La vergüenza de la causa Muriel

Se trata del editorial del programa “Sábado 100” por radio Mitre Rafaela (FM 91,9), que conduce Emilio Grande (h.). Es una vergüenza que esta causa haya prescripto porque había suficientes elementos probatorios. ¿La gente puede seguir confiando en la Justicia? ¿Qué pensará el juez Voglino ahora fiscal de la Cámara de Apelaciones?

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La Corte Suprema provincial archivó las actuaciones administrativas que había ordenado para averiguar si jueces y fiscales que intervinieron en casos de corrupción prescriptos o a punto de estarlo cometieron irregularidades. Los casos más resonantes fueron la estafa IBM-Banco de Santa Fe, el fraude a la Caja de Jubilaciones y la causa Muriel, que involucró al ex intendente, a su secretario de Hacienda José Molfino y a los empresarios Bernabé Mautino y Rodolfo Marcante. Según el máximo tribunal, los funcionarios no se desempeñaron mal sino que los expedientes eran complejos. Fue sancionado por no agilizar las causas el juez santafesino Mauricio Frois, quien investigó a los ex vicegobernadores Antonio Vanrell y Carlos Martínez. El magistrado deberá pagar unos 600 pesos. Es una tomada de pelo porque un juez –no es el único caso- dejó prescribir causas emblemáticas, no se le hace un jury de enjuiciamiento y tampoco juicio político. La causa Muriel fue revisada por el camarista local Angel Doro en la que halló demoras pero no irregularidades. ¿Cómo se origina este caso? En 1990 el juez de Instrucción Reynaldo Voglino, con el aporte del fiscal Juan Oliva, realizó dos procedimientos con resultados positivos: en la Municipalidad y en una finca de la zona rural de Bella Italia (de Norberto Barbero), lugar en el que había numerosa documentación apócrifa que tendría relación con la firma Sysic SA, a cargo de la obra de cloacas en Rafaela. Fueron detenidos Mautino (Rafaela Materiales), Clide Cueto de Morandín (Sellos Gorga), Héctor Baruchelli (confeccionista de sellos), Rubén Avendaño y Bernabel Mainero (empleados de Mautino), Molfino, Marcante y Muriel. Esta investigación judicial tuvo sus orígenes en 1987 cuando la ciudadanía se movilizó a través de las comisiones interbarrios e investigadora del Concejo Municipal. El delito investigado fue fraude en perjuicio de la administración pública y muchos de los nombrados fueron procesados. A raíz de esta situación, renunciaron los concejales opositores Juan Borio, Pablo Comtesse, Lidia Sarasín y Waldo Suárez. El gobierno provincial dispuso la intervención del Ejecutivo y del Concejo Municipal. Por sucesivas excusaciones, el fallo de primera instancia fue de la jueza de Menores Liliana Spaggiari en el 2000 y la prescripción se produjo en 2005 cuando se propiciaba la confirmación en la Cámara de Apelaciones, que condenaba a Mautino y Molfino y sobreseía a Muriel y Marcante. Es una vergüenza que esta causa haya prescripto porque había suficientes elementos probatorios. ¿La gente puede seguir confiando en la Justicia? ¿Qué pensará el juez Voglino ahora fiscal de la Cámara de Apelaciones?

Emilio Grande (h.)

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