Obsesionado por la instalación de las fábricas de pasta celulósica en la costa uruguaya, que han despertado de su letargo a la comunidad de Gualeguaychú, Vicente Palermo, un sociólogo para quien la investigación del origen de los conflictos es el pan de cada día, afirma que hay un aspecto poco iluminado, como es el de la preparación, el preludio de la controversia entre Uruguay y la Argentina. “La cosa –dice– no empezó aquí, sino en Fray Bentos.” Explica que, ya en 1998, activistas del Frente Amplio, militantes políticos, sindicalistas y hasta una organización ambientalista del departamento uruguayo de Río Negro, al que pertenece la ciudad, se venían preocupando por el anuncio de la instalación de industrias de este tipo. “Viendo que el impacto ambiental podía ser negativo y que el gobierno uruguayo buscaba crear fuentes de trabajo por medio de las plantas –detalla–, en 2002 resolvieron sensibilizar a la población de Fray Bentos y de Gualeguaychú. Y esto es muy importante, porque por esa iniciativa Gualeguaychú comenzó a inquietarse por la instalación de las fábricas.” Palermo comenzó a estudiar sociología cuando estaban en pleno desarrollo las llamadas cátedras nacionales. Una carrera cuyo estudio ralentó mientras intervenía en actividades políticas y después tuvo que acelerar para recibirse antes de que el ministro Oscar Ivanisevich la cerrara. Para completar su formación, hizo un posgrado en la Universidad Complutense, de Madrid. “Pero -dice- lo que estaba necesitando era involucrarme en una investigación de largo aliento.” De ese impulso surgió su primer libro, “La democracia interna en los partidos políticos argentinos”, sobre las elecciones internas del peronismo y el radicalismo en 1983, y, más tarde, ya incorporado al Conicet como investigador, “Democracia interna en los partidos”, editado por el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Su texto más reciente es “La dictadura militar 1976-1983”, para la colección Historia Argentina de la editorial Paidós. -¿Cómo era el panorama en relación a las plantas papeleras, en un principio? -Hasta fines de 2004 era muy diferente del actual. Se enfrentaban ambientalistas y productores, sin distinción de países. Hoy los que se movilizan son los ambientalistas de Gualeguaychú por lo que consideran una falta de respuesta del gobierno argentino: temen ser convertidos en el pato de la boda. La situación cambió cuando, convencidos de que el gobierno argentino no los atendía, pasaron a tomar medidas de fuerza. Fueron de la protesta al bloqueo temporario de los puentes. La Asamblea Ambientalista, se constituyó a principios de 2005, y el panorama se volvió muy negativo. -¿En qué forma? -Las líneas de conflicto se refuerzan unas con las otras, en lugar de neutralizarse. Hay ahora una situación en la que predomina el ambientalismo por parte de los argentinos y una posición productora de parte de los uruguayos. Esto no sólo es falso, sino que tampoco es cierto que no haya un argentino que piense de otra forma. Aunque, en general, los que lo hacen temen decirlo, porque salir al cruce de una causa considerada nacional es muy difícil. -¿Cómo se llega a esto? -Creo que porque en determinado momento los vecinos sintieron que no eran atendidos por el gobierno nacional. Hay dos cuestiones. En primer lugar, los gobiernos se ocupan de los temas con los recursos que tienen a disposición, y con relación a las cuestiones ambientales, la Argentina no tenía ni tiene una política al respecto, y no es porque carezca de técnicos competentes, los tiene pero sin utilizarlos. Ese vacío institucional de la Argentina empobrece la capacidad de acción de las autoridades representativas. En segundo lugar, hay una tendencia optimista a no actuar preventivamente, con la esperanza de que los problemas se resuelvan solos y en el momento oportuno. Después, los problemas estallan y hay que movilizarse. -Se dice que el Uruguay no cumplió con el estatuto. -Eso es parcialmente cierto, porque el Uruguay se resistió, no a cumplir con el estatuto del río Uruguay, sino a considerarse obligado por él a que, en situación de desacuerdo, se tuviesen que implementar los casos previstos. Pero la Argentina aceptó esto. -¿Por qué no quisieron? -Uruguay no quiso porque intuyó que el peligro podía ser que se atara de pies y manos a un conflicto interminable, que terminaría en La Haya, y que finalmente se quedarían sin las fábricas. -¿No se hicieron evaluaciones ambientales? -Las empresas hicieron evaluaciones del impacto ambiental, que son de conocimiento público, y fue sobre la base de ellas que los vecinos de Gualeguaychú pensaron que era razonable pedir que se detuvieran. Esta consideración no es ni buena ni mala, no es un crimen y es perfectamente aceptable que autoridades nacionales acepten una cosa y residentes y ambientalistas decidan otra. -¿Quién impulsó a los habitantes de Gualeguaychú? -Cuando los vecinos percibieron que todo transcurría sin que lo pudieran controlar, decidieron actuar directamente. Tomaron medidas de fuerza sobre Uruguay, afectando a ciudadanos de otro país, de una comunidad que no es la nuestra, con el propósito de ganar capacidad de presión sobre el gobierno argentino. Eso polarizó la situación. Las voces uruguayas con dudas en relación a las plantas se callaron, y en las dos escenas políticas la voz más escuchada fue la de la causa: en la Argentina la causa nacional ambientalista, y en Uruguay la causa nacional productora. Lamentablemente, lo que se produjo fue que los que tenían otras posiciones serían relegados a un rincón. En esas circunstancias las autoridades políticas cometieron otro error, porque pasaron de la subrepresentación de la crisis a la hiperrepresentación. Los entrerrianos encontraron un filón político, porque es una buena oportunidad para ganar respaldo popular; otros, como las autoridades nacionales, para no quedar descolocados. -¿Es cierto que cuando las empresas exploraban el terreno, antes de aceptar la propuesta uruguaya, estuvieron analizando una oferta de Gualeguaychú con el gobernador Jorge Busti? -Sé que las empresas consideraron la posibilidad de instalarse en la Argentina. Pero es poco probable que esas negociaciones hubieran avanzado, porque Uruguay tiene una política forestal de incentivos desde fines de los años 80. Es una política muy generosa, que establece reglas de juego muy favorables para las empresas y la instalación ha tenido que ver básicamente con eso. -Se sabe que en Entre Ríos también hay una política de forestación muy importante, pensando en la instalación de las papeleras. -Sí, hay políticas forestales en Entre Ríos, pero no son tan amplias como las uruguayas desde el gobierno de Jorge Batlle. Ahora, el gobierno del Frente Amplio la está revisando, acomodando, porque tampoco la puede revertir. De cualquier manera, Botnia y ENCE están forestando desde hace años, porque las fábricas se localizan, por razones de costo, cerca de donde está el insumo principal, que son precisamente los árboles. Uruguay estableció incentivos muy jugosos para la forestación, pero dejó al mercado las opciones para la segunda fase. ¿Qué hacer? ¿Producir madera para muebles o para pasta celulósica? Esas son decisiones que vienen después, pero eran empresas que habían comprado mucha tierra y venían forestando, era bastante lógico que fueran a dedicarse a la producción de pasta de celulosa. -¿Y esto cómo sigue, hay alguna forma de solución? -Hay perspectivas positivas y negativas. Creo que hay que evitar el caer en nuevas trampas, como en las que hemos caído, donde hay un nacionalismo ambiental de un lado y un nacionalismo productor del otro. Una cuestión principal es que sean escuchadas las voces que tienen posiciones intermedias. Hay cosas que no hay que hacer: la Argentina no tiene que insistir en las evaluaciones del impacto ambiental, porque ni la Argentina ni el Uruguay tienen que llevar a una vía judicial la resolución de esta controversia. Negociar es algo muy diferente a decir que, como no nos ponemos de acuerdo, lo llevamos a un tribunal del Mercosur o de La Haya. -¿Por qué no? -Porque esas evaluaciones ya están hechas y lo que hay que hacer es tomarles la palabra a las empresas, para garantizar ese compromiso y crear con el Uruguay fuertes instancias institucionales de seguimiento y control. No es fácil ese seguimiento, los esfuerzos tienen que ser concentrados allí. No ganamos nada con una evaluación de impacto ambiental, que va a ser recusada por una de las partes. Ni ganamos nada con que en este conflicto los jueces le den la razón a uno y en otra instancia judicial se la quiten, porque va ser un juego de suma cero. No le conviene a la Argentina ni al Uruguay tener un ganador o un perdedor. Tenemos que ganar los dos y para eso hay que negociar. -¿Qué pasa con las plantas de este tipo que tiene la Argentina? -La existencia de las plantas argentinas debería ser un disuasivo en cuanto a incurrir en el nacionalismo declamatorio, en el dramatismo, en la tendencia tan espectacular al nacionalismo regionalista y vecinalista. -Por lo menos, se llama la atención sobre el problema ambiental, en la Argentina. -Eso es bueno, porque se está creando una conciencia al respecto, un antes y un después, y eso hay que saludarlo. Es muy positivo que exista una preocupación vecinal preventiva. Es verdad, la Argentina tiene plantas que son contaminantes y, al mismo tiempo, una actitud exigente para las plantas de su vecino. Eso debería comprometerla a desarrollar su propia política ambiental hacia adentro, a fortalecer sus instituciones de control, mucho más de lo que lo está haciendo. Hay, además, una dimensión republicana ausente y que parece que a muy poca gente le importa, y es que los vecinalistas empleen el recurso de afectar derechos para ganar capacidad de presión. Eso, de por sí, es bastante peligroso. Se puede entender que los vecinalistas lo hagan, pero no que consigan la colaboración de los poderes públicos, porque es más grave. -Los uruguayos han dicho que a esas plantas las necesitan y no las van a parar, porque tienen responsabilidades muy fuertes en el exterior. -Es por eso que la posición argentina tendría que ser: sí a las plantas, pero controladas, tomándoles estrictamente la palabra a las empresas. Con la situación actual se cree que se gana tiempo, pero ganar tiempo, cuando no se sabe estrictamente para qué, equivale a perderlo. Si se sigue pensando en evaluaciones de impacto ambiental, en llegar a una instancia de resolución judicial, se cometen errores políticos, cuando la vía más adecuada es la negociación, que no va a dejar conforme, desde luego, a las dos partes. Es imposible una ecuación que satisfaga a ambos. -¿Hay alguien en el gobierno que no se oponga a las plantas? -He entrevistado a vecinalistas y reconocen que hay un funcionario de la Cancillería que está en la cuestión y su posición no es contraria a las plantas, es favorable al control. Pero los vecinalistas le dicen al doctor Oyuela que, aunque su posición técnicamente es perfecta, ellos tienen que tener una sola posición: ¡no a las plantas! Esto Gualeguaychú lo tiene que volver a tratar. -Un lector de La Nación dijo que la mejor manera de sensibilizar a una comunidad es haciéndole vibrar la fibra nacionalista. -Claro, la gente se siente entonces en una gesta que nunca se imaginó, y no quiere abandonarla, quiere llegar al triunfo, y en esa situación no se piensa bien en nada. Llegada esa instancia es muy difícil retroceder. Cuando me enteré de que los vecinos de Fray Bentos iban a movilizarse en apoyo a las plantas, intuí que iba a aparecer la cuestión Malvinas; al día siguiente, con una gran ironía, pusieron estos carteles: “Las Malvinas son argentinas, las plantas son uruguayas”, que demuestran que nos conocen muy bien. -¿Cómo, de golpe, se planteó todo esto? -Busti apareció dándole un aire impresionante a Gualeguaychú con este asunto. Cuando le pidió a Kirchner que lo apoyara, el Presidente le dijo que no, que eso había que frenarlo. Pero Busti ya no los pudo parar. Entonces Kirchner tuvo que recibir a los ambientalistas y Bielsa, que también estuvo con ellos, los felicitó diciendo que eran un ejemplo para emular. Esto lo hizo cuando estaban cortando los puentes. Así, la política exterior la manejan los habitantes de Gualeguaychú. -¿El Gobierno está más preocupado por las encuestas de opinión que por lo que debe hacerse? -No lo sé, pero sí sé que el Presidente se tiene que pronunciar. Por ejemplo, Charles De Gaulle dijo que había que darle la independencia a Argelia. En la Argentina fue el caso del Beagle, con Raúl Alfonsín: había que resolverlo porque el interés nacional era asegurar la paz con Chile. Me parece que hay situaciones excepcionales en las que el Presidente se tiene que pronunciar, porque es el jefe de la Nación y no puede eludir una posición cuando hay un interés nacional como es la paz con Uruguay. Tiene que decir algo al respecto. Hay quienes afirman que lo más importante para el interés nacional es que la Argentina muestre, de una vez por todas, que sabe sujetarse a la ley, y no que si tiene un problema viola la ley. -¿Los procesos industriales son todos contaminantes? -Todo proceso industrial contamina, un poco más o un poco menos; se hacen niveles de control, pero siempre contaminan. ¿Queremos un proceso industrial o no lo queremos? Si lo queremos, tratemos de controlarlo lo mejor posible. En Alemania también hay contaminación, claro que ahora menos que antes. Nuestras fábricas de pasta celulósica también, sobre todo la primera, Celulosa de Puerto Piraí, que es la más contaminante. -¿Qué puede ocurrir ahora? -Estas fábricas van a funcionar según los compromisos de las empresas, con un sistema de bióxido de cloro, no cloro puro, que es el sistema que está más extendido en el mundo. El 70% de las plantas de celulosa del mundo utiliza este sistema y, según las mediciones disponibles, los niveles de contaminación son menores a los permitidos. Midamos ahora la presencia de bioxina en el río y midámosla continuamente, para ver la diferencia cuando funcionen las plantas. Las fábricas, como todas las empresas grandes, si pueden eludir gastos lo van a hacer, de manera que hay que controlarlas siempre.
Hugo Gambini
Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 15 de abril de 2006.