“Los gastos de los partidos deberían ser más transparentes”

Lo dice la abogada Delia Ferreira Rubio, especializada en ética del sector público.

Por Sebastián Dozo Moreno

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La Argentina mejoró un poco en cuanto a la información sobre los fondos de las campañas electorales, pero todavía no lo suficiente, según la abogada Delia Ferreira Rubio. “Los gastos de los partidos deberían ser más transparentes. Hay que establecer mecanismos de control, auditar los fondos y permitir el cruce de información, que es el único modo de promover el voto informado”, sostiene.

Ferreira Rubio, doctora en Derecho por la Universidad de Córdoba y la Complutense de Madrid, es constitucionalista y miembro del consejo de administración de Poder Ciudadano. “Diez días antes de las elecciones presidenciales de 2003, el ganador, Néstor Kirchner, declaró haber aportado para su campaña sólo tres pesos. Añadió que los otros aportantes del Frente para la Victoria habían sido los responsables de la campaña, Alberto Fernández y Héctor Capaccioli, quienes, según sus palabras, habían colaborado con 250 pesos cada uno. Sin embargo, el informe de los auditores llegó a la conclusión de que, por lo menos, 1.200.000 dólares habían sido dejados de lado en el detalle. Esa fue la presentación de Kirchner ante la justicia federal con competencia electoral”, dice. Agrega: “No hay que olvidar esta burla descarada a todos los argentinos. No sólo sirve para que la ciudadanía recuerde cuál es el estilo político de nuestro presidente, sino para que tenga conciencia del poco respeto que se tenía en 2003 por la ley que imponía a los partidos una información detallada y real sobre los gastos de campaña”.

Respecto de las mejoras experimentadas, Ferreira Rubio recordó que hoy cualquiera puede acceder a los informes de gastos de campaña de todos los partidos ingresando en la página web del Poder Judicial (www.pjn.gov.ar).

Ferreira Rubio es codirectora del Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas y profesora de la Universidad del Cema. Asesoró a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y a la Cámara de Diputados de la Nación. Ha participado como expositora en numerosos foros, conferencias y seminarios internacionales.

-En la Argentina, ¿es transparente el financiamiento de los partidos?

-En el marco latinoamericano, la Argentina es uno de los pocos países que tiene un informe previo a la campaña. Puede saber, por ejemplo, quién financió a cada partido político, y al saber esto tiene información sobre cuán coherente es el discurso del candidato.

-¿Algún ejemplo?

-Sí, por supuesto. Hace muchos años, en Francia, se supo que el partido verde, el ecologismo, tenía como principal financista a un laboratorio químico que había sido condenado en Europa por contaminar el río Rin. Mi pregunta: ¿los electores del partido verde habrían votado a ese partido si hubieran podido conocer a tiempo ese dato?

-¿Puede confiar el ciudadano común en la información que se le ofrece sobre el financiamiento de los partidos?

-No. Obviamente que no. Hay que hacer tareas de auditoria y de control y cruzar la información. Lo importante en la Argentina, el gran paso que dimos adelante, es poder contar con alguna información previa. Aun cuando esto sea un dibujo, nos viene bien saberlo antes. Porque, por ejemplo, cuando el presidente Kirchner dijo en la campaña de 2003 que había aportado sólo tres pesos, dejó muy a las claras cuál era su estilo político. Fue una burla descarada.

-¿Cómo reaccionó la ciudadanía frente a eso?

-No reaccionó, pero tampoco los medios denunciaron con énfasis ese hecho escandaloso. Y en cuanto a la Justicia, que es la que tiene que habilitar esos informes, recién en 2006 la jueza Servini de Cubría consignó que no había habido ninguna sanción para el Frente para la Victoria por no haber presentado los informes correspondientes de los gastos de campaña.

-¿Por qué le sirve al votante saber qué empresas respaldan a un partido político?

-Ante todo, el ciudadano vota con más información que la que tiene normalmente. Pero le sirve también para controlar al partido que se constituye en gobierno, porque si yo sé quién financió la campaña de un partido que gana las elecciones, cuando un funcionario, durante su gestión, otorga subsidios y resuelve licitaciones yo puedo saber si la licitación fue resuelta, en aras del bien común, o si en realidad se trata de un pago de favores.

-¿Qué porcentaje destina cada partido a la campaña publicitaria?

-Los estudios que se han dictado, no en Argentina pero sí en otros países, dicen que la media es entre el 70 y el 80 % del total del presupuesto lo que se destina a gastos de publicidad.

-¿Es excesivo el dinero que los partidos políticos reciben para su campaña?

-Bueno, la democracia tiene sus costos. Y decir que los partidos políticos son muy costosos, o que el Congreso es muy costoso, es algo peligroso. Más allá de las deudas sociales y de las crisis por las que atraviese un país, es importante mantener el funcionamiento de las instituciones políticas básicas, y de los partidos políticos como actores de la representación. Por otra parte, el dinero que manejan los partidos no todo es de origen público. El dinero público en la Argentina ahora depende de la partida presupuestaria que se fija año a año. Esto supone que hoy el Congreso puede adaptar la cantidad de dinero que se va a destinar a los partidos a la realidad económica del país. Ya no es el “un peso por voto” o “un dólar por voto” sin que importe qué está pasando en el país.

-Usted advirtió que los partidos poco dicen de cierto tipo de gastos como los viajes en aviones oficiales, trabajo de empleados públicos en las campañas, cotillón electoral, comidas de militantes, etcétera…

-El tema central es lo que yo denomino el problema del Estado como donante encubierto. Acá hay dos cosas. Lo primero es que el Gobierno no puede utilizar los fondos del Estado como si fueran patrimonio del partido, y esto es lo que estamos viendo que sucede. Se vio en la última elección, y me parece que lo vamos a empezar a ver en la inminente campaña presidencial. Esto implica una mala utilización de los recursos públicos e implica también alterar un principio de equidad en la competencia, porque mientras que la ley establece límites a los gastos que puedan realizar los partidos en competencia electoral, el partido del oficialismo puede hacer gastos que después no reporta en sus balances partidarios.

-Trescientos veintidós partidos de los 546 registrados oficialmente tienen prohibido recibir dinero del Estado por orden de la justicia electoral debido a que no rindieron cuentas de los gastos de campaña. Esos partidos sancionados, ¿tienen que devolver los aportes recibidos?

-No, no tienen que devolver nada. A esos partidos en falta se les retira el derecho a percibir aportes públicos por uno o dos años, por una o dos elecciones, según el caso.

-Pero entonces, ¿todo ese dinero de los ciudadanos se da por perdido?

-No, porque cuando un partido está suspendido no recibe más dinero.

-Me refiero al dinero que ya fue utilizado por los partidos.

-El dinero que recibieron los partidos lo recibieron bien. Una cosa es recibir el dinero y otra cosa es estar suspendido. Cuando un partido está suspendido, el Ministerio del Interior no le puede entregar dinero. No hay pena de devolución en el esquema central.

-¿Debería haberla?

-En algunos países hay penas al respecto, pero en la mayoría no, y tiene sentido que sea así. ¿Por qué? Un partido no solicita dinero. El partido recibe dinero porque la ley así lo establece. La ley establece cuándo un partido tiene derecho a recibir fondos y en qué porcentaje. La ley establece eso. Ahora bien: si un partido que oficializó su candidatura retira a su candidato, sí tiene que devolver lo que recibió. La corrupción no está en que un partido reciba dinero, sino en que utilice esos recursos para devolver favores. El tema no está, insisto, en quedarse con la plata de campaña. Ahí no está la corrupción de la política.

-¿Cuál es el modo más eficaz de luchar contra la corrupción?

-Lo primero que hay que tener en cuenta es que dictar leyes no alcanza. Hay que establecer mecanismos de control, aumentar la transparencia, auditar los fondos, permitir el cruce de información. Los mecanismos de control nos permiten saber si los gobernantes van a actuar en función del bien común, o en función de la coima que reciben o que pagan quienes quieren acceder a un determinado beneficio. Esto tiene que ver con la construcción de la República y no con la curiosidad malsana de la gente que quiere saber lo que no tiene derecho a saber, o de los académicos o periodistas que quieren una caza de brujas. Los ciudadanos tenemos derecho a saber, los medios tienen el derecho y el deber de informar y los investigadores tenemos el derecho de investigar y dar a conocer las investigaciones.

Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 5 de mayo de 2007.

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