Ni la postura menos crítica hubiera imaginado que la concesión de Aguas Provinciales durante 10 años fue a todas luces un mamarracho sin precedentes en los planos políticos, jurídicos y del servicio social que representa trabajar con aguas y cloacas. La coyuntura de las últimas horas indica que se disolvió Aguas Provinciales de Santa Fe por decisión de sus accionistas en la asamblea del viernes 13 de enero último y no se realizará la transferencia de acciones de la empresa al grupo “fantasma” Alberdi. Por este motivo, el gobierno provincial se hará cargo del servicio de agua y cloacas en las 15 ciudades concesionadas. Según los accionistas, el motivo de la disolución se debe a la “pérdida del capital” y que “Aguas Provinciales cumplió con todo lo pactado con el Gobierno para lograr una transferencia de acciones”. A decir verdad, la empresa concesionaria incumplió en numerosas situaciones en contra de los intereses de los clientes, por ejemplo, la no entrega de medidores que hubiera permitido una reducción de gastos y realizar las obras de ampliación para Rafaela. Ahora el gobierno provincial tiene la responsabilidad ineludible de brindar un servicio deteriorado por un tiempo prudencial para ver que hacer, sin olvidar que en las últimas elecciones de octubre ganó la oposición. El gobierno de Obeid debe consensuar la toma de futuras decisiones y así no volver a cometer los errores de hace 10 años atrás. En los últimos años los rafaelinos fueron testigos directos del maltrato del grupo Suez y compañía, del intrascendente ENRESS -más político que de control- y de la incoherencia preocupante del gobierno provincial. En Rafaela hay dos problemas graves: a la baja presión de los últimos años se sumó en este verano que hay barrios enteros sin contar con agua para comer, lavar, higienizarse, como así también la falta de obras de infraestructura prometidas desde el año 1999 para su ejecución como son la ampliación domiciliaria de cloacas y la construcción de una nueva planta depuradora que está saturada en más de 15.000 conexiones y la antesala de contaminar. En este contexto no hay que olvidar el año 1995 en el que fue sancionada ley 11.220 en la Legislatura provincial, con la aprobación del oficialismo, entre otros legisladores el entonces senador Jorge Giorgetti. Fue promulgada por el entonces gobernador Carlos Reutemann. Eran los tiempos de las privatizaciones a nivel nacional. En los años siguientes se modificaron las normativas y empezó la época de las renegociaciones interminables entre Aguas y el Gobierno que siguieron en las gobernaciones de Obeid, Reutemann y actualmente con Obeid. Sobre lo que resuelvan con este servicio las autoridades gubernamentales está en juego el futuro de la salud sanitaria provincial y en caso de no estar a la altura de la circunstancias la oposición deberá reclamar, si es necesario, ante la Justicia o intervenir algún fiscal de oficio.
Emilio Grande (h.)