La cotidianeidad con que se maneja la política argentina tal vez ha pasado por alto un tema no menor. Según un informe publicado por The Economist, la Argentina tiene “una democracia imperfecta”. El trabajo ranquea a los países en el mundo, considerando los que están dentro del rubro democracias plenas –sólo 28 de 167 países–, o democracias imperfectas, regímenes híbridos, o regímenes autoritarios. Una consideración no menor que resulta de la investigación es la que afirma que las democracias en el mundo han detenido su avance, luego de haberse expandido notoriamente en la década del ´70 y como consecuencia del colapso del comunismo. Dentro de las democracias plenas se encuentran los países más desarrollados, con la excepción de Italia, y en este sector se incorporan dos naciones latinoamericanas, Uruguay y Costa Rica. La Argentina está dentro del grupo de naciones con democracias imperfectas, por falta de participación ciudadana y fundamentalmente por falta de cultura política. Es de destacar el retroceso en la calificación de países baluartes de la democracia, como Estados Unidos e Inglaterra. Dentro del grupo de países con regímenes híbridos se encuentran Venezuela, Rusia, Irak; y en cuanto al grupo de países con regímenes autoritarios existe un sólo país latinoamericano que es Cuba, acompañado por Pakistán, China, Corea del Norte, entre otros. El ranking se establece a través del análisis de sesenta indicadores que consideran factores esenciales en una democracia como proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, participación y cultura política y funcionamiento del gobierno, entre otros. Se debiese convenir que en una democracia plena se cumple con los derechos y las obligaciones de un ciudadano. Donde hay un derecho también hay una prohibición, de lo contrario no existe la libertad. Donde hay una ley hay un permitido y un prohibido. La democracia en la Argentina hoy no admite este concepto. Prohibir o reprimir son términos que en la actual concepción política no pueden convivir con la democracia. De esta manera el sistema político está garantizando el libertinaje de unos pocos y no la libertad del resto. Los piquetes arrasan con cualquier derecho de otro ciudadano, así sea con sus propios derechos, como ocurrió en Rosario cuando el corte producido en los accesos principales a la ciudad impedía la llegada de chapas, etcétera; que venían a dar respuesta a la demanda que ellos mismos realizaban luego de las terribles consecuencias de la tormenta que arrasó con los pocos bienes de los necesitados. En otro orden el grupo Gualeguaychú de asambleístas impide que una ruta internacional funcione, manejándose con sus propias leyes de su propio “Estado soberano”, Gualeguaychú. No hay Justicia que se anime a hacer cumplir lo que manda la Constitución. Y en este tema se ingresa en un terreno de gravedad institucional, binacional, cual es el desmadrado conflicto por la instalación de las pasteras con Uruguay. El ex vicecanciller Andrés Cisneros lo define como “un conflicto desgraciado” ya que señala que la Argentina inicialmente tuvo bastante razón, pero “por desgracia se manejaron las cosas de tal manera que nuestra razón inicial sobre el problema de fondo se fue opacando por nuestros procedimientos, y ahora estamos en medio de un berenjenal de donde nadie sabe cómo se puede salir, no ya sin daños sino con el menor daño posible”. Señala que lo que nunca deben hacer dos países amigos y vecinos cuando tienen problemas es que sus gobernantes se “envuelvan” en la bandera, porque a partir de ahí los márgenes de negociación son muy pocos, porque todo tema que se convierte en patriótico lleva a que si se cede algo en realidad se traiciona a la patria. Tanto Uruguay como la Argentina debiesen haber entendido que la diplomacia es la “cocina” de las relaciones exteriores. Es la que asiente y disiente una y mil veces, hasta encontrar las coincidencias mutuamente beneficiosas, para que luego entonces se posibiliten las cumbres presidenciales, los acuerdos presidenciales, el encuentro presidencial. En democracias serias, jamás se renuncia a la serenidad y mucho menos se debe tomar como política de Estado la visión de un grupo –como en este caso de ambientalistas– por más legítima que ésta sea. Si bien a medida que pasa el tiempo los costos van a ir empujando el límite de los beneficios, aún se está a tiempo para encontrar una solución, como la que ocurrió con la instalación de las usinas hidroeléctricas, en donde luego de explorar el camino del conflicto, los países integrantes del Mercosur optaron por sentarse y conciliar intereses. Hoy se tiene en el Mercosur un espinazo de represas hidroeléctricas que empiezan en el norte con Itaipú hasta Salto Grande con los uruguayos, y no hay conflicto a pesar del tema ambientalista. De esta manera tal vez pueda empezar a zanjarse la disyuntiva en la que pareciese queda centrado el problema, cual es ambientalistas versus industrialistas. Se debiese impulsar el Protocolo de las Pasteras del Mercosur, de esa manera se establecerían las reglas para que nadie se sienta perjudicado. La Argentina debe abandonar la larga historia en el terreno internacional, de quedarse con su razón mientras otros se quedan con sus islas, con sus ríos; dado que ganar una discusión no siempre significa resolver un problema. Esta semana la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley de Leyes, el presupuesto. En esta oportunidad, con un vicio de origen dado que la facultad que el propio Congreso se restó a sí mismo, cual es la de direccionar e indicar partidas, otorgándosela al jefe de Gabinete, hace que sólo haya guardado para sí el legislar sobre el nivel total de gastos y recursos que el país dispondrá en 2007. De esta manera las expectativas que le hizo ganar el mote de la Ley de Leyes la convierten simplemente en una ley más. Lo notorio en este presupuesto es que otra vez el Ejecutivo subestima el crecimiento real de la economía tapialando las aspiraciones en un 4% anual, que con sólo el arrastre de 2006 lo alcanzará. Como dice el diputado y economista Claudio Lozano, “por esta práctica el gobierno ya lleva acumulado 42 mil millones que asigna sin pasar por el Congreso”. La gravedad reside no sólo en el per sáltum al Congreso en la utilización del superávit, sino en que esos fondos no son utilizados para dar el combate de fondo a la inequidad social, que hoy mantiene a 15.700.000 argentinos en la pobreza. La falta de una política a largo plazo de crecimiento social a través del camino del trabajo se nota cuando el propio presupuesto contiene subsidios por 37 mil millones de pesos, aproximadamente el 38% del gasto de la Administración Nacional. Tal vez los subsidiados se emparenten con los denunciados como los “ganadores del modelo de los ´90”. Señala Lozano que “en definitiva lo que ha ocurrido es que se ha desplazado la discusión sobre el modelo de desarrollo, y es por eso que este presupuesto tiene 3 cuestiones claves: la decisión oficial de no avanzar en una reforma impositiva. Hoy el 64% de los recursos provienen de impuestos sobre el consumo. Lo otro es que este presupuesto revela el no avance en ningún tipo de reforma previsional, respetándose de esta manera a los bancos, el negocio de las AFJP. Y por último la falta de políticas universales ante el enorme universo de pobreza que asciende a 15.700.000 personas. Prefiere en cambio subsidiar a empresas de los sectores más fuertes de la economía del país”. La Argentina no escapa al mal augurio que acompaña a la juventud del Mercosur. Por cada 100 empleos nuevos, 93 son para los adultos, y sólo 7 para jóvenes. El país tiene en pobreza al 59% de su juventud. Mañana no habrá actividad productiva si se sigue marginando a quienes la deben protagonizar. Y bien se sabe que sin actividad productiva, que es decir educativa, intelectual, la Argentina, de no corregirlo, tiene un pobre horizonte.
La autora es rafaelina y es periodista.
Fuente: diario El Ciudadano, Rosario.