En la Argentina se repiten los hechos de violencia por reclamos sociales. El turno fue Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, con la muerte del policía Jorge Sayago, siendo la primera víctima del gobierno de Kirchner en su propia tierra patagónica. Además 140 balas impactaron en la comisaría de esa localidad. El conflicto se originó por un corte en la ruta 43. El reclamo es justo porque en este país de las injusticias los trabajadores petroleros tienen que pagar un impuesto a las Ganancias a partir de los sueldos que superen los 1.835 pesos para los solteros y 2.235 pesos para los casados. Al año se le descuentan 640 pesos, impuesto que no pagan los legisladores provinciales y nacionales ni tampoco los jueces. ¿Será una conspiración política de sectores piqueteros y de partidos de izquierda? Bajo ningún punto de vista se puede justificar la prohibición para circular por una ruta y menos aún utilizar la violencia para reclamos sectoriales, sin olvidar las decenas de muertos que hubo utilizando este método en la Argentina en los últimos 40 años. Esta protesta duró 18 días ante la ausencia del Estado provincial y nacional, porque actúan cuando la “sangre llega al río”, por ejemplo el gobierno nacional envió 250 gendarmes para apaciguar el conflicto. A raíz de esta situación las petroleras que operan en el lugar como Repsol YPF y Vintage tienen una pérdida aproximada de 115 millones de pesos. Estas empresas ganan millones de pesos, pero de alguna manera son cómplices en no atender el reclamo de sus trabajadores para eliminar este impuesto distorsivo, que debe ser derogado por el Congreso. Como en otros lugares de la Argentina, en Las Heras –cuenta con unos 14.000 habitantes- los jóvenes no tienen futuro porque no hay posibilidades por fuera de la exploración petrolera. Por este motivo, la tasa de suicidios es importante en el lugar porque sienten una carga de culpa, según destacó la periodista Leila Guerriero. En tanto, la concejala oficialista Roxana Totino admitió que “hay responsabilidad política y gremial porque los cortes y las tomas de las plantas es común en la sociedad”, durante el programa televisivo de Nelson Castro por TN. A este hecho desgraciado de Las Heras se agrega el reclamo de los ambientalistas de Gualeguaychú para no construir las papeleras en Uruguay, el de los vecinos de Ituzaingó para que no le aumenten la tasa municipal y otros casos con distintos matices. Este rebeldía armada debe hacer reflexionar a la sociedad civil en su conjunto, especialmente a la dirigencia política y gremial porque así no se construyen instituciones ni tampoco se defienden los derechos a los tiros, tomando empresas o cortando rutas, como también la ley debe ser pareja para todos y no que algunos sectores tengan privilegios como los políticos y los jueces. Si no se resuelven estos conflictos vamos camino a la disolución nacional; ya hay un antecedente que ocurrió a fines de 2001 y no hay que olvidarlo.
Emilio Grande (h.)