Por Joaquín Morales Solá.- ¿Los “copitos” eran locos sueltos o idiotas útiles? Tal vez esa es la pregunta fundamental que se hacen en estos días en la Justicia. La diferencia no es menor. Si fueran solo unos desquiciados sin referentes ni terminales políticas estaríamos solo ante la aparición de grupos de jóvenes antisistema, capaces de llevar su resentimiento hasta la violencia más extrema. Si, en cambio, fueran inútiles que sirvieron a algún fin político específico podríamos encontrar vínculos con grupos de ideología nazi o algún otro interés que es difícil de establecer hasta ahora en el expediente judicial. Conjeturas hay muchas, pero están faltando las pruebas que las sostengan. Sin embargo, es difícil seguir afirmando que se trató solo de una banda aislada de enajenados mentales que actuaron por sí solos. Un dato que nunca debe olvidarse es que llegaron hasta centímetros de la vicepresidenta, custodiada por un batallón de cien efectivos de la Policía Federal. ¿Cómo pudieron hacerlo con un arma en la mano? ¿Por qué no tropezaron antes con uno de los tantos círculos de seguridad que rodean a la jefa política de la coalición gobernante? Por eso, la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la investigación del atentado fallido contra Cristina Kirchner, pidieron una serie de medidas de prueba, que incluyen desde los contactos telefónicos de los imputados hasta el entrecruzamiento de llamadas telefónicas tanto por WhatsApp como por Telegram. Solo cuando lleguen esas pruebas, y otras más que podrían sumarse en los próximos días, establecerán una línea de investigación clara. “Todas las hipótesis siguen abiertas. Ninguna fue descartada”, señalaron fuentes judiciales seguras.
Antes de que eso suceda, debe señalarse que las sospechas sobre la autoría intelectual del atentado frustrado surgieron a partir del uso político que hizo el Gobierno del episodio no bien ocurrió. Es ostensible el propósito del oficialismo de mantener en el primer plano el imaginario martirio de Cristina Kirchner. De hecho, el Presidente llevó ayer al principal escenario de la política internacional, la sala de sesiones de la asamblea anual de las Naciones Unidas, el episodio que ocurrió en Juncal y Uruguay, donde deslizó que con ese hecho se rompió el compromiso de 1983 del “Nunca más” a la violencia política en el país. Nada sucedió antes de tamaña envergadura contra el sistema democrático, insinuó. Ya antes el kirchnerismo había hecho hasta un patrullaje intelectual sobre las declaraciones de la oposición. Llegaron a criticar a Patricia Bullrich porque esta no había expresado la palabra “repudio” en sus declaraciones posteriores al atentado. “Yo dije que era un hecho grave y que luego buscaron el rédito político. No me van a obligar ellos a decir la palabra que quieren que diga”, declaró Bullrich. También antes que el Presidente, voceros oficiales calificaron directamente el atentado que no fue como “el atentado más importante a la democracia”. No es cierto. Tan o más importante que ese acto lamentable de los asesinos en potencia fue el levantamiento de los militares carapintadas en la Semana Santa de 1987, que marcó para siempre el final político del gobierno de Raúl Alfonsín. O el posterior atentado al propio Alfonsín, a quien un gendarme le disparó en la cabeza, también sin que saliera la bala. Durante el propio gobierno de Alfonsín, en enero de 1988, ocurrió el copamiento al cuartel del Ejército de La Tablada, que dejó un total de 44 muertos entre guerrilleros, militares y policías. Más cerca, el 18 de enero de 2015, fue asesinado el fiscal Alberto Nisman, poco después de que hiciera una gravísima denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Kirchner, y un día antes de que expusiera las pruebas de su acusación en el Congreso. Ahora, los medios más cercanos al oficialismo hablan de “grupos terroristas” y vinculan a la política argentina (a los opositores, más precisamente) con el intento del atentado. Para ellos, solo una enorme conspiración nacional, internacional y planetaria está detrás del intento de homicidio a Cristina Kirchner. En las circunstancias actuales, ni el martirologio ni la hipérbole ni la sobreactuación (como la de Alberto Fernández ayer en la ONU) sirven para explicar nada.
Todavía la Justicia debe responder varias preguntas. La primera de ella es por qué el arma que supuestamente usó Fernando Sabag Montiel llegó a manos de la jueza sin las huellas digitales de él. ¿Por qué se borraron? ¿Quién las borró? Si bien hay pruebas de ADN en la pistola que coincide con las de Sabag Montiel, los especialistas señalan que con un poco de saliva o de transpiración se pueden plantar tales pruebas. Otra pregunta más inquietante es por qué un informático de la Policía Federal borró la memoria del celular del Sabag Montiel. Es posible hacer eso en el teléfono que usaba el eventual asesino, pero el equipo formula antes varias advertencias de que la memoria está a punto de ser aniquilada. Solo un descerebrado podría ignorar tales avisos del aparato. O el técnico que envió la Policía Federal, nada menos que para ayudar en la investigación de un intento de magnicidio, es un inepto que no merece estar un día más en la institución policial o alguien accionó el borrado de manera intencionada.
Una versión indicaba que el cargador estaba fuera de la pistola. El arma no tenía una bala en la recámara, lo que impidió el crimen, pero tenía cinco proyectiles en el cargador. Esa información es importante, porque solo un profesional podría manipular un arma sin bala en la recámara, pero con varias en el cargador, sin el riesgo de que una mala praxis terminara por cometer el homicidio. Según fuentes judiciales, la pistola llegó con el cargador corrido de su ubicación normal. Un cargador no se sale ni se corre por el solo hecho de caer al piso. Nadie sabe hasta ahora qué pasó. ¿Estuvo siempre corrido y, por lo tanto, inutilizado para ser usado como un arma? ¿O se corrió cuando fue pisoteado en el suelo? Esas respuestas son importantes para establecer si hubo realmente un intento de matar a la vicepresidenta o si fue solo un montaje instigado por alguien o algunos. Los “copitos” son una banda de marginales casi sin educación. Llamó la atención la prolija redacción de los chats que se descubrieron, sobre todo en el celular de la novia de Sabag Montiel, Brenda Uliarte. Pero, ¿fueron ellos los que los redactaron o fueron redactados con posterioridad? Existe un precedente cercano. En la “operación Puf”, que se montó para destituir al fiscal Carlos Stornelli, aparecieron chats entre el magistrado y el empresario Pedro Etchebest, partícipe de la maniobra contra el fiscal. Luego, el peritaje estableció que esos chats fueron falsos, escritos por terceros que no eran ni Stornelli ni Etchebest. Existe, por lo tanto, la manera de escribir supuestos chats que nunca existieron entre personas que no habían intercambiado mensajes.
Los dos “copitos” principales, Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte, tienen defensores oficiales. Pero sorprendió que el productor de copitos, igualmente comprometido con el operativo a cargo de aquellos dos, Nicolás Gabriel Carrizo, haya contratado al abogado Gustavo Marano. Marano no es un defensor oficial y, por lo tanto, cobra honorarios importantes. Difícil que un fabricantes de copitos para venta callejera tenga recursos para pagar un abogado propio. ¿Quién paga a ese abogado? ¿Cuánto cobra? El periodista Ricardo Benedetti difundió un tuit en el que adelantó que se estarían por conocer chats entre Brenda Uliarte y el periodista de Crónica Tomás Méndez, quien en su momento fue desplazado de C5N por promover un escrache en la casa de Patricia Bullrich. Méndez le hizo entrevistas a Uriarte en el canal donde trabaja ahora, antes del atentado. El abogado de Méndez es Franco Bindi, que fue un letrado activo en la “operación Puf”, en la maniobra fallida para desplazar al juez Sebastián Casanello de la causa del “dinero K”, vinculada a Lázaro Báez y a la obra pública, y a la empresa petrolera venezolana PDVSA, en cuyo nombre acompañó a Paraguay a un diplomático chavista considerado un miembro del espionaje venezolano.
Con todo, la designación de abogados que más sorprendió es la que hizo Cristina Kirchner. Nombró al letrado José Manuel Ubeira. Según contó en La Nación el periodista Damián Nabot, Ubeira es socio del excomisario Juan José Ribelli, a quien la Justicia acusó de haber sido parte de la conexión local del atentado a la AMIA. Ribelli fue preso y luego sobreseído, pero en la cárcel se recibió de abogado. Ya en libertad, Ribelli formó parte del estudio jurídico de Ubeira. Nabot informó, además, que nada menos que Carlos Telleldín estuvo a punto de convertirse en el abogado de Brenda Uliarte. Telleldín estuvo varios años preso acusado de haber vendido la camioneta que hizo volar la AMIA. Fue Telleldín quien acusó en su momento a Ribelli de haber participado en la venta de esa camioneta. ¿Por qué abogados que estuvieron cerca de la investigación por el criminal atentado a la AMIA aparecen ahora rondando esta causa por el atentado fallido a la vicepresidenta? ¿Por qué la vicepresidenta debe recurrir a ese inframundo de los abogados para ser querellante en la causa por el intento de magnicidio? Silencio. Nadie está en condiciones de explicarlo. Por ahora.
En su discurso ante las Naciones Unidas, el Presidente dijo algo más explícito. Culpó a la “violencia fascista que se disfraza de republicanismo” de hechos de violencia como el atentado a la vicepresidenta. ¿Cómo pudo encontrar similitudes entre el fascismo y el republicanismo, si son antitéticos? ¿Cómo, si los que profesan la fe en la república son los principales críticos de los métodos fascistas? Los que señalan a la república como un sistema que debe respetarse son los opositores de Juntos por el Cambio. No son los únicos, pero son los que más énfasis ponen en defender los principios del republicanismo. ¿Aludía a ellos? No sería extraño. Ya el kirchnerismo, en sus distintas variantes, intentó instalar que el atentado fracasado estuvo instigado por el alegato del fiscal Diego Luciani. La mentira duró poco, porque después la Justicia encontró chats entre los inculpados que datan de abril pasado y que hacían referencias a un magnicidio. En abril, Luciani ni siquiera sabía qué diría cuatro meses después en su alegato final. La tercera pata de los culpables corresponde a los periodistas y a los medios independientes. Alberto Fernández los aludió de algún modo cuando ayer volvió sobre el “discurso del odio”. Oposición, Justicia y periodismo. Ellos son, al fin y al cabo, los culpables finales de lo que pasó en la casa de Cristina Kirchner. Le faltó recordar un dato histórico esencial: al menos desde la recuperación democrática, el odio no existió en la política argentina hasta que los Kirchner se hicieron con el poder. El relato político es casi siempre un adversario de la historia.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/