaba a los mismos medios ilícitos (secuestro, tortura, privación ilegítima de la libertad, apropiación de personas, etc).
En el ámbito de la política internacional, el panorama no fue menos hostil. En 1978 se estuvo al borde de un conflicto armado con chile debido a problemas limítrofes en la zona del Canal de Beagle -evitado gracias a la mediación del Papa Juan Pablo II- y luego en 1982, la derrota en la guerra de Malvinas -por cierto, el conflicto exterior más importante que envolvió a la Argentina en su historia contemporánea- aceleraron la decadencia y posterior caída del régimen.
A tres décadas de ocurridos estos hechos podemos extraer la siguiente conclusión: nuestro compromiso como ciudadanos debe consistir en regar la planta de la democracia periódicamente para que esta dé lo mejor de sí y se haga fuerte, porque es el único sistema que permite garantizar la plena vigencia de las instituciones republicanas, ya que como se afirma en el discurso de la película “El gran dictador” ...los brutos asumen el poder. Pero mienten, no cumplen sus promesas. Los dictadores se liberan pero esclavizan al pueblo...
Lic. Virgilio Jiménez Grotter (Rafaela)
Esta colaboración la envió especialmente a la página web www.sabado100.com.ar.