La Iglesia no avala la toma de tierras

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado con el título “Del Señor es la tierra”.

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La carta, con fecha 29 de octubre de 2020, está firmada el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo de San Isidro, monseñor Oscar V. Ojea; el vicepresidente 1º y arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli; el vicepresidente 2º y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo; y el secretario general y obispo de Chascomús, monseñor Carlos H. Malfa, que a continuación se transcribe:

En estos días de extrema vulnerabilidad para el cuerpo social que
conformamos, se repite con dolorosa frecuencia la toma de tierras, un
fenómeno conocido en la Argentina desde los orígenes mismos de nuestra
historia.
En estas últimas décadas, las distintas ocupaciones de tierras
evidenciaron la precaria situación de tantas familias, que han debido procurarse un lugar para vivir. En este sentido, como cristianos nos sentimos interpelados ante toda forma de exclusión que deja a hombres y mujeres sin un techo digno.
“La pérdida de la concepción de la tierra como don de Dios para el bienestar de todos está en la raíz de toda concentración, apropiación indebida y depredación de los recursos naturales.” (Una tierra para todos, Comisión Episcopal de Pastoral Social, CEA, 2005).
Ello no obstante, nada justifica la intrusión y la violencia a costa de la
vida y los derechos de los demás. La Iglesia no avala las tomas. Son ocasión de violencia y agitación social, muchas veces incentivadas.
Mucho menos aceptable es el oportunismo de quienes se aprovechan de
la extrema necesidad de los más pobres para usarlos en función de sus propias ganancias y clientelismo político.
Asimismo, no podemos dejar de expresar también la preocupación por
cualquier resolución de estos conflictos que naturalice la violencia y ponga en riesgo la vida de las personas.
Hoy más que nunca se hace necesario un Estado presente que se haga
responsable de políticas proactivas en materia de acceso a la vivienda y al trabajo digno. En estas horas dramáticas, en que los casos se replican, confiamos en que una diligente intervención de la justicia evitaría escaladas de violencia entre las partes. Con la autoridad de su mediación se facilitaría el diálogo con las autoridades proponiendo posibles alternativas para las familias pobres que verdaderamente necesiten un lugar para vivir. Nos conmueve la cantidad de niños implicados, ellos esperan una respuesta seria y rápida de nosotros los adultos.
En el arte de la política, siempre necesario, los distintos niveles de
gobierno, nacional, provincial y municipal, deben velar por la seguridad de
todos los habitantes y trabajar con todas sus energías para desarmar las
estrategias de aquellos que sacan ventaja de esta dolorosa situación.

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