Estado necesario ¿o Estado mínimo?

Por Jorge S. Muraro (Santa Fe)

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Conviene aclarar que la expresión “Estado mínimo”, introducida por el uso en el lenguaje del pragmatismo político y económico, ha sido creada por el autor norteamericano Robert Nozick -investigador en ciencias políticas y sociales- en su libro “Anarquía, Estado y Utopía” (1975), donde se pronuncia en defensa de un “Estado mínimo” como condición de cierto “anarquismo reaccionario” practicable. Tal denominación fue luego difundida por el sociólogo francés Guy Sorman (neoliberal) para referirse al Estado circunscripto a fines sólo públicos y comunes pero sin mayores compromisos sociales exigibles. Está fuera de duda que los enunciados de la Ética Social, Política y Económica han inspirado -casi siempre- los principales procesos innovadores o renovadores de la civilización moderna, y son particularmente aceptados por aquéllos que -en su mayoría- profesan la Filosofía perenne, en tanto que aun ciertas minorías reconocen esos mismos postulados en la constitución de los gobiernos y en el ejercicio público del poder. Falsas doctrinas, que atribuían al Estado un dominio absoluto, omnímodo y arbitrario, fueron refutadas y rechazadas -con precisión y firmeza- por las ciencias morales, políticas y sociales y, con mayor énfasis, por la más sabia Filosofía del Derecho. Lo cierto es que, en cada período de la historia, el Estado nunca pudo prescindir de ciertos principios y fines sin menoscabar la legitimidad de su propia existencia, puesto que la protección a los derechos naturales -individuales y sociales- de toda persona humana (sin discriminaciones ni segregaciones) constituye la razón primera y principal de la actividad del gobernante y la condición necesaria de su legítima autoridad y justo arbitrio. En ese compendio de premisas lógicas, la noción del “Estado necesario” para poder cumplir con los fines que justifican su condición natural, de ningún modo implica circunscribir sus funciones públicas reduciéndolas a su mínima expresión, sino más bien dotarlo de estructuras aptas y suficientes para que sea capaz de actuar, intervenir y participar -conforme a su naturaleza social- a favor del interés común, estimulando y facilitando el mejor desarrollo humano, y procurando el progreso en todos los órdenes, con medios más idóneos, seguros y eficaces de los que podrían disponer las sociedades menores. Por esa misma razón, las políticas que buscan desvirtuar o desviar las incumbencias propias o roles de la actividad social del Estado, restringiéndolas a tareas únicamente preventivas, correctivas o coercitivas del comportamiento individual o colectivo, no son sino despropósitos que pretenden transformar el Estado necesario -fuerte y firme- en un “Estado mínimo” sin ningún sostén ético, ni filosófico, ni tampoco jurídico que pueda legitimar la justificación de su íntima razón de ser. Hay que tener bien en claro que el Estado jamás puede ser un mero ente recaudador de tributos fiscales, ni un organismo de ficción jurídica o política, ni menos una “realidad virtual” con la que podría practicarse cualquier ensayo o experimento con súbitas reformas y cambios imaginables, agrandando o achicando a discreción -por duodosas conveniencias- las estrictas funciones sociales que, a diferencia de la actividad privada, debe desarrollar la autoridad pública sin fines de lucro. Con todo, es obvio admitir que cada reforma emprendida con honestidad y razonabilidad para reducir los costos burocráticos del Estado y mejorar aún más la eficiencia y seguridad de sus servicios, lejos de ser una iniciativa criticable, se estima como un recurso legítimo y valioso, de gran utilidad en la modernización operativa de sus organismo, en la capacitación y en el adiestramiento de sus agentes. Pero, lo que importa en rigor es no confundir la funcionalidad instrumental del Estado con la finalidad primordial de su intrínseca misión social que de ninguna manera puede “minimizarse” con el pretexto de modernizarlo todo… desregularlo todo… o de privatizarlo todo. En numerosas conferencias académicas, la distinguida investigadora científica y directora de Maestría en Medicina Social de la Universidad Autónoma de México, Profesora Ana Cristina Laurell, ha disertado sobre las “Políticas de Seguridad Social en el proyecto neoliberal”, haciendo un interesante resumen muy ilustrativo de los últimos avances en los criterios políticos, económicos y sociales que no se ciñen a la sola reconversión macroeconómica con privatizaciones y desregulaciones, sino que se extiende a una nueva concepción de la sociedad y del Estado. La difícil cuestión de las políticas sobre contingencias emergencias sociales -según los planteos del neoliberalismo- pertenece o incumbe al ámbito de lo privado y deben resolverse por los particulares, en la familia o en el mercado comercial, exclusivamente. Aquí aparece una rebuscada redefinición de las responsabilidades del Estado, pues éste debe hacerse cargo de aquello que la actividad o la empresa privada no acepta asumir por falta de “rentabilidad”. La función pública se dedicará, entonces, a la sola atención de las cuestiones comunes o aquéllas que se caracterizan por la condición de “no rivalidad” y de “no exclusividad”. En este contexto de ideas, la medicina social (salud) y la previsión social (jubilaciones y pensiones ) comprendidas en la Seguridad Social, se estiman como bienes típicamente particulares, cuyo cuidado estarán a cargo de las organizaciones privadas. Otra de las actividades restringidas que el “mercado” le confía al Estado es el “asistencialismo social” destinado a los pobres e indigentes que no pueden resolver sus necesidades vitales en los sistemas privados. Claro es que el Estado asume tal compromiso sólo a través de programas discrecionales y selectivos para el alivio de la pobreza o para mitigar la miseria… Esto supone pensar en exclusiones sociales inevitables de tal suerte que las desgracias de la menesterosidad e indigencia se toman absolutas e irreversibles. Pese a todo, el “asistencialismo” permitirá al Estado asumir un mínimo de protección desmercantilizada, pero rigurosamente discrecional según el arbitrio de quienes lo dispensan y ejecutan… Por cierto que el gran formulador de estas políticas restrictivas de la función social del Estado, según advierte la Profesora Laurell, son los centros externos hegemónicos del crédito financiero, preconizando los “programas de ajustes” tales como: Reformas del Estado, transformaciones sociales, reconversiones económicas y desregulaciones de todos los sistemas solidarios y de todas aquellas prestaciones que podrían comprometer la responsabilidad del Estado. Como reflexión final al interrogante planteado, es preciso recuperar la supremacía del “interés público” por sobre los intereses particulares o corporativos. La superioridad de lo social es indiscutible si se tiene en claro que los fines esenciales de la sociedad y, por igual razón, los del Estado como gestor del bien común, no pueden ser otros que los conducentes a la renovación social en pos del progreso general y la realización plena de cada ser humano en particular. El predominio casi absoluto de lo privado en desmedro de los derechos e intereses sociales es una peligrosa amenaza encubierta, en gran medida por los insospechables efectos del ingente poderío o dominio hegemónico proveniente de la concentración monopólica de los recursos, del capital y las riquezas. Hay que recapacitar sobre el protagonismo de un Estado necesario, eficiente y responsable -recomienda con énfasis la Profesora Ana Cristina Laurell- para preservar la urdimbre social del daño que podría causar al “Estado mínimo” del avance del “absolutismo privado”.

El autor vive en la ciudad de Santa Fe y envió esta colaboración especialmente a www.sabado100.com.ar.

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1 thought on “Estado necesario ¿o Estado mínimo?

  1. En Nuestra América es muy importante aplicar el ¨Estado Mínimo¨ como se ha venido implementando en Venezuela desde 1999 cuando llegó nuestro comandante en Jefe Hugo Rafael Chávez Frías al poder. Pero no hemos podido avanzar más debido a que en nuestro país tenemos muy arraigada la burocracia y por ello no se ha logrado avanzar más en la consolidación del estado mi´nimo y del Socialismo del Siglo XXI.

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