Por Emilio Grande (h.).- Mientras el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou viene impulsando la flexibilización del Mercosur y cumplir con la celebración de tratados bilaterales sin la necesidad de negociar en bloque, el gobierno de Alberto Fernández no se muestra muy afín a una pronta apertura.
En el encuentro virtual de presidentes por el 30 aniversario del tratado de creación del Mercosur evidenció que el diálogo entre los países miembros está cruzado por el debate acerca de los aranceles externos. Fernández rechazó los cuestionamientos de sus pares, señalando que “no queremos ser lastre para nadie. Si esa carga pesa mucho, lo más fácil es abandonar el barco”.
Uruguay busca la posibilidad de abrirse a nuevos mercados, pero se ve impedido de actuar sin la anuencia unánime de los demás socios. Brasil le da la derecha. Varios expertos sostienen que, de no atenderse el reclamo, las consecuencias podrían ser muy desventajosas para la Argentina.
Lacalle Pou intenta conseguir un acuerdo político que le permita dinamizar la economía uruguaya y fortalecer la presencia de sus productos en el mercado internacional; pero, de no conseguirlo, las posibles alternativas del país vecino podrían obligar a sincerar la situación del bloque y a enfrentar su reconfiguración.
El gran temor argentino ante esta posibilidad radica en que una renegociación del acuerdo pueda significar una pérdida de ventajas en el acceso al mercado de su principal socio comercial: Brasil, a quien en 2020 exportó US$7956 millones (14,4% del total de exportaciones), según cifras del INDEC. El comercio con el Mercosur a la Argentina le representó en 2020 el 29,4% de sus exportaciones y el 24,7% de sus importaciones, según precisó Rafael Córdoba Poó en el suplemento Comercio Exterior del diario La Nación.
El mismo problema podría presentarse de concedérsele a Uruguay permisos especiales puntuales. El antecedente sentaría las bases para solicitudes similares por parte de Brasil, lo cual podría perjudicar a industrias argentinas cuya existencia depende en buena medida del comercio con este país, como la automotriz y autopartista.
El licenciado en Relaciones Internacionales Virgilio Jiménez Grotter opinó en este programa radial que “el proceso de integración ha sido una política de Estado; desde su creación los presidentes de distintos colores políticos apostaron por la integración como un mecanismo para insertarse en el mundo. Es un esquema que apunta lo comercial y el objetivo es constituir un mercado común cosa que no se logró, siendo una unión aduanera imperfecta porque hay un montón de excepciones existentes al arancel externo común”.
En el contexto internacional actual, el Mercosur no presenta el atractivo que llevó a los mandatarios de los países integrantes a conformarlo en los años 90. A 30 años de su fundación, no tiene un código aduanero vigente, mecanismo de distribución de la renta aduanera ni libre circulación de bienes, servicios y capitales entre los países. Tampoco cuenta con un arancel externo común perfecto, dado que el 30% del arancel no coincide con el común.
A esto debe sumársele un gran número de normas que jamás entraron en vigencia y son letra muerta. El protocolo de Ouro Preto, donde se establecieron las bases fundacionales del bloque, dispone que los Estados miembros deben adoptar obligatoriamente las medidas emanadas de los órganos del Mercosur y que el incumplimiento por parte de alguno de sus integrantes debe denunciarse a través del mecanismo de solución de controversias del bloque, pero en los hechos esto no sucede. Todos los países presentan infracciones de distinto tipo. Diversos actores señalan la necesidad de adecuar el Mercosur a la realidad. ¿Será factible? El tiempo lo dirá…