Hace 20 años se aprobaba la intervención al intendente Muriel

Por Emilio Grande (h.). – El 30 de marzo de 1990, el entonces juez de Instrucción de Segunda Nominación de los Tribunales de Rafaela, doctor Reynaldo Voglino (actualmente fiscal de la Cámara de Apelaciones), realizó dos procedimientos que arrojaron resultados positivos: uno en la Municipalidad y el restante en una vivienda de la zona rural de Bella Italia (propiedad de Norberto Barbero), lugar donde fue hallada numerosa documentación apócrifa que tendría relación con la firma Sysic SA, a cargo de la ejecución de la obra de cloacas en la planta urbana de la ciudad. Entre los elementos encontrados figuraban carpetas, sellos, pólizas de seguros de caución de obras públicas, fichas de empleos y estampillas fiscales que se utilizaban en bebidas alcohólicas. Como consecuencia de estos procedimientos habían quedado detenidas a disposición de la Justicia varias personas: Bernabé Mautino (titular de Rafaela Materiales SA), Clide Cueto de Morandín (propietaria de Sellos Gorga), Héctor Baruchelli (también confecciona sellos en la ciudad), Rubén Avendaño (empleado de Mautino). Esta investigación a cargo de la Justicia tuvo sus orígenes en 1987 cuando la ciudadanía se movilizó a través de las comisiones inter-barrios e investigadora del Concejo Municipal, de los cuestionamientos hechos por el diario La Opinión y del diputado provincial Luis Telesco, lo que motivó que el intendente Rodolfo Muriel presentara ante el citado Juzgado de Instrucción un pedido de investigación en relación a este tema sobre supuestos ilícitos, teniendo un paulatino progreso que desembocó con estos procedimientos realizados, los que se habían convertido en motivo de justificada conmoción de la sociedad rafaelina. También trabajó muy afanosamente el fiscal Nº 3, doctor Juan Oliva (actualmente camarista en lo Penal). El 1 de abril de ese año también fue detenido el secretario de Hacienda de la Municipalidad José Molfino y Bernabel Mainero (empleado de Mautino), y al día siguiente se hizo lo propio con Rodolfo Marcante, titular de la empresa Sycic SA (ejecutora de la obra de cloacas). El 3 de abril, el juez Voglino dispuso el arresto del intendente Muriel mediante un procedimiento que se efectuó en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad. Fue seguido por numerosas personas que se acercaron al Palacio Municipal, donde también se encontraban docentes que realizaban una movilización y sentada por un conflicto que afectaba al sector. Para evitar enfrentarse con el grueso de la concentración, Muriel y la custodia policial salieron en una camioneta municipal por la puerta lateral que da sobre el bulevar Lehmann hasta la sede del Comando Radioeléctrico de la URV, quedando en condición de detenido e incomunicado. En total había 13 personas imputadas, que también incluía a Jorge Romano y los mencionados en el delito sobre fraude en perjuicio de la administración pública. A excepción de Molfino, Marcante y Mautino, Muriel y el resto de los detenidos recuperaron la libertad provisional el 5 de abril. El 12 de abril, Voglino procesó (el juez reúne las pruebas suficientes como para considerar probable que se ha cometido un delito) a Muriel, Molfino, Mautino, Marcante, Barbero, Avendaño, el arquitecto Daniel Henzen (ex secretario de Obras Públicas y Servicios Públicos del Municipio), Morandín y Baruchelli, confirmados más tarde por la Cámara de Apelaciones. En el caso de Muriel reunía dos hechos: un pagaré (tendría la firma del Intendente) de 160 millones de australes descontado por Rafaela Materiales en el Banco Horizonte, que constituía un fraude en la administración pública, y abuso de autoridad. Quedaron en libertad por falta de mérito Romano y el arquitecto Hugo Andretich (ex secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio) y fueron sobreseídos Estela Bailetti de Mautino y Mainero.

Renunciaron 4 concejales

Legisladores (el primer proyecto data del 4 de abril a cargo de los diputados Luis Telesco, Mario Verdú y Ernesto Algaba), concejales y dirigentes pidieron la destitución de Muriel. El Concejo aprobó el lunes 30 de abril el proyecto solicitando la destitución o intervención del DEM y fue girado al gobernador Víctor Reviglio para que sea remitido a la Legislatura. El 18 de mayo de 1990 los concejales de la oposición, formada por Juan Borio (PDP), Pablo Comtesse (UCR), Lidia de Sarasín y Waldo Suárez (PJ), presentaron sus renuncias a los cargos y a sus dietas: “1º) No concurrir a partir de la fecha a las reuniones de comisiones y a las sesiones públicas del Concejo Municipal hasta tanto se resuelva la situación institucional planteada. 2º) Renunciar a la percepción de la dieta que les corresponda como concejales”, dice la declaración. En consecuencia, el Concejo se disolvió de hecho porque no tuvo más quórum para funcionar al quedar cuatro ediles: Juan Carlos Grana, Ana María Roggiani, Luis Negro (MAV) y Stella de Ezquerro Moreno (disidente del PJ). Durante la sesión extraordinaria realizada el 20 de diciembre, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto que contaba con media sanción del Senado, disponiendo la intervención al Departamento Ejecutivo Municipal y al Concejo Municipal, a la vez que dispuso la caducidad de los mandatos del intendente Rodolfo Muriel y de los concejales, facultando al Poder Ejecutivo provincial para que proceda a la designación del interventor. Reviglio designó al doctor Jorge Fernández Petroni (desempeñaba el cargo de secretario general de la Gobernación), quien asumió el cargo de interventor el 17 de enero de 1991 hasta el 10 de diciembre de ese año. El nuevo Gabinete municipal estuvo formado por el contador Néstor Leonardi, secretario de Hacienda; Fortunato Nari, secretario de Cultura; Miguel Garetto, secretario de Acción Social; el doctor Rubén Pavetti, secretario general del Municipio; el doctor Faustino Raigada, fiscal municipal; y el licenciado Juan Cozzi, secretario privado, relaciones públicas y prensa. Al concretarse la intervención, con posterioridad al 10 de diciembre se ingresó dentro del plazo menor a un año a la culminación de mandatos y en vista que en 1991 había elecciones en la Provincia no se convocó a una elección especial en Rafaela para elegir intendente y concejales. La intervención prolongó su actuación al frente de la Municipalidad hasta el 10 de diciembre de 1991, fecha en que asumieron los nuevos elegidos (Omar Perotti se impuso para intendente).

Causa prescripta

Por sucesivas excusaciones, el fallo de primera instancia fue a parar al Juzgado de Menores a cargo de la doctora Liliana Spaggiari en el 2000 y la prescripción se produjo en 2005 cuando se propiciaba la confirmación en la Cámara de Apelaciones, que condenaba a Mautino y Molfino y sobreseía a Muriel y Marcante. La Corte Suprema provincial archivó en 2007 las actuaciones administrativas que había ordenado para averiguar si jueces y fiscales que intervinieron en casos de corrupción prescriptos o a punto de estarlo cometieron irregularidades, entre ellos el citado caso rafaelino. La causa Muriel había sido revisada por el entonces camarista local Angel Doro (fallecido) en la que halló demoras pero no irregularidades. Es una vergüenza que esta causa haya prescripto porque había suficientes elementos probatorios. ¿De qué manera la gente puede seguir confiando en la Justicia? ¿Qué pensará el juez Voglino?

En defensa de los intereses vecinales

“(….) Hace 15 días decíamos en el editorial titulado «Nuestra causa es la defensa de los intereses vecinales», en ocasión de contrariar al intendente Rodolfo Muriel, quien en conferencia de prensa (por el caso del bono solidario) nos achacara que La Opinión mantenía una campaña en su contra, lo que nos llevó a afirmar que sí estamos en una campaña, pero la de siempre, en defensa de los intereses de los vecinos y de la moral de Rafaela”, concluye el editorial de este diario del 3 de abril de 1990, titulado “Antes del fallo de la Justicia, ya hay pronunciamiento del pueblo”. En ese momento el director periodístico era Emilio J. Grande. El 6 de abril de ese año, el doctor Luis Etchevehere, presidente de ADEPA y director de “El Diario” de Paraná, visitó La Opinión, expresando que “lo sucedido en Rafaela lo conoce todo el país a través de esta tribuna periodística (por este diario) que hay que cuidar (…) Debemos seguir de pie para seguir informando y opinando con independencia, porque si uno no tiene independencia económica no puede opinar tan libremente y cae en la autocensura”.

Fuentes: archivo La Opinión, 1990; editorial “La vergüenza de la causa Muriel” del programa “Sábado 100” en Mitre Rafaela (FM 91,9) 10 de marzo de 2007.