Enojo de los vecinos de la localidad de Susana con su presidente comunal

A principios de año, preocupados por la realidad que viven las mujeres frente a los embarazos no programados y el riesgo de vida que generan para las mismas y para sus bebes las situaciones de especial vulnerabilidad, más de trescientos cincuenta vecinos de la localidad de Susana propusieron a la Comisión Comunal (que preside Alejandro Ambort) que se sancionara una ordenanza, para la implementación de políticas activas para la “Protección integral de la mujer embarazada y el niño por nacer en especial situación de vulnerabilidad”.
Según destacaron esos vecinos en una nota enviada, el proyecto, presentado el 7 de febrero de 2019, a través del sistema de “Sanción directa de ordenanzas” previsto en la Ley Orgánica de Comunas, contó con el respaldado que exige la citada norma, y persigue que la Comuna, en base a sus posibilidades, lleve a cabo políticas públicas, mediante la articulación fructífera con instituciones estatales (de nivel provincial y/o nacional) y sociales, para la protección integral de los derechos de la mujer embarazada y del niño por nacer, a través de la implementación de medidas que eviten que las circunstancias difíciles que puedan presentarse luego del embarazo, pongan en peligro sus vidas y su salud.
La iniciativa, conforme señalan sus impulsores, reunió todos los requisitos legales (transcurrió el plazo de 10 días, desde su presentación, sin que se registraran observaciones), por lo que la Comisión Comunal obligatoriamente debe pronunciarse aceptándolo o rechazándolo.
“En el actual estado, habiendo transcurrido holgadamente el plazo de 30 días que la ley prevé para que las autoridades se expidan, varios vecinos se han mostrado muy molestos por la falta de una respuesta del presidente comunal, pues interpretan que la salud y la vida de muchas mujeres y niños dependen de lo que en definitiva se resuelva, y por ello han presentado una notas y realizado reuniones sin recibir una solución.
El enojo de los vecinos radica en el hecho de que, como en caso de no ser aceptado, el proyecto debería ser sometido a votación directa de los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral para que se expidan, por “sí” o por “no”, en elecciones ordinarias, de no adoptarse una decisión con la antelación suficiente, es decir en forma inmediata, no se podrá realizar la consulta el 16 de junio, fecha en que tendrán lugar las elecciones generales, lo que dilatará la resolución de la cuestión.

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