Las maras: el gran desafío de Mauricio Funes

La amenaza que representan las Maras al orden público y a la seguridad ciudadana. Tras la asunción del nuevo presidente en El Salvador se abren nuevas perspectivas en la búsqueda de una solución.

Por Tatiana Santori (Rafaela)

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A pocas horas de asumir, el nuevo presidente electo de El Salvador, Mauricio Funes se encuentra con un gran desafío: la amenaza que representan las Maras al orden público y a la seguridad ciudadana. Si bien muchos son los desafíos que debe enfrentar el nuevo gobierno salvadoreño tras 20 años de gobierno del partido derechista ARENA, actualmente la principal amenaza a la seguridad interna proviene de los grupos mareros. Preguntarse acerca de los orígenes, podría aproximarnos a la respuesta sobre cómo solucionar este problema social convertido en dilema político. El origen de las maras, pandillas transfronterizas caracterizadas por la utilización extrema de la violencia, se remonta a la expulsión norteamericana de jóvenes centroamericanos quienes al regresar a sus países de origen se convirtieron rápidamente en líderes, formando grandes agrupaciones que muestran en sus tatuajes el número de sus delitos. En los `90, luego de la finalización de los conflictos armados en los países de América Central, se produce una deportación casi masiva a la región de jóvenes que se encontraban en Estados Unidos en una situación ilegal, cuando sus países se iniciaban en un lento y complicado proceso de reconstrucción y democratización. Es en este marco político y socioeconómico en el que las maras inician sus acciones en varios países de la región, especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, y con mucha menos incidencia, en Nicaragua. En 1992, la policía californiana se enteró de la existencia de la Mara Salvatrucha (“salva” por salvadoreños y “trucha” en su jerga significa “piolas”, listos) porque sus miembros fueron los principales líderes del levantamiento popular (riots) que dejó en llamas buena parte del centro de Los Ángeles. Por otra parte, otros hispanos que llegaban en esos años se agruparon en la M-18, una antigua agrupación de mexicanos a la que se le sumaron jóvenes hondureños, guatemaltecos y nicaragüenses. Así entonces, ante las acciones delictivas desarrolladas así como el aumento de la violencia contra otras pandillas en ciudades norteamericanas, generó la respuesta represiva de las autoridades policiales y de inmigración norteamericanas, que rápidamente optaron por encarcelar a sus miembros y deportarlos hacia sus países de origen. Las encarcelaciones no hicieron más que aumentar el poderío de las pandillas puesto que desde allí accedieron al control de buena parte del negocio de la droga y de la inmigración ilegal. En 1996, el Congreso estadounidense aprobó una ley por la que cualquier extranjero que purgara más de un año de cárcel debía ser deportado a su país de origen. Entre el 2000 y el 2004, fueron expulsados casi 20.000 jóvenes con prontuarios criminales a sus países en Centroamérica, lo cual produjo el traslado del escenario del conflicto, desde Estados Unidos hacia América Central. A partir del 11-S y del cambio de percepción norteamericana respecto a “las nuevas amenazas”, las maras comienzan a ser un tema de la agenda de política exterior norteamericana. En 2004, el entonces jefe del Comando Sur, el General James Hill, planteó que las principales nuevas amenazas que confronta la región centroamericana son problemáticas de distinta naturaleza, como el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, las pandillas y las actividades de los movimientos sociales populistas. A partir de este reconocimiento, comienzan a implementarse diferentes estrategias para combatir la amenaza de las pandillas, fundamentalmente ligadas al fortalecimiento del aparato represivo acompañadas de marcos jurídicos “legaloides”, que permitían incluso, la actuación ilegal de los organismos de seguridad. Uno de los casos de mayor ilegalidad fue la aparición de “escuadrones de la muerte”, que ametrallaban sin aviso previo a grupos de jóvenes reunidos en la calle o locales, seleccionando aquellos que por su edad y aspecto pudieran ser mareros. No obstante, estas estrategias tuvieron magros resultados, debido a la gran capacidad de adaptación de los mareros a las nuevas condiciones, lo cual revela, además, que las estrategias represivas han fracasado en su tarea de poner fin a la amenaza de las maras. Por el contrario, el surgimiento de grupos paramilitares para combatir a las maras se convierte en una verdadera amenaza al Estado de Derecho, la democracia y la gobernabilidad.
Actualmente, tras la asunción del nuevo presidente en El Salvador, Mauricio Funes, se abren nuevas perspectivas en la búsqueda de una solución. No obstante, es preciso dejar de lado las políticas represivas para elaborar políticas públicas orientadas a combatir los problemas sociales que acechan a los jóvenes centroamericanos. Este dilema podría encontrar alguna salida con la elaboración de políticas de juventud con una mirada inclusiva, destinadas a brindar más oportunidades en el ámbito social, es decir, generar empleo, educación, salud y garantizar el acceso a una vivienda digna.

Tatiana Santori Columnista de la Revista Síntesis Mundial Miembro de la Cámara de Especialistas en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (CeCPRI) del CCIRR. tatisantori@hotmail.com

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