La SIP criticó al Gobierno

Se trata del editorial del programa “Sábado100” por Mtire Rafaela (FM 91,9) que conduce Emilio Grande (h.). La nueva ley de servicios audiovisuales compromete principios constitucionales: la libertad de expresión, el federalismo y el derecho de propiedad.

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La Sociedad Interamericana de Prensa pidió al Congreso argentino que se renovará el 10 de diciembre la revisión de la ley de servicios de comunicación audiovisual y denunció una escalada de agresiones a periodistas y medios por parte del oficialismo. Al concluir su 65ª. Asamblea General en Buenos Aires, el organismo que agrupa a 1380 periódicos del continente emitió dos resoluciones referidas a la Argentina, en el contexto de duros análisis sobre la situación de la libertad de expresión en varios países. La entidad expresó su “preocupación por la virulencia registrada en las cuantiosas acciones dirigidas desde el gobierno argentino o sectores afines contra periodistas, directivos de medios y empresas editoras, que tienen como objetivo intimidar y afectar el normal desarrollo de la tarea periodística”. La SIP señaló “la intervención de teléfonos y correos electrónicos de periodistas y editores, maltrato a profesionales en conferencias de prensa; ataques físicos a locales de diarios, agencias periodísticas y domicilios particulares de directivos; la difusión de panfletos, y una costosa campaña de difamación mediante afiches y pintadas”. También mencionó el operativo de 200 inspectores de la AFIP en el diario Clarín y en domicilios de sus directivos, la denuncia de un plan oficial para intervenir la empresa de papel para diarios Papel Prensa, los bloqueos a la distribución de publicaciones por el sindicato de camioneros y el reciente decreto presidencial que “pretende alterar la relación de las empresas editoras de diarios y revistas con su cadena de distribución”. El documento afirmó que “persistió la distribución arbitraria de la publicidad oficial como un método indirecto de presión editorial”. La asamblea de la SIP expresó su preocupación por “las consecuencias negativas” que la ley de servicios de comunicación audiovisual “tendrá para la libertad, la diversidad y la sustentabilidad de los medios vigentes en el país”. La resolución de la SIP estima que la ley aprobada por el Congreso argentino “otorga fuertes discrecionalidades al gobierno de turno para la adjudicación y revocación de licencias, la imposición de sanciones, habilitando un control editorial indirecto”. Señala también que “presenta una clara discriminación contra los medios privados, al limitar su alcance y prohibirles la constitución de redes o cadenas, mientras que los medios estatales no resultan alcanzados por dichas restricciones”. Manifiesta que la ley contiene disposiciones retroactivas, “que desconocen licencias vigentes y debidamente otorgadas, vulnerando los derechos adquiridos de radiodifusores y la seguridad jurídica”. Compromete principios constitucionales: la libertad de expresión, el federalismo y el derecho de propiedad, y principios supranacionales de derechos humanos. La apelación de la SIP no se limita al Congreso; apunta a otros ámbitos como el judicial.

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