El problema de seguridad y la lucha contra las drogas en el gobierno de Obama

Para contar con una efectiva política antinarcóticos es preciso abordarla de manera integral, abandonando las miradas miopes de las diversas administraciones norteamericanas, para adoptar políticas cooperativas y multilaterales que tomen en cuenta tanto la oferta como la demanda de droga y que hagan especial énfasis en la protección de la gobernabilidad democrática en aquellos Estados donde la violencia y el narcotráfico amenaza con socavarlas.

Por Tatiana Santori (Rafaela)

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Las perspectivas analíticas respecto a la problemática de la droga y el narcotráfico han sufrido importantes modificaciones a lo largo de los últimos 20 años. A comienzos de los 80, los políticos norteamericanos consideraron a temas como el tráfico y consumo de drogas como problemáticas propias de áreas como la seguridad y la salud que solamente tenían impacto en el ámbito doméstico. Es en los 90 cuando se comienza a cambiar esta perspectiva puesto que la problemática de la droga se empieza a considerar como una nueva amenaza para la seguridad norteamericana y para el bienestar social de todo el hemisferio Occidental. A partir de allí, las políticas aplicadas desde las diferentes administraciones norteamericanas, tuvieron un enfoque coactivo a través de la utilización de recursos militares y policiales que en definitiva, tuvieron como resultado el acrecentamiento de esta amenaza así como también el aumento de los escenarios de ingobernabilidad en cada uno de los Estados. Posteriormente, los atentados del 11-S han traído un nuevo cambio de percepción. Así, gobierno de George W. Bush comienza a asociar a la cuestión del cultivo y tráfico de drogas como actividades “narcoterroristas”. Ahora bien, ¿cuáles fueron las implicancias de esta nueva percepción? La administración Bush distinguió dos espacios claramente diferenciados en América Latina, a partir de los cuales se determinaron los instrumentos que fueron aplicados para su lucha “antinarcoterrorista”. Por un lado, encontramos los países del área Andina, tales como Bolivia, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, países considerados como serias amenazas para la seguridad norteamericana. Por otro lado, encontramos los países del Cono Sur, donde el grado de amenaza para la región es menor y por ello los intrumentos políticos que fueron utilizados para combatirla eran de menor intensidad coercitiva. Estos enfoques, tuvieron la particularidad de centrar su visión en la oferta de narcóticos, sin tener en cuenta la demanda, es decir, teniendo una visión acotada del problema. Como consecuencia, las políticas aplicadas no sólo no han tenido los resultados esperados sino que han ocasionado graves problemas en los territorios donde se desarrollaron acrecentando los escenarios de ingobernabilidad que pusieron en jaque la continuidad de las instituciones formales del Estado. Actualmente, desde la nueva administración demócrata de Barack Obama en los Estados Unidos, podemos observar un nuevo cambio de perspectiva, pero que no traerá demasiadas consecuencias en la estrategia que será utilizada. Actualmente desde la administración norteamericana se comienza a dar importancia a la demanda. Declaraciones de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, demuestran el reconocimiento del actual gobierno estadounidense que el gran consumo de drogas de parte de la población de Estados Unidos es el origen del mercado de drogas y sus violentas consecuencias. Si bien este es un importante avance respecto a un cambio de perspectivas en torno a la temática, las estrategias que serán utilizadas para luchar contra las drogas siguen contando con elementos que no pueden dar una respuesta efectiva. En este sentido, Estados Unidos desea reactivar un compromiso para poner en marcha el Tratado Interamericano de Armas que reposa en el Congreso desde 1998 y que permitiría controlar el flujo de armamento generado en Estados Unidos, con el que se nutren los grupos de narcotraficantes mexicanos. Asimismo, se reforzará la presencia policial en la frontera con México para combatir las mafias narcotraficantes, se controlará el tránsito de drogas ilegales y se otorgará una ayuda de US$700 millones para el gobierno mexicano para la compra de helicópteros y otros equipos de vigilancia para aumentar el control en su lado de la frontera. Todos estas acciones se traducen en estrategias que continúan enfocadas en criterios coactivos, punitivos y unilaterales. Sin embargo, para contar con una efectiva política antinarcóticos es preciso abordarla de manera integral, esto es, abandonando las miradas miopes de las diversas administraciones norteamericanas, para adoptar políticas cooperativas y multilaterales que tomen en cuenta tanto la oferta como la demanda de droga y que hagan especial énfasis en la protección de la gobernabilidad democrática en aquellos Estados donde la violencia y el narcotráfico amenaza con socavarlas.

Tatiana Santori Columnista de la Revista Síntesis Mundial FUNIF Rosario Miembro de la Cámara de Especialistas en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (CeCPRI) del CCIRR. Tatisantori@hotmail.com

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