Según la lógica de la senadora Cristina Kirchner (la mayoría impone y la minoría acata), ella misma fue una presencia inexplicable en la política previa a su reinado. Todos sus recientes avances sobre instituciones públicas y privadas los respaldó en los “tres millones de votos” que consiguió en octubre último. Sin embargo, durante muchos años la esposa del Presidente fue senadora en nombre de muy pocos votos y en representación de Santa Cruz, uno de los distritos electorales más pequeños del país. La prensa y la política la respetaron y la incluyeron; no prevaleció nunca la matemática electoral, siempre fugaz, sino su representación institucional. El matrimonio Kirchner tiene un problema irresuelto con las palabras y los actos; por lo general, aquéllas van en una dirección y éstos en otra. Ambos expresaron discursos y conceptos de perfectos contenidos democráticos en las horas y en los días posteriores a las últimas elecciones. El conflicto que sucedió luego –y que sucede– es que sus actos parecen enemigos irreconciliables de sus propias palabras. Daniel Scioli es un vicepresidente como manda la Constitución y nadie ha hecho más que él para no estropear la relación básica y necesaria entre el Presidente y su vice. Ha cometido un pecado: no ingresó (¿no quiso o no pudo?) al cada vez más estrecho círculo de confianza del matrimonio presidencial. La agresión verbal a un vicepresidente no expone sólo un problema institucional; revela también una dosis no menor de violencia y arbitrariedad cuando esa agresión personal se comete en el recinto del Senado. El vicepresidente tiene la obligación de presidir las reuniones del Senado, pero no puede hablar. Esto es: no tiene derecho a la defensa. En tales circunstancias, la segunda figura de la República se convierte en una persona indefensa, sometida a la humillación pública. Scioli no ha hecho operaciones de prensa contra la senadora; la información pura y dura ya es suficiente para describir a Cristina Kirchner. El socialista Giustiniani fue eyectado de la comisión de Justicia, de la misma manera que los partidos minoritarios serán expulsados del Consejo de la Magistratura si triunfara el lamentable proyecto de la senadora para modificar ese organismo judicial. Si fue un error administrativo del Senado, como se pintó luego al caso Giustiniani, y si la inocencia de la senadora fuera real, nada justifica, con todo, la descontrolada diatriba de Cristina Kirchner contra el vicepresidente. Queriendo o sin querer, el kirchnerismo ha cruzado el quicio de una potencial crisis institucional de enorme magnitud.
Lo que se tiene
En ese mismo recinto de agravios y fracturas, la senadora arremetió contra la prensa, y contra La Nación en particular. Hay momentos en los que importa la claridad: una cosa es el derecho a expresarse, que lo tiene, y otra es la provocación y el autoritarismo, que también los tuvo. A veces, las palabras y los actos tienen coherencia en el actual gobierno. Y las palabras, sobre todo cuando exudan amenazas, suelen preceder a los hechos. Todo indica que el próximo empellón del oficialismo será contra la libertad de expresión. Un buen combate le aguarda entonces a la prensa. Pero el látigo de Cristina Kirchner, que le sirve para disciplinar a pobres senadores que aceptan todo y no hacen nada, le resultará inservible para someter a la prensa independiente. La prensa igual continuará con su labor, le guste o no a la senadora. ¿Scioli y la prensa han sido casos aislados, apenas excepciones de reglas democráticas respetadas? El centro del problema es que fueron sólo dos pequeñas esferas de un largo rosario. Hay una opinión casi unánime de que el Consejo de la Magistratura debía reformarse. Hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Petracchi, estaba de acuerdo con su desplazamiento, como titular también, de aquel Consejo, porque le quitaba tiempo y no podía intervenir en dos cuestiones cruciales del organismo: designar o remover jueces. También había cierto consenso en reducir su enorme estructura.
Remedo de los 90
Nadie está de acuerdo, por el contrario, con el sistema de representación elegido por el oficialismo, ni siquiera el propio Petracchi. La Constitución habla de “equilibrio” cuando se refiere a la representación y esa palabra tiene una sola acepción. Cinco miembros del oficialismo en un Consejo de 13 personas expresa desequilibrio y no otra cosa. La representación del ARI, por ejemplo, sería echada del Consejo por voluntad de Cristina Kirchner. El oficialismo no tendrá una mayoría absoluta, pero tendrá los mecanismos para frenar muchas decisiones que necesitan de los dos tercios de los miembros. Es el remedo de los años 90 y de la afición del gobierno por controlar la justicia. ¿Para qué? Nunca habrá buenas razones para eso. Pagarle al Fondo anticipadamente no requería de decretos de necesidad y urgencia, mucho menos cuando, para lograrlo, se forzó la carta orgánica del Banco Central y se dispuso de un tercio de las reservas del país. Martín Redrado, presidente del Banco Central, gambeteó con éxito una modificación de la carta orgánica. Tuvo razón: abrirla hubiera significado un grave precedente. Pero nada le resta gravedad a la decisión del Estado de conformar cuanto antes, casi atragantado, la voluntad de un líder.
La razón de la urgencia
El país está creciendo, por cuarto año consecutivo, a un ritmo asiático y amontonó reservas como para desprenderse del Fondo Monetario. ¿Cuál es, entonces, la razón de la emergencia económica que, otra vez, deja en manos del Presidente facultades propias de una monarquía absoluta? ¿Para qué el regodeo político de callar a la oposición -aún desprolija y desorientada-, por el simple motivo de no querer escucharla? Dicen los propios diputados oficialistas que la orden inapelable de amordazar a la oposición llegó directamente desde la Casa de Gobierno. Preocupa que los discursos del kirchnerismo y del no kirchnerismo anden en líneas paralelas y marchen así hacia el infinito. El Presidente suele hablar de “pluralidad” y de “consenso” (lo ha hecho en tribuna públicas en los últimos días), pero es como si tomara a desgano una pastilla obligatoria. Cumple con el médico, pero no le cree. Kirchner no tiene tiempo -dice- para dar conferencias de prensa (como lo hacen todos los presidentes democráticos del mundo), para recibir a corresponsales extranjeros o para conversar con dirigente políticos o sociales que no pertenecen a su reducido círculo. Tuvo tiempo, en cambio, para hacer de actor en una sátira, también de humillación, contra el ex presidente Fernando de la Rúa. Todos los límites han caído. Es extraño, pero era el propio Kirchner el que se ufanaba -con razón- de haber reconstruido la institución presidencial. Kirchner ha puesto ahora a la institución, a las oficinas de los presidentes y a él mismo al servicio de la comicidad televisiva. Otra institución ha salido magullada por la tosquedad de los últimos días. El conflicto político e institucional, innecesario a todas luces, no ha contagiado aún a los excelentes números de la economía. Pero la inversión se demora y condiciona el futuro del programa económico. Los dueños de las empresas de servicios públicos son maltratados por funcionarios kirchneristas. Y los empresarios privados están sometidos al caprichoso atril presidencial y a la acción sin límites de los sindicalistas que frecuentan al gobierno. Una prueba como ejemplo: a pesar de los recientes acuerdos firmados, los técnicos aeronáuticos han demorado largamente la salida de más de 70 vuelos de Aerolíneas Argentinas, entre el miércoles y el jueves, justo en las vísperas de las fiestas de fin de año. Impunidad. El líder sindical de los técnicos aeronáuticos, Ricardo Cirielli, sigue sentado en el gabinete de Kirchner. Empresas españolas de turismo (unas de las más fuertes del rubro en el mundo) han decidido postergar inversiones en la Argentina. Un extraño virus parece alojarse en las vísperas de las Navidades en el cerebro de los gobernantes argentinos, que se dedican, siempre en la misma fecha, a destruir instituciones. Eso sí: tienen un arte incomparable como para arruinar hasta el final de los mejores años.
Joaquín Morales Solá
Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 24 de diciembre de 2005.