Por Emilio Grande (h.).- En el feriado del 17 de agosto, que recuerda el paso a la inmortalidad del prócer General José de San Martín, fue multitudinaria la marcha a lo largo y ancho del país en contra del gobierno nacional, de la que Rafaela fue una de las decenas de localidades, siendo la más numerosa en 8 meses del actual Gobierno.
Los principales reclamos se centraron sobre la cuestionada reforma judicial, que más allá de la creación de juzgados federales penales necesarios en el interior del país, entre ellos uno en Rafaela, pero el objetivo principal es buscar la impunidad de la mentora Cristina Fernández de Kirchner.
¿Cuál era la urgencia de este proyecto en un contexto de crisis sanitaria por el coronavirus con una interminable cuarentena con más de 150 días y que viene generando graves problemas psicológicos y económicos?
El consejo consultivo de juristas que asesora al presidente Alberto Fernández está integrado, entre otros, por Carlos Alberto Beraldi, quien es el abogado de Cristina en las causas por corrupción. Por una cuestión ética, no se puede ser juez y parte.
Otro elemento no menos importante es el presupuesto que generaría en caso de que el proyecto se apruebe en el Congreso (en el Senado tiene los números, no así en Diputados): se trata de más de 2.500 millones de pesos anuales entre la creación de los juzgados, la designación de los futuros magistrados, el alquiler de edificios y gastos operativos de funcionamiento.
¿Es el momento para hacer semejante inversión millonaria cuando en la Argentina la pobreza está llegando casi al 50% de la población mientras cerraron miles de comercios que aumentaron la desocupación? En las últimas horas fue incluida una polémica cláusula que obliga a los jueces a denunciar supuestas presiones de los “poderes mediáticos”.
La soberbia presidencial de Alberto fue desafiante: “No nos van a doblegar, los que gritan suelen no tener razón”. Parece que no sabe leer la historia reciente; basta mencionar la marcha del 20 de junio pasado en contra de la expropiación de Vicentin o las interminables protestas en 2008 por el aumento de las retenciones.
Otro de los reclamos de la protesta del lunes último fue el abismo que hay entre los pobres jubilados que cobran la mínima y los ganan las jubilaciones de privilegio, por ejemplo el ex juez Zaffaroni cobra $ 853.000. A partir de setiembre, con el aumento del 7,5% los pasivos cobrarán la irrisoria suma de $ 18.129 cuando la ley movilidad suspendida establecía casi un 10%; en lo que va del año perdieron de promedio un 10% si se aplicaba los aumentos estipulados por ley de 2017 y no ahora por decreto. ¿Dónde están los que salieron a protestar hace 3 años y en no pocos casos hicieron graves destrozos en la plaza frente al Congreso?
Peligran las libertades individuales: dos ejemplos. Luego de participar en la marcha 17-A en Coronel Suárez (provincia de Buenos Aires), llamativamente unos 70 productores fueron notificados para declarar ante la fiscalía de ese municipio, supuestamente acusados de violar el aislamiento obligatorio. Al papá de Solange no pudo ingresar a la provincia de Córdoba y lo obligaron volver a Neuquén, y no se pudo despedir antes de que su hija muriera.
A decir verdad, la gente está cansada del poder político nacional, provincial y municipal, imponiéndonos qué se puede hacer, cómo actuar, a quién se puede ver, hasta dónde se puede ir. Lo más grave es que por decreto el Gobierno está dispuesto a penar las reuniones familiares y sociales. ¿Es un delito tomar mate en la vía pública en Rafaela? Peligra la democracia porque estamos viviendo un virtual “estado de sitio” cuando no hay motivos ni fundamentos valederos…