Por Emilio Grande (h.).- Del dicho al hecho hay largo trecho, dice un refrán popular muy conocido en nuestro país y sirve como ejemplo para comparar los discursos supuestamente progresistas del actual gobierno nacional y lo que sucede en la realidad incontrastable.
Por efecto de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, el Gobierno ya decidió un ajuste anual en las erogaciones de por lo menos 72.000 millones de pesos, según una estimación realizada por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
La contrapartida es menos dinero en los bolsillos de jubilados y pensionados, respecto de lo que habrían recibido en caso de haber seguido vigente la modalidad de cálculo de aumentos que dispuso la ley 27.426, aprobada en diciembre de 2017.
A partir de la suspensión de la fórmula (votada por el Congreso en diciembre de 2017), los porcentajes de las subas trimestrales de los haberes son decididas de manera discrecional por el Ejecutivo. El resultado es que los jubilados y pensionados del sistema que gestiona la Anses recibieron aumentos nominales que van de 18,36% a 28,86%, dependiendo del nivel de ingresos, pero de haberse aplicado la fórmula legal, el incremento habría sido de 35,94%, para todos por igual, según publicó diario La Nación.
Desde el punto de vista fiscal, las consecuencias en menores gastos se proyectan a futuro, porque las recomposiciones de los ingresos siempre se irán calculando sobre una base menor respecto de la que habría existido en caso de seguir la movilidad. Ese efecto hacia adelante se verá reflejado en los ingresos de los jubilados.
A título de ejemplo, el haber jubilatorio mínimo sería $ 19.126 con la ley de movilidad, mientras que por aplicación del decreto es de $ 18.128. Un haber mensual que al iniciarse el año era de $ 30.000, es actualmente de $ 36.722, pero sería de $ 40.786 en el supuesto de no haberse suspendido la fórmula. El ingreso previsional máximo, que era de $ 103.064 hasta febrero de este año, ahora es $121.990, mientras que sería de $140.122 por la modalidad de cálculo suspendida.
Falta todavía otorgar una recomposición en diciembre que, según la fórmula suspendida, sería de 4,48%. No se conoce qué decisión tomaría el Gobierno ni se sabe aún cuáles son los ejes de la propuesta que deberá discutirse en el Congreso respecto de una nueva forma de cálculo de los reajustes. Esa iniciativa está a cargo de una comisión mixta que integran legisladores y funcionarios del Gobierno.
La suspensión de la fórmula de 2017 sigue hasta el 31 de diciembre de este año. Ese cálculo está basado en sumar el 70% de la evolución de los precios minoristas y el 30% de la variación de los salarios formales de la economía.
En este contexto, generan mucha bronca y desazón el abismo que hay entre los pobres jubilados que cobran la mínima de unos $ 18.000 frente a las jubilaciones de privilegio de los ex presidentes, ex legisladores, ex funcionarios, ex jueces federales, por ejemplo el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni cobra $ 853.000, el ex presidente Carlos Menem $ 600.000, hay más de 800 ex jueces federales que cobran en promedio $ 430.000.
¿Dónde están ahora los que salieron a protestar hace 3 años quienes realizaron gravísimos destrozos en la plaza del Congreso Nacional? ¿Esta es la justicia social que pregona el Partido Justicialista como histórica bandera?