Enriquecedor debate por la inseguridad en nuestra ciudad

Por Emilio Grande (h.).– Durante más de dos horas, ayer a la mañana los concejales aprobaron seis proyectos durante la sesión extraordinaria presidida por Lisandro Mársico (Germán Bottero está a cargo del Ejecutivo por licencia de Luis Castellano, pero estuvo presente en la platea), destacándose la prórroga de la emergencia en seguridad y la moratoria de impuestos municipales.
De esta manera, fue prorrogada la ordenanza 5070 sobre la emergencia en seguridad hasta el 7 de febrero de 2021, en el contexto de las últimas tres muertes: Emanuel González, Emanuel Morales y Gonzalo Glaría, lo que produjo dos marchas masivas con miles de rafaelinos en las calles de nuestra ciudad, reclamando seguridad y justicia durante el mes de enero.
En los considerandos del proyecto expresa que «los fundamentos que dieron origen a la sanción de la emergencia dispuesta en la ordenanza mencionada, persisten e incluso se han agravado durante su vigencia, no obstante los esfuerzos y despliegue llevados a cabo por el Estado local, en virtud de una sucesión de hechos que son de público conocimiento y que mantienen a la sociedad rafaelina preocupada y al Estado local ocupado en profundizar todas las medidas y herramientas que jurisdiccionalmente están a su alcance para el logro de los cometidos instituidos por la norma citada».
A decir verdad, este proyecto generó un extenso debate legislativo de casi todos los ediles, justificando Brenda Vimo que «la situación no mejoró en la Argentina, en la provincia de Santa Fe y en Rafaela».
A pedido de Leonardo Viotti, fue incorporado el artículo 2º en el que el DEM informará mensualmente al Concejo Municipal, a través de la carpeta legislativa, las erogaciones originadas en la adquisición de bienes y servicios contempladas en el cumplimiento de esta norma.
El joven radical dijo que «ayer (por anteayer) con Destéfanis estuvimos con el papá de Gonzalo Glaría (Gustavo), quien siente desesperanza porque ningún nivel gubernamental intenta para que se cambie esta situación, sumado a la droga y el narcotráfico. En la reunión que tuvimos con el jefe de Policía (Hernán Ferrero) admitió que aumentaron entre un 5 y 10% los hechos delictivos. Los vecinos están encerrados, algunos consiguieron armas y no descartan hacer justicia por mano propia», para agregar que «faltan 100 efectivos en la Policía, hay 4 móviles para patrullar la ciudad que no son suficientes, dinero para el centro de monitoreo y cámaras; hay un solo patrullero de Gendarmería y más lugar para los presos. Todavía no nos recibió el ministro de Seguridad (Marcelo Saín) porque queremos saber cuál es el plan de seguridad».
Marta Pascual mencionó que «en 2013 el 62% de los rafaelinos tenía la sensación de inseguridad, luego de 6 años faltan políticas públicas preventivas, pero la articulación con la Provincia ahora es más fluida. No se lograron los resultados esperados, se hicieron pedidos de información y no contestaron, tampoco hubo seguimiento y evaluación. No hubo coordinación en los distintos niveles provincial y municipal. Ahora Castellano se comprometió a convocar a las entidades para trabajar».
Alejandra Sagardoy sostuvo que «estamos ante una crisis flagrante de inseguridad y faltan políticas de Estado. El informe de Vimo habla de los menores con la ley penal y de la falta de articulación y monitoreo. La gente necesita soluciones porque la inseguridad es el problema más grave de Rafaela. Hay que trabajar con la Subsecretaría de la Niñez porque tenemos un grave problema con los niños».
Mársico pidió «modificar el Código Procesal Penal Juvenil provincial, sancionar el procedimiento acusatorio (tiene media sanción del Senado), bajar la imputabilidad y tengamos la información votada que no nos trajeron, ¿por qué no nos informan sobre los convenios celebrados y lo gastado en la emergencia en 2019? Hubo 2 pedidos de informes no contestados por el Jefe de Gabinete (Marcos Corach). Más policías no será la solución de fondo, pero hay la misma cantidad que hace 40 años. Necesitamos tener mejores leyes y presupuesto».
Jorge Muriel sostuvo que «falta mayor personal, necesitamos prevención, la Policía llega tarde, devolver sensación de seguridad. Hay que invertir en seguridad, reclamar a las autoridades, cambiar parte de la realidad con medidas urgentes para la coyuntura. El Municipio se hace cargo del alquiler para Gendarmería. La Policía Federal tiene un móvil y no funciona. No es bueno prorrogar la emergencia de seguridad».
Miguel Destéfanis opinó que «la gente cree que los políticos son todos iguales, ¿qué se puede hacer de acá en adelante?, las marchas fueron importantes para cambiar ésto, destaco las reuniones con legisladores. Los legisladores tienen que modificar las leyes porque hasta ahora no es posible la solución; las 3 familias (de los que murieron recientemente) no incitaron a la violencia, pero hay gente que se está armando y se pueden lamentar cosas en el futuro».
En lo personal opino que la realidad de la inseguridad es muy compleja porque operan diversas causas enumeradas y el diagnóstico muestra la falta de agentes y móviles policiales y mayor presupuesto para el departamento Castellanos. El gobernador Omar Perotti conoce esta situación y no puede hacerse el distraído con la excusa de que tienen prioridades las ciudades de Rosario y Santa Fe. Entonces hay que pasar de los discursos a los hechos, y al mismo tiempo, se necesita un mayor involucramiento de la ciudadanía…

Moratoria de impuestos

En segundo plano, fue aprobada la moratoria que entra en vigencia a partir del 2 de marzo para deudas fiscales de tasa general de inmuebles, contribución por mejoras, derecho de registro e inspección, convenios de pagos y demás tasas y derechos regulados en la normativa tributaria municipal, multas por infracciones aplicadas por los juzgados municipales de faltas Nº 1, 2 y 3 (con exclusión de las grave grado 2), así como sanciones pecuniarias previstas por incumplimiento a la ordenanza Nº 5147 (y sus equivalentes vigentes para los períodos fiscales anteriores), que se regirá por las disposiciones de la presente.
Muriel justificó diciendo que «hay muchos rafaelinos con una conducta tributaria por encima de la media provincial, en orden al 80%, pero el contexto social es complicado, hay gente que no puede con sus obligaciones, entonces hay que contribuir para que cumplan sus tributos con la quita de intereses. Hace muchos años que no hay moratoria».
Viotti propuso modificar el artículo 9 que fue aprobado, exigiendo al Ejecutivo informar a través de la carpeta legislativa, con una periodicidad mensual al Concejo la nómina de contribuyentes que se hubiesen acogido al plan, constando nombre y apellido y/o razón social, monto de la deuda original, monto a abonar con la aplicación de la moratoria y cantidad de cuotas de plan adherido. «Esta moratoria es para los que tienen escasos recursos y evitar los que quieran sacar provecho de esta situación», aclaró.
Por otro lado, se aprobaron la unidad ejecutora concesión corredor ruta provincial 70, modificación de 3 artículos de la ordenanza tributaria 2020, modificación presupuestaria ejercicio 2019 y modificación cargo transitorio CAEPAM en presupuesto 2020.

Fuente: diario Castellanos, Rafaela, 29 de enero de 2020.