La defensa de la vida y la responsabilidad cívica

Declaración de arzobispo de Santa Fe, monseñor. José María Arancedo

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La defensa de la vida y el rechazo del aborto es una exigencia que compromete y determina el nivel moral de una comunidad. La vida naciente como valor que se funda en un derecho inalienable, es un límite moral y jurídico que se convierte en un principio constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. La vida naciente es una realidad objetiva que nos habla con su propio lenguaje, al que debemos saber escuchar en su dignidad única e irrepetible. Ella nos diría: mi existencia ya no depende de tu decisión o libertad, sino que necesita y espera de tu cuidado. El aborto es un signo de debilidad cultural, de retroceso moral y de claudicación política. Para el cristiano, además, esta actitud ante la vida es una expresión que compromete la identidad de su fe y hace, por lo mismo, al compromiso social y político que debe asumir por el bien y salud espiritual de la Patria. En este contexto de responsabilidad cívica al que estamos convocados, tanto ciudadanos como dirigentes políticos , quiero recordar los principios y algunas definiciones del magisterio de la Iglesia referidas al tema de la vida y a la consiguiente responsabilidad jurídica y social frente al aborto. “Los derechos inalienables deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado: pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre estos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte”. (…) “Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quién es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar, desde su misma concepción, a quién debe nacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos”. (Catecismo de la Iglesia Católica n° 2273).

Santa Fe de la Vera Cruz, 19 de octubre de 2005.

Mons. José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz.

Colaboración de Ernesto G. F. Luna

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