El mal servicio de ASSA en Rafaela

Se trata del editorial del programa “Sábado 100” por radio Sol Rafaela FM 90,9 que conduce Emilio Grande (h.).- En el marco del foro de agua en nuestra ciudad fue ratificado el aumento del 89% en las boletas y estudian otorgar una rebaja del 40% a los usuarios por el deficiente servicio en nuestra ciudad desde hace años, pero vigente desde el 2001 y, al mismo tiempo, fue anunciado que el acueducto costará 3.100 millones de pesos y sería licitado en febrero de 2017. Hace muchos años que se padece los problemas que ocasionan la falta de agua, un elemento vital para la vida: el consumo personal, la higiene, la cocina, el lavado, el riego. A decir verdad, Rafaela creció exponencialmente en términos de población y las autoridades municipales y provinciales no estuvieron a la altura de las circunstancias: en 1980 había 54.000 habitantes y al año siguiente se inauguró el acueducto y actualmente se calcula más de 100.000, es decir que en 30 años casi se duplicó la cantidad de habitantes. Años atrás funcionó comisión multisectorial encargada de buscar soluciones de coyuntura a los problemas de agua que sufre Rafaela. La comisión estuvo formada por directivos de Aguas Santafesinas SA, del Ente Regulador de Servicios Sanitarios, funcionarios del Municipio local, integrantes del Concejo, de la Defensoría del Pueblo y de la Federación de Entidades Vecinales. Se discutió incrementar nuevos medidores domiciliarios, la aplicación de controles más severos para evitar derroches, la incorporación de más camiones cisternas para la atención de clientes sensibles, la calidad del agua que se está distribuyendo en la ciudad, el programa de obras contemplado para la construcción del acueducto y programas de concientización para incentivar el consumo responsable. ¿Hubo previsibilidad y planificación urbana respecto a los servicios esenciales como el agua o en realidad el modelo de la “ciudad isla” de los noventa hizo aguas? Pasaron gobiernos de distintos signos políticos con la empresa de Aguas que era pública, luego privatizada en la gobernación de Reutemann y ahora otra vez del Estado como sociedad anónima, pero el problema de fondo no se solucionó. ¿Qué responsabilidad le cabe al ENRESS para realizar los controles serios y no acomodaticios con la empresa? ¿Por qué no se colocaron más micro-medidores ya que se estima menos de la mitad en los hogares rafaelinos y se derrocharía menos agua y sería más justo lo que se paga por consumo y no por metros cuadrado de la casa? La solución de fondo es la construcción de nuevo acueducto que en la campaña electoral de 2015 se había iniciado la colocación de los primeros caños para la foto y se estimó en tres años de construcción con viento a favor. ¿Cuáles fueron las razones que determinaron la caída de la licitación de 2006 para construir un nuevo acueducto: políticas, económicas o de los funcionarios? ¿No puede intervenir la Justicia o la Defensoría del Pueblo?

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